Informe jurídico sobre la Casación Nº48825-2022, Lima "El control del empleador sobre el contenido del correo electrónico institucional y su compatibilidad con los derechos fundamentales"

Abstract

El presente Informe analiza el despido de Rocío Esther del Pilar Díaz Valdivia por parte de su ex empleadora, Proyectos Especiales Pacífico S.A., por el uso personal del correo electrónico institucional. La empleadora alegó que dicho uso constituía una falta grave, configurando una ruptura de la buena fe laboral y afectando el vínculo de confianza. No obstante, la trabajadora sostuvo que su despido vulneró derechos fundamentales como la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, protegidos por el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. El proceso judicial se centró en determinar si el empleador actuó dentro de los límites legales y constitucionales al revisar el contenido del correo institucional sin contar con autorización judicial y si tal contenido podía ser utilizado válidamente como prueba para justificar una sanción. Para el análisis del caso se emplearon diversos instrumentos normativos, entre ellos la Constitución y la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, así como doctrina sobre los límites del poder de dirección y fiscalización del empleador. Del Informe se concluye que el acceso al correo institucional sin autorización judicial vulnera derechos fundamentales y, por tanto, el despido se declara nulo. Sin embargo, se encuentra que la exigencia de autorización judicial para acceder al contenido del correo electrónico institucional, aunque protege los derechos fundamentales del trabajador, plantea severas limitaciones prácticas para el empleador. Además de encontrar que la Corte omite exigir una regulación clara en los reglamentos internos sobre el uso de herramientas digitales.This legal report analyzes the dismissal of Rocío Esther del Pilar Díaz Valdivia by her former employer, Proyectos Especiales Pacífico S.A., for the personal use of the corporate email account. The employer alleged that such use constituted a serious offense, breaking the principle of good faith in labor relations and damaging the bond of trust. However, the employee argued that her dismissal violated fundamental rights such as privacy and the inviolability of communications, protected under Article 2 of the Political Constitution of Peru. The judicial process focused on determining whether the employer acted within legal and constitutional limits by reviewing the content of the institutional email without judicial authorization, and whether such content could validly be used as evidence to justify a sanction. Various legal instruments were used in the analysis of the case, including the Constitution and the Law on Labor Productivity and Competitiveness, as well as legal doctrine regarding the limits of the employer’s managerial and supervisory powers. The report concludes that accessing institutional email without judicial authorization violates fundamental rights and therefore renders the dismissal null. However, it also finds that the requirement of judicial authorization to access institutional email content, although protective of the worker’s fundamental rights, imposes severe practical limitations on the employer. Additionally, the Court failed to demand clear regulation in internal workplace policies regarding the use of digital tools.