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Repositorio Digital de Tesis y Trabajos de Investigación PUCP
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Informe jurídico sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 00760-2024-PA/ TC: análisis del estándar de control de la motivación probatoria en el amparo contra resoluciones judiciales
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2026) Santisteban Reyna, Katherin Vanessa; Muriche Astorayme, Cesar Armando
Este informe jurídico examina la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 00760-2024-PA/TC (Amparo contra sentencia emitida por un órgano judicial por vulneración del derecho a la motivación adecuada de las resoluciones judiciales). Lo que origina la controversia es un acto legal declarado nulo mediante la Orden del 10 de mayo de 2019 emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la Cas. N.° 2187-2019 Del Santa, que debatió la doble transferencia de este bien. El demandante cuestionó que la decisión anterior no justificó por qué el tratamiento se dispuso de manera distinta respecto de determinada prueba en controversia, a saber, una impugnación documentaria y un informe pericial grafotécnico presentado ante el juzgado.
El informe busca establecer: (i) el alcance jurídico del control constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales a partir del análisis tanto de la Constitución Política del Perú como del Código Procesal Civil, además mediante el estudio de la doctrina especializada sobre la motivación judicial y la valoración de la prueba; (ii) la interpretación que han realizado tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana; (iii) si existen distintos estándares para sentencias civiles, administrativas, laborales o penales cuando se trata de rebatirlas en términos de su contenido motivacional; y (iv) criterios a partir de los cuales se puede evaluar qué tan clara debe ser la argumentación sobre el pronunciamiento respecto de alguna prueba. Asimismo, ofrece una crítica importante al estándar íntegro de control del Tribunal Constitucional en este caso en particular.
En consecuencia, sostienen que el Tribunal Constitucional, esencialmente, aplica únicamente un estándar de control formal mínimo respecto de la motivación probatoria, al deferir en el hecho de que existen fundamentos en la resolución cuestionada que demuestran que realizó un examen de su suficiencia y racionalidad. Por ello, este caso requería un análisis constitucional más exigente de la justificación esgrimida por la Corte Suprema.
Informe jurídico sobre el auto de apelación N° 434-2025
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2026) Zamora Agurto, Joseph Sebastian; Rojas Rodríguez, Héctor Fidel
El presente informe jurídico busca analizar la problemática referida a la
aplicación adecuada de la prisión preventiva por parte de los jueces. Para esto,
se enfocará en el análisis jurídico del Auto de Apelación N°. 434-2025, el cual
versa respecto a la imposición de la prisión preventiva en un caso de peligro
procesal de obstaculización. La investigación abordará la apropiada valoración
de los arraigos, facilidades de fuga y el peligro de obstaculización, así como la
proporcionalidad de la prisión preventiva en el caso específico. Para analizar los
problemas antes descritos, se hará uso de la normativa procesal nacional
específicamente el Nuevo Código Procesal Penal, así como del desarrollo
jurisprudencial que se ha realizado respecto de la prisión preventiva y los
conceptos relacionados a esta. Adicionalmente, otro aspecto relevante que el
informe abordará es el derecho a la no autoincriminación, en específico los
límites entre el ejercicio legítimo de este derecho y la comisión de un acto que
configure peligro de obstaculización. Finalmente, se concluye que, a pesar de
que la Corte realiza ciertos aciertos al valorar los peligros procesales, también
se han encontrado serios defectos en el razonamiento de la instancia respecto
al peligro de obstaculización y el test de proporcionalidad de la prisión preventiva.
