5. Segunda Especialidad
Permanent URI for this communityhttps://hdl.handle.net/20.500.12404/8339
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Item Aplicación de los criterios técnicos en el proceso de renovación de cuadros de la Policía Nacional del Perú, en el marco del Decreto Legislativo N° 1609(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-28) Ubidia Incio, Armando José; Montenegro Monteza, Favio MartínLa Policía Nacional del Perú es una Institución del Estado que tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno; prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado; prevenir, investigar y combatir la delincuencia; y, vigilar y controlar las fronteras; cuya ejecución requiere de personal policial óptimo a fin de obtener la excelencia del servicio policial. En el marco de la gestión de recursos humanos, la institución policial ejecuta anualmente el proceso de renovación de cuadros, el cual determina la conclusión de la carrera del personal policial, a efectos de mantener los cuadros del personal en función a las necesidades institucionales; sin embargo, este proceso se ha visto constantemente truncado, en razón a que, posterior a su ejecución, se revierte la decisión de la administración en la vía judicial, produciéndose la reincorporación al servicio del personal afectado. En dicho sentido, el objetivo del presente trabajo de investigación consiste en plantear la correcta aplicación de criterios específicos en la motivación de los actos administrativos de pase a retiro por causal de Renovación de Cuadros, conforme el marco legal vigente y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.Item La indebida motivación del daño potencial al ambiente incurrida por el OEFA en el cálculo de multas en los procedimientos administrativos sancionadores(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-24) Salcedo Runin, Carlos Gonzalo; Ruiz Ostoic, Lucía DelfinaEl análisis sobre la motivación del daño potencial al ambiente que realiza el OEFA al calcular las multas que impone en los procedimientos administrativos sancionadores tiene 2 componentes evidentemente fundamentales; por un lado, los conceptos ambientales, sobre todo en lo que respecta al daño al ambiente, a su vez, se hace hincapié al aspecto administrativo, en la forma en como la autoridad de fiscalización ambiental emite sus decisiones, específicamente, al sancionar con multas a los administrados. En ese contexto, el presente trabajo aborda el marco normativo vigente, la doctrina, la jurisprudencia constitucional y los pronunciamientos de otras entidades públicas en lo que respecta a la garantía de motivación de los actos administrativos. Con dicho contexto, Se procede a abordar los conceptos abordados en la doctrina nacional y comparada, y posteriormente en la norma nacional, en lo que respecta al daño ambiental, evidenciando la complejidad al momento de conceptualizar esta figura jurídica; lo cual será el preámbulo a la identificación de definiciones y diferenciación del daño ambiental, impacto ambiental y riesgo ambiental. Habiendo desarrollado esta etapa conceptual, este artículo procederá a analizar de manera específica la norma emitida por el OEFA referida al cálculo de las multas que impone esta autoridad en los procedimientos administrativos sancionadores, enfocándose en el concepto de daño potencial, lo cual será relevante cuando se proceda a cuestionar como esta entidad motiva dicha figura jurídica en diversas resoluciones emitidas por el Tribunal de Fiscalización Ambiental en el 2024, evidenciando ciertos vicios de motivación en lo que respecta a la probanza del daño potencial en el contexto del cálculo de multas. Luego de todo ello, y como cierre del presente artículo, se esbozan algunas alternativas de mejora en la motivación del daño potencial tomando como referencia fuentes jurídicas o prácticas administrativas nacionales e internacionales, que puedan dar cierta dirección a una eventual metodología de motivación del daño potencial.Item Garantía del plazo razonable y su afectación en la instrucción del procedimiento administrativo sancionador en SUNAFIL(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Barrionuevo Monzon, Yhon Cristian; Mejía Mejía, Claudia VanessaEl Procedimiento Administrativo Sancionador, es un instrumento que garantiza el ejercicio del poder sancionador del Estado, bajo principios como la legalidad, debido procedimiento entre otros. En el Perú, al igual que otros procesos, este presenta desafíos significativos, en el Debido Procedimiento, en el alcance del derecho al plazo razonable. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, al implementar su propio Procedimiento Administrativo Sancionador, enfrenta problemas dentro de este procedimiento en la etapa instructora, en la cual se han identificado demoras en la notificación de imputación de cargos, por un vacío legal, lo cual genera diversas consecuencias. Este estudio analiza si los procedimientos sancionadores de SUNAFIL cumplen con el plazo razonable, identificando las deficiencias y evaluando su impacto en el debido proceso. En esta investigación se examinaron casos concretos para identificar estos problemas. Los resultados evidencian que las prácticas actuales de SUNAFIL afectan al plazo razonable y el derecho de defensa del PAS. Se realizan sugerencias mejoras basadas en la identificación del problema central, que busca garantizar procedimientos más eficientes y justos, consolidando la confianza de los administrados en el sistema administrativo peruano.Item ¿Son las sanciones de la Contraloría General un mecanismo disuasivo eficaz? Un análisis de su potestad sancionadora y el principio de legalidad en la función pública(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Reyes Yábar, Brenda Rosali; Quispe Meza, Daniel SimónEl presente trabajo analiza la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República (CGR) del Perú y su relación con el principio de legalidad, con especial énfasis en la sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente N° 026- 2021-PI/TC). Se examina el marco constitucional y legal que sustenta las facultades de fiscalización y sanción de la CGR, resaltando su papel clave en la prevención y lucha contra la corrupción, así como en la supervisión del uso de los recursos públicos. Además, se profundiza en los subprincipios de tipicidad y taxatividad, esenciales para garantizar la seguridad jurídica y evitar discrecionalidades en la aplicación de sanciones. El análisis de la mencionada sentencia evidencia que la norma que regulaba las infracciones y sanciones, presentaba imprecisiones que vulneraban la taxatividad, generando riesgos de interpretación discrecional. En este contexto, se destaca el rol del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), que mediante acuerdos plenarios ha precisado conceptos clave como “perjuicio al Estado” y ha eliminado términos ambiguos como “grave afectación al servicio público”, buscando mayor claridad normativa. Finalmente, se proponen mejoras para el procedimiento administrativo sancionador, incluyendo la revisión y actualización de la tipificación de infracciones, el fortalecimiento de la celeridad y transparencia de los procesos y la adopción de un sistema de sanciones progresivas que equilibre la prevención con la corrección de conductas irregulares. Estas medidas buscan fortalecer el control gubernamental y asegurar que el ejercicio de la potestad sancionadora de la CGR sea eficaz y plenamente conforme al principio de legalidad.Item La prueba documental en los procedimientos administrativos sancionadores en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Espinal Orihuela, Keving Blass; Limay Chávez, RaquelEl objetivo del trabajo es analizar si en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores la prueba documental no resulta ser suficiente para acreditar un hecho limitando el derecho a la prueba. Desde un enfoque cualitativo, el estudio aplica el método de análisis de fuente documental, principalmente de la doctrina y de la jurisprudencia nacional, la misma que permite contrastar los hallazgos y resultados. En ese sentido, se concluye que la autoridad administrativa en este caso el OEFA, no viene realizando una adecuada valoración de la prueba documental no escrita, debido a que el otorgar requisitos complementarios como la georreferenciación y estar debidamente fechados, no garantizar por si mismos que la fotografía no goce de autenticidad, máxime si dicho prueba pueda ser contrastado con lo producido por la misma autoridad al momento de verificar el cumplimiento de sus obligaciones, esto definitivamente no permite que se garantice el derecho a probar con el que gozan las personas naturales y jurídicas, máxime en un tipo de procedimiento que tiene naturaleza tuitiva.Item La prohibición de la reforma peyorativa indirecta dentro del procedimiento administrativo sancionador(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Torpoco Caparo, Oscar Enrique; Sánchez Povis, Lucio AndrésEl presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de argumentos jurídicos que permitan justificar la aplicación del principio de la reforma peyorativa indirecta dentro del procedimiento administrativo sancionador. Para ello, se analizará el principio desde su raíz dentro del proceso judicial y exportación al procedimiento administrativo a través de la constitucionalización del Derecho. De esta forma, se busca resaltar la importancia de ese supuesto del principio dentro del procedimiento administrativo sancionador. Posteriormente, se discutirá el concepto de la nulidad del acto administrativo, los recursos impugnatorios y la nulidad de oficio, pues son factores que permitirán una mayor comprensión de la importancia de la prohibición de la reforma peyorativa indirecta y sus límites. Finalmente, como dotar de un mayor argumento, se utilizará los principios del derecho penal de forma análoga al procedimiento administrativo sancionador.Item La suspensión del procedimiento administrativo sancionador seguido en Ositran ante la existencia de un proceso arbitral previo(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Sara Quispe, Enmy Daniela; Chocano Davis, Christian CesarEn el marco jurídico peruano, los procedimientos administrativos sancionadores realizados por organismos reguladores, como Ositran, son esenciales para garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables a los contratos de concesión de servicios públicos. Estos procedimientos buscan asegurar que las empresas concesionarias respeten sus obligaciones y las leyes pertinentes. Uno de los aspectos más relevantes en este contexto es la posibilidad de que un procedimiento administrativo sancionador se vea afectado por la existencia de un proceso arbitral previo relacionado con los mismos hechos. La cuestión central es si el procedimiento administrativo debe suspenderse hasta que se resuelva el arbitraje. El arbitraje, como mecanismo independiente de resolución de conflictos, tiene como función dirimir las controversias entre las partes. Por otro lado, el procedimiento administrativo sancionador continúa siendo crucial para que el regulador supervise el cumplimiento de la ley y las condiciones del contrato de concesión. En este sentido, la ley y la práctica administrativa deben establecer si la existencia de un arbitraje previo justifica la suspensión del procedimiento sancionador. Este trabajo tiene como propósito analizar la incidencia de un proceso arbitral previo en la continuación o suspensión del procedimiento administrativo sancionador en el ámbito de Ositran. Se investigará cómo la legislación y las prácticas regulatorias permiten equilibrar las competencias del arbitraje y la función sancionadora del regulador, garantizando el respeto a los derechos de las