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Repositorio Digital de Tesis y Trabajos de Investigación PUCP
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Informe jurídico sobre la Casación Nº48825-2022, Lima "El control del empleador sobre el contenido del correo electrónico institucional y su compatibilidad con los derechos fundamentales"
(Pontificia Universidad Católica del Perú) Murga Chavez, Norma Ruth; Galicia Vidal, Saulo
El presente Informe analiza el despido de Rocío Esther del Pilar Díaz Valdivia
por parte de su ex empleadora, Proyectos Especiales Pacífico S.A., por el uso
personal del correo electrónico institucional. La empleadora alegó que dicho
uso constituía una falta grave, configurando una ruptura de la buena fe laboral
y afectando el vínculo de confianza. No obstante, la trabajadora sostuvo que su
despido vulneró derechos fundamentales como la intimidad y la inviolabilidad
de las comunicaciones, protegidos por el artículo 2 de la Constitución Política
del Perú. El proceso judicial se centró en determinar si el empleador actuó
dentro de los límites legales y constitucionales al revisar el contenido del correo
institucional sin contar con autorización judicial y si tal contenido podía ser
utilizado válidamente como prueba para justificar una sanción.
Para el análisis del caso se emplearon diversos instrumentos normativos, entre
ellos la Constitución y la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, así
como doctrina sobre los límites del poder de dirección y fiscalización del
empleador. Del Informe se concluye que el acceso al correo institucional sin
autorización judicial vulnera derechos fundamentales y, por tanto, el despido se
declara nulo. Sin embargo, se encuentra que la exigencia de autorización
judicial para acceder al contenido del correo electrónico institucional, aunque
protege los derechos fundamentales del trabajador, plantea severas
limitaciones prácticas para el empleador. Además de encontrar que la Corte
omite exigir una regulación clara en los reglamentos internos sobre el uso de
herramientas digitales.
Informe jurídico sobre la Resolución N° 002-2024-MINAM/TSCA y su aclaratoria, la Resolución N° 013-2024-MINAM/TSCA
(Pontificia Universidad Católica del Perú) La Torre Castro, Sandra Daniela; San Martín Villaverde, Diego
El presente informe analiza el caso de la empresa LIAN S.A.C., que, tras ejecutar
su Plan de Abandono en el marco del cierre de operaciones hidrocarburíferas,
enfrenta la imposibilidad de liberar la Garantía de Seriedad de Cumplimiento
debido a la inexistencia de un procedimiento normativo claro y a un conflicto de
competencias entre el OEFA y el MINEM. Esta situación revela una deficiencia
normativa e institucional que debilita el cumplimiento del objetivo ambiental de la
garantía, diseñada para asegurar la restauración, mitigación y recuperación
ambiental al cierre de actividades extractivas.
El informe se sustenta en instrumentos como el Decreto Supremo N.° 039-2014-
EM (RPAAH), el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley
General del Ambiente, así como doctrina especializada y pronunciamientos del
Tribunal de Solución de Controversias Ambientales (TSCA).
Entre las principales conclusiones, se identifica que la falta de un procedimiento
normado afecta el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la eficacia del
instrumento ambiental. Además, la descoordinación entre el OEFA y el MINEM
compromete la institucionalidad ambiental y evidencia una falta de voluntad
estatal para resolver un problema estructural. Se propone como solución la
emisión de una norma integral que regule la verificación del cumplimiento del
Plan de Abandono para la liberación de la garantía, bajo liderazgo del MINEM y
en coordinación con el OEFA, desde un enfoque sistémico del ordenamiento
ambiental.
