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Repositorio Digital de Tesis y Trabajos de Investigación PUCP
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Informe jurídico sobre la Sentencia 310/2023 del Tribunal Constitucional. La consulta previa en el otorgamiento de concesiones mineras
(Pontificia Universidad Católica del Perú) Ochoa Flores, Álvaro Francisco; San Martín Villaverde, Diego
El presente informe jurídico analiza la controversia sobre la oportunidad de la aplicación
del derecho fundamental a la consulta previa en el sector minero peruano,
específicamente, si este es exigible durante el otorgamiento del título de concesión o en
la etapa posterior de autorización de actividades. La tesis central sostiene que, a la luz
de la normativa vigente y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la consulta previa
no es requerida para el acto inicial de concesión, sino para los actos administrativos que
autorizan la exploración o explotación.
El análisis se fundamenta, en primer lugar, en el Sistema Dominialista que rige en el
Perú, el cual establece una disociación jurídica entre la propiedad del predio superficial
y el derecho real de concesión sobre el yacimiento, definido por ley como un inmueble
distinto. En segundo lugar, se demuestra que el otorgamiento del título de concesión es
solo el primer hito de un complejo procedimiento de "permisología" y no autoriza, por sí
mismo, ninguna intervención física en el territorio.
Consecuentemente, se argumenta que el otorgamiento del título no cumple con el
estándar de "afectación directa, inmediata y significativa" que la jurisprudencia
constitucional ha establecido como detonante para la activación de la consulta. Dicha
afectación se configura, en cambio, cuando se solicita la autorización para ejecutar
actividades concretas. Finalmente, el informe deslinda la consulta previa, como derecho
fundamental, de la participación ciudadana, como derecho general, concluyendo que la
correcta aplicación de cada institución en su debida etapa garantiza tanto la protección
de los derechos de los pueblos indígenas como la seguridad jurídica.
Informe jurídico sobre la sentencia recaída en los Expedientes 0002-2024-PI/TC, 0003-2024-PI/TC y 0005-2024-PI/TC (Acumulados)
(Pontificia Universidad Católica del Perú) Hoyos Quispe, Diego Alonso; Ramírez Parco, Gabriela Asunción
El presente informe examina la constitucionalidad de la Ley 31973. En este
sentido, se desarrolla el contenido de la Constitución Ecológica y se hace énfasis
en el principio de sostenibilidad a la luz de las disposiciones analizadas.
Asimismo, se aborda el marco normativo internacional que dota de mayor
contenido y respalda el mencionado principio. En esta línea, a la luz de lo
expuesto, se analiza la relevancia constitucional que tiene el instrumento técnico
de la zonificación forestal en nuestro ordenamiento.
Tras ello, se inicia con el análisis de la modificatoria que la norma cuestionada
introduce. Para ello, se examina cuál es significado de la institucionalidad
ambiental y si su afectación puede implicar la vulneración de disposiciones
constitucionales. Luego, se estudia el alcance de la medida establecida por la
Disposiciones Complementarias Transitorias para así dilucidar si vulneran la
Constitución. En este sentido, se analiza la gravedad de la suspensión y lo que
ello significa tomando en consideración lo desarrollado anteriormente sobre la
relevancia de la zonificación forestal.
Finalmente, se analiza la constitucionalidad de la Única Disposición
Complementaria Final. Con este fin, se abordan las implicancias sistémicas que
tiene la omisión de la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.
Informe jurídico sobre la Resolución recaída en la Casación N°4574-2024 PASCO
(Pontificia Universidad Católica del Perú) Vicente Mauricio, Darleen Yessenia; Sarzo Tamayo, Víctor Renato
El presente informe analiza la validez del despido de un trabajador minero que,
durante su horario de descanso, fue encontrado con síntomas de haber ingerido
alcohol en su habitación dentro del campamento minero. La empresa consideró
que esta conducta configuraba una falta grave bajo los incisos a) y e) del artículo
25° de la LPCL; específicamente respecto a (i) la concurrencia al trabajo en
estado de embriaguez; (ii) la inobservancia al Reglamento Interno de Trabajo
que revista gravedad y (iii) el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que
suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral. Sin embargo, la Corte
Suprema concluyó que no se acreditaron dichos supuestos, así como no se
acreditó la gravedad de su accionar, dado que la ingesta de la bebida alcohólica
respondió al consumo de una bebida medicinal dentro del contexto de la Covid-
19, por lo que la Corte declaró el despido como fraudulento.