partes involucradasItem El debido proceso y la potestad sancionadora en materia de contratación pública(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Puchuri Manco, Elizabeth; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEste trabajo investigará cómo la actuación del Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como órgano sancionador afecta el principio del debido proceso, tanto en su dimensión formal como sustantiva. El estudio se centrará en el análisis del debido procedimiento sancionador en las contrataciones con el Estado, tomando como eje la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), y su relación con las garantías del debido proceso. Además, se hará un análisis sobre la separación de funciones de la fase instructora y la fase sancionadora en instituciones peruanas como la SUTRAN y SERVIR. El objetivo principal será determinar si la función dual del Tribunal del OSCE, como órgano instructor y sancionador, vulnera las garantías del debido proceso establecidas en la LPAG, como el derecho de defensa, el plazo razonable y la debida motivación. Para lograrlo, se empleará un análisis jurídico doctrinal, evaluando la estructura organizacional del OSCE y cómo esta influencia en la imparcialidad y objetividad de los procedimientos sancionadores. La importancia de este trabajo radica en identificar posibles vulneraciones al debido proceso en un ámbito crucial como las contrataciones públicas, proponiendo mejoras normativas para garantizar un sistema sancionador más justo y transparente. Esto contribuirá no solo al fortalecimiento de la institucionalidad del OSCE, sino también a una mayor protección de los derechos fundamentales en el marco de los procedimientos sancionadores administrativos.Item ¿Se debe admitir la aplicación de la reforma en peor en la impugnación de actos administrativos derivados de los procedimientos administrativos de fijación de tarifas?(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Perez Montes, Ariana Sthefanny; Sánchez Povis, Lucio AndrésLa prohibición de reforma en peor tiene como propósito impedir que la Administración Pública agrave la situación inicial del administrado a consecuencia de la interposición de un recurso administrativo que este interpone. Sin embargo, los Organismos Reguladores, como Osinergmin y Ositran, han adoptado la postura de que existen procedimientos en los que no se debe aplicar esa restricción, como es el caso de los procedimientos administrativo de fijación de tarifas. La jurisprudencia administrativa ha decidido sin problemas excluir la aplicación de esa prohibición en el ámbito tarifario. Sin embargo, nos preguntamos si es que la interpretación realizada por la jurisprudencia se adecua al marco normativo de la materia y si las razones alegadas son las correctas. En atención al análisis efectuado en el presente artículo, se concluye que no se debe admitir que la prohibición de la reforma en peor se excluya del ámbito de los procedimientos administrativos de fijación de tarifas porque su aplicación no desnaturaliza la función reguladora de los Organismos Reguladores. El numeral 198.2 del TUO de la LPAG es una disposición de carácter general; por lo que, es aplicable a los procedimientos administrativos de fijación de tarifas. La tutela del interés público no se pone en riesgo cuando se impide agravar la situación inicial del administrado en la resolución que pone fin al procedimiento recursivo. En caso, que la Administración detecte una afectación al interés público tiene la facultad de declarar la nulidad de oficio, lo cual le garantiza al administrado ejercer su derecho a la defensa antes que se agote la vía administrativa.Item Propuestas de mejora en el procedimiento de reclamos de la zona urbana a fin de disminuir los recursos de apelación de las Empresas Prestadoras clasificadas como Grande 1(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Lizárraga Castro, Estefany Angélica; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEn este artículo, se presentan algunas propuestas de mejora en el procedimiento de reclamos de las zonas urbanas a fin de disminuir los recursos de apelación en las seis Empresas Prestadoras de Servicios, en adelante EPS, clasificadas como EPS Grande 1. Para ello se analizaron las fallas que tienen las EPSs en el desarrollo del procedimiento de reclamos en primera instancia y se examinó el marco legal vigente del servicio público del agua potable y desagüe en las zonas urbanas del Perú. Además, de ello se analizó el diseño jurídico del procedimiento de reclamos para identificar oportunidades de mejora. Finalmente se formularon algunas propuestas o recomendaciones para su posible implementación. El estudio reveló que las EPSs no deben ser consideradas para emitir actos administrativos en el procedimiento de reclamos en la primera instancia, es por ello por lo que se busca brindar más garantías a los usuarios en la primera etapa del procedimiento. Además, se determinó que los agentes que intervienen en este mercado deben dar incentivos a las EPSs en el trámite del procedimiento de reclamos a fin de que puedan adoptar políticas de satisfacción al usuario. En ese sentido, el gobierno central, regional y local deben trabajar de forma articulada para realizar políticas públicas orientadas a mejorar la valoración y sensibilización de la población respecto a sus derechos y deberes como usuario del servicio público de saneamiento. Este enfoque, permite que las seis zonas urbanas estudiadas puedan disminuir la densidad de reclamos en primera instancia y que la población pueda tener una mayor confianza en sus decisiones. Asimismo, con ello se busca reducir la ineficacia de gestión que tienen las EPSs que provoca un gran porcentaje de agua no facturada en las EPSs, esta consecuencia no solo afecta a la economía de las EPSs, sino que también dificulta que otras personas puedan ser abastecidas.