Informe jurídico sobre la Casación N° 2022- 2021/LIMA
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2026) Rodriguez Soto, Leslie Verussia; Muriche Astorayme, Cesar Armando
El presente informe jurídico analiza la Casación N° 2022-2021/Lima, referida a
un proceso de variación de tenencia en el que la Corte Suprema declaró
improcedente el recurso interpuesto por la madre, al considerar que no se
precisó con claridad la infracción normativa denunciada ni su incidencia directa
en la decisión impugnada. A partir de este caso, se plantea como problema
principal en qué medida las exigencias técnicas de procedencia del recurso de
casación delimitan el control jurisdiccional frente a alegadas vulneraciones al
debido proceso y a la debida motivación en los procesos de familia. El análisis
se estructura en tres problemas secundarios: primero, si una sentencia pierde
validez en su motivación al sustentarse parcialmente en una norma inexistente;
segundo, si corresponde aplicar estándares estrictos de admisibilidad o una
interpretación flexible conforme al carácter tuitivo reconocido por el Tercer Pleno
Casatorio Civil; y tercero, el alcance del requisito de incidencia directa cuando la
variación de tenencia se sustenta principalmente en la opinión del menor sin
suficiente respaldo pericial. Se sostiene que la Corte priorizó el rigor formal sobre
el análisis sustantivo, lo cual resulta cuestionable en un ámbito donde está en
juego el interés superior del niño. Se propone una interpretación menos rígida de
los requisitos de admisibilidad, distinta de la procedencia excepcional regulada
en el Código Procesal Civil, así como el uso de técnicas idóneas, como el
Protocolo de Entrevista Única en Cámara Gesell, para garantizar la fiabilidad de
la opinión del menor dentro del proceso.
Informe jurídico sobre el recurso de apelación N.º 4-2018/Lima Sur
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2026) Cabrera Vásquez, Hermann Abel; Quispe Meza, Daniel Simón
El presente informe jurídico analiza el Recurso de Apelación N.º 4-2018/Lima
Sur, mediante el cual la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la
condena impuesta a la magistrada Verónica Mónica Velezvilla Ñañez por el
delito de cohecho pasivo específico. A partir de la referida sentencia de
segunda instancia, se ha identificado tres problemas jurídicos principales: la
supuesta incompatibilidad en la atribución del título de imputación de la
magistrada; el incumplimiento de los estándares de motivación reforzada en la
valoración de la prueba indiciaria utilizada para sustentar la condena; y, la
motivación aparente en el extremo de la determinación del monto de la
reparación civil.
El análisis se desarrolla sobre la base de la Constitución Política del Perú, el
Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, así
como de la doctrina especializada y la jurisprudencia de la Corte Suprema y del
Tribunal Constitucional sobre los delitos contra la administración pública, la
teoría de infracción del deber, el principio de la unidad del título de imputación,
la prueba indiciaria y la reparación civil.
Como resultado, se concluye que la condena impuesta a la magistrada resulta
materialmente correcta; sin embargo, la sentencia presenta deficiencias
relevantes de motivación. En consecuencia, el presente trabajo evidencia que
la legitimidad de las decisiones judiciales en materia de corrupción de
funcionarios exige no solo arribar a una conclusión jurídicamente correcta, sino
también exteriorizar una fundamentación completa, lógica y verificable.
Informe jurídico sobre la sentencia de casación N.° 662-2018/Ayacucho
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2026) Sánchez Condori, Katherin Kathiana; Quispe Meza, Daniel Simón
El presente informe analiza la Sentencia de Casación N.° 662-2018/Ayacucho,
originada por la apropiación de un equipo de sonido entregado a la
Gobernación de Ayacucho en el marco de una donación efectuada por diversas
autoridades locales. La controversia gira en torno a la posibilidad de atribuir
responsabilidad por el delito de peculado cuando el bien involucrado proviene
inicialmente de particulares y aún existen cuestionamientos sobre la forma en
que se produjo su incorporación al ámbito estatal. Asimismo, se examina si el
cargo desempeñado por el funcionario generaba obligaciones específicas
respecto del bien recibido.
Para abordar estas cuestiones, se realiza un análisis de la legislación aplicable,
la doctrina nacional especializada y la jurisprudencia pertinente de la Corte
Suprema. A partir de ello, se evalúa críticamente la fundamentación
desarrollada en la sentencia, contrastándola con la interpretación propuesta por
la doctrina y con otros criterios jurisprudenciales sobre la materia.
El análisis realizado permite sostener que la decisión adoptada por la Corte
Suprema es jurídicamente acertada. Sin embargo, se advierte que la
motivación de la sentencia pudo desarrollar con mayor precisión algunos
aspectos de la controversia, lo que habría permitido ofrecer una respuesta
interpretativa más clara frente a los problemas planteados.