Informe sobre la Resolución N° 0148-2024/SDC-INDECOPI : Risk Consulting S.A.C. y Risk Consulting Colombia S.A.S. contra Worldsys Perú S.A.C. y Carlos Alberto Wiesse Asenjo
(Pontificia Universidad Católica del Perú) Luna Aguilar, Fabriccio André; Solórzano Solórzano, Raúl Roy
El presente informe jurídico analiza el pronunciamiento emitido por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI en la Resolución 0148-2024/SDC-INDECOPI, perteneciente al Expediente 0011-2023/CCD, el cual versa sobre la denuncia de Risk Consulting S.A.C. y Risk Consulting Colombia S.A.S. contra Worldsys Perú S.A.C. y Carlos Alberto Wiesse Asenjo por presuntas infracciones al Decreto Legislativo 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal. Al respecto, se formularon cuatro imputaciones: (i) empleo indebido del sistema marcario, (ii) abuso de procesos legales, ambos bajo la cláusula general; (iii) denigración; y (iv) violación de secretos empresariales. A través del examen de los actuados, la doctrina y la jurisprudencia relevante se determinará si, en el caso concreto, concurren los elementos típicos de cada infracción y si la decisión administrativa resuelve correctamente los problemas jurídicos identificados. Sin perjuicio de ello, el eje central del presente informe es evaluar si la litigación predatoria, pese a que puede ser encausada competencia, debería naturaleza y efectos tanto en sede de competencia desleal como en libre ser conocida únicamente por esta última, dada la estructurales de esta conducta en el mercado. La relevancia de este trabajo radica en examinar a fondo -entre otras infracciones- uno de los casos más recientes sobre abuso de procesos legales y proponer criterios razonables para justificar una postura minoritaria en la doctrina pero que, desde nuestro punto de vista, mejora aún más la regulación de
competencia vigente.
Informe Jurídico sobre la Resolución N.°0144-2021/SBN- DGPE, respecto de la reversión parcial de predio estatal transferido a la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo por incumplimiento de la finalidad
(Pontificia Universidad Católica del Perú) Álvarez Ávila, Allinson Patricia; Villavicencio Benites, Luis Fernando
El presente informe tiene como objetivo el análisis jurídico de la Resolución N.° 0144-2021/SBN- DGPE, mediante el cual se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa MB Ingenieros S.A.C ante la resolución emitida por la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal de revertir un predio estatal otorgado a la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo. La controversia involucra la presunta desnaturalización de la finalidad del predio transferido originalmente para un complejo deportivo, que terminó destinado mayoritariamente al desarrollo comercial, a través de la construcción del centro comercial Real Plaza.
Este caso reviste especial relevancia por el conflicto entre la administración eficiente del patrimonio estatal, los principios del Derecho Administrativo y los derechos adquiridos mediante contratos de concesión. Asimismo, se examinan los deberes de supervisión de la SBN, la validez del procedimiento seguido y el respeto a los derechos y principios que rigen la administración pública, en especial la omisión de notificación a una de las partes involucradas. El análisis permite cuestionar si la medida adoptada fue proporcional al objetivo perseguido y si se resguardaron adecuadamente los principios de legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica.
Informe jurídico sobre el Recurso de Nulidad Nº350-2021/Lima Sur
(Pontificia Universidad Católica del Perú) Vera Romero, Maria Claudia; Morales Nakandakari, Pamela Midori
El presente informe analiza el Recurso de Nulidad N°350-2021/Lima Sur, mediante el
cual la Corte Suprema revoca la decisión de la Sala Penal que condenó al acusado por
lesiones graves por violencia contra la mujer, reformulándola por el delito de feminicidio
en grado de tentativa. En ese sentido, el problema principal abordado es si la resolución
de la Corte Suprema cumple con los principios de corrección, transparencia, rendición
de cuentas y eficacia del Buen Gobierno.
Para ello, se abordan tres problemas jurídicos. Primero, se analiza si los hechos
suscitados corresponden ser calificados como tentativa de feminicidio y no como
lesiones graves por violencia contra la mujer. Segundo, se desarrolla el feminicidio
tentado como una de las manifestaciones más extremas de violencia de género, así
como la obligación de los jueces y juezas de aplicar el enfoque de género para la
resolución de casos. Por último, se examina si la sentencia de la Corte Suprema
contribuye a fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y, así, al
cumplimiento de los principios del Buen Gobierno.
A partir del análisis, se concluye que la decisión de la Corte Suprema corrige
adecuadamente la tipificación del delito, realizando una debida valoración probatoria
con enfoque de género y representando un ejemplo de gobernanza judicial sustantiva.
Por tanto, el presente recurso no solo cumplirá una función reparadora, sino también
una función institucional, dejando sentado un precedente importante que refuerza los
estándares constitucionales en el tratamiento de los casos de violencia de género.