Ante ello, este informe brinda los parámetros de interpretación y aplicación que
deberían haber sido seguidos para dotar de contenido a los incisos a) y e) del
artículo 25° de la LPCL, específicamente dentro del sector minero. Todo ello, con
miras a determinar que la conducta del demandante sí debió ser considerada
como una falta grave prevista en el artículo 25.a) por el incumplimiento de sus
obligaciones de trabajo, las cuales señalaban la prohibición expresa del ingreso
al trabajo bajo la influencia del alcohol, incluso si dicho consumo no alcanzaba
el estándar de embriaguez previsto en el artículo 25.e) de la LPCL.
Informe jurídico sobre la Casación Nº48825-2022, Lima "El control del empleador sobre el contenido del correo electrónico institucional y su compatibilidad con los derechos fundamentales"
(Pontificia Universidad Católica del Perú) Murga Chavez, Norma Ruth; Galicia Vidal, Saulo
El presente Informe analiza el despido de Rocío Esther del Pilar Díaz Valdivia
por parte de su ex empleadora, Proyectos Especiales Pacífico S.A., por el uso
personal del correo electrónico institucional. La empleadora alegó que dicho
uso constituía una falta grave, configurando una ruptura de la buena fe laboral
y afectando el vínculo de confianza. No obstante, la trabajadora sostuvo que su
despido vulneró derechos fundamentales como la intimidad y la inviolabilidad
de las comunicaciones, protegidos por el artículo 2 de la Constitución Política
del Perú. El proceso judicial se centró en determinar si el empleador actuó
dentro de los límites legales y constitucionales al revisar el contenido del correo
institucional sin contar con autorización judicial y si tal contenido podía ser
utilizado válidamente como prueba para justificar una sanción.
Para el análisis del caso se emplearon diversos instrumentos normativos, entre
ellos la Constitución y la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, así
como doctrina sobre los límites del poder de dirección y fiscalización del
empleador. Del Informe se concluye que el acceso al correo institucional sin
autorización judicial vulnera derechos fundamentales y, por tanto, el despido se
declara nulo. Sin embargo, se encuentra que la exigencia de autorización
judicial para acceder al contenido del correo electrónico institucional, aunque
protege los derechos fundamentales del trabajador, plantea severas
limitaciones prácticas para el empleador. Además de encontrar que la Corte
omite exigir una regulación clara en los reglamentos internos sobre el uso de
herramientas digitales.
Informe jurídico sobre la Resolución N° 002-2024-MINAM/TSCA y su aclaratoria, la Resolución N° 013-2024-MINAM/TSCA
(Pontificia Universidad Católica del Perú) La Torre Castro, Sandra Daniela; San Martín Villaverde, Diego
El presente informe analiza el caso de la empresa LIAN S.A.C., que, tras ejecutar
su Plan de Abandono en el marco del cierre de operaciones hidrocarburíferas,
enfrenta la imposibilidad de liberar la Garantía de Seriedad de Cumplimiento
debido a la inexistencia de un procedimiento normativo claro y a un conflicto de
competencias entre el OEFA y el MINEM. Esta situación revela una deficiencia
normativa e institucional que debilita el cumplimiento del objetivo ambiental de la
garantía, diseñada para asegurar la restauración, mitigación y recuperación
ambiental al cierre de actividades extractivas.
El informe se sustenta en instrumentos como el Decreto Supremo N.° 039-2014-
EM (RPAAH), el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley
General del Ambiente, así como doctrina especializada y pronunciamientos del
Tribunal de Solución de Controversias Ambientales (TSCA).
Entre las principales conclusiones, se identifica que la falta de un procedimiento
normado afecta el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la eficacia del
instrumento ambiental. Además, la descoordinación entre el OEFA y el MINEM
compromete la institucionalidad ambiental y evidencia una falta de voluntad
estatal para resolver un problema estructural. Se propone como solución la
emisión de una norma integral que regule la verificación del cumplimiento del
Plan de Abandono para la liberación de la garantía, bajo liderazgo del MINEM y
en coordinación con el OEFA, desde un enfoque sistémico del ordenamiento
ambiental.