Regulación de los Servicios Públicos
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Item Análisis de la concurrencia entre las actividades de distribución de gas natural por ductos y comercialización de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuefactado (GNL) en el interior del país y su compatibilidad con la política energética de masificación(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-03-23) Olazábal Sánchez, César; López Mareovich, ErnestoEl presente trabajo tiene como objeto analizar la existencia de un eventual problema respecto a la sostenibilidad de las concesiones de distribución de gas natural por ductos en el interior del país – como es el caso de las concesiones norte y suroeste – derivada de la concurrencia de la actividad de comercialización de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuefactado (GNL) en el segmento industrial en las áreas concesionadas. Al respecto, la política energética del país tiene como uno de sus objetivos principales lograr la masificación del gas natural en los distintos sectores de consumo y principalmente en el sector residencial, lo cual solo puede darse mediante el desarrollo de infraestructura de redes de transporte y distribución, ya que si bien la comercialización de GNC o GNL permite suplir el acceso al gas natural de consumidores que se encuentran alejados de las redes de distribución, el acceso a esta clase de suministro no resulta viable para los consumidores residenciales. En ese sentido, del análisis de las condiciones bajo las cuales se desenvuelve la concurrencia entre ambas actividades, se desprende que las concesiones de distribución del norte y suroeste, enfrentarían una estructura de costos mayor a la de los comercializadores, debido a que no se encuentran integradas a una red de transporte; lo que, aunado a determinadas restricciones regulatorias de carácter comercial establecidas a la actividad de distribución por su calidad de monopolio natural, impediría que los concesionarios puedan competir de manera efectiva con los comercializadores en el mercado disputado. Bajo este contexto, la concurrencia entre estas actividades en el interior del país bajo las condiciones indicadas podría afectar la sostenibilidad de las concesiones de distribución, ya que estas dependen en gran medida de la demanda industrial disputada por los comercializadores; lo cual en última instancia podría perjudicar el desarrollo de las redes de distribución para el acceso al suministro de este recurso en el área de la concesión, afectando con mayor impacto a los consumidores residenciales. En ese sentido, se analizaron medidas de política regulatoria que permitan limitar los eventuales efectos negativos de dicha concurrencia, concluyéndose en primer lugar que para cualquier efecto se requiere un análisis de competitividad del precio final del gas natural suministrado por el distribuidor respecto al GNC y GNL. En segundo lugar, en el caso de las concesiones del norte y suroeste, los concesionarios asumieron todos los riesgos derivados de la concurrencia de los comercializadores, por lo que la adopción de medidas restrictivas a dicha concurrencia no resulta viable en términos de eficiencia, así como por razones legales derivadas del régimen contractual. No obstante, sí se considera viable que luego de concluido el primer periodo tarifario contractual – siempre y cuando el análisis de competitividad resulte negativo – el Estado pueda otorgar subsidios a la inversión en infraestructura requerida, a fin de evitar que el concesionario limite los planes de inversión para ampliar la cobertura de la red. Finalmente, en el caso de los nuevos contratos de concesión que se celebren para la distribución de gas natural en el interior del país, dependiendo del resultado del análisis de competitividad del precio final, el Estado puede optar por establecer mecanismos contractuales de garantía de demanda mínima u otorgar subsidios directos a la inversión; como se viene haciendo, en este último caso, en el diseño del proyecto Siete Regiones.Item ¿Será posible una implementación eficiente del control de operaciones de concentración empresarial en el Perú?(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-03-12) Castellanos Sánchez, Luis Fernando; López Mareovich, ErnestoLa promoción de la competencia es uno de los elementos de política pública esenciales para alcanzar el bienestar social. Así pues, el Derecho de la Competencia se constituye en una pieza clave en todo ordenamiento legal. En el Perú, el nacimiento del Derecho de la Competencia no se origina como muchos piensan con la Constitución de 1993 y su capítulo sobre el Régimen Económico y el reconocimiento de una economía social de mercado. El primer antecedente es el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 296-90-EF, publicado el 5 de noviembre de 1990, en el que se establece que “el Estado propicia la libre competencia en la producción de bienes y servicios y la garantiza mediante la prevención y sanción de los actos que la limitan […]”1. Posteriormente, se crea el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi y se promulga un 7 de noviembre de 1991 la primera ley de competencia en el Perú: el Decreto Legislativo Nº 701, contra las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia. Esta norma, así como, la que se encuentra vigente actualmente (el Decreto Legislativo Nº 1034) regulan las acciones del Indecopi frente a prácticas que restrinjan la competencia. Debido a ello, se persiguen a los cárteles (colusiones horizontales y verticales) y se sancionan las modalidades de abuso de posición de dominio. Es decir, se realiza un control de conductas anticompetitivas (control ex post). No obstante, y hasta hace muy poco tiempo, salvo en el sector eléctrico y a diferencia de la gran mayoría de países con normativas de competencia, no existía un marco normativo que regule el control previo de operaciones de concentración económica. Por eso, las fusiones en el Perú no tienen un desarrollo práctico ni conceptual a la fecha. En el presente trabajo comenzaremos analizando el control de concentraciones empresariales desde sus orígenes para poder entender su naturaleza y cuál es el objetivo que persigue su regulación. Posteriormente, situaremos al control de operaciones de concentración empresarial como una política regulatoria. Para ello, deberemos entender el marco teórico de la regulación económica, es decir, cuándo resulta eficiente que el Estado intervenga en el mercado y cuándo es mejor que los agentes económicos actúen libremente en él. A partir de los conceptos mencionados, realizaremos una revisión de los principales argumentos a favor y en contra respecto a establecer un control de las operaciones de concentración económica en el Perú. Así pues, el lector podrá sacar sus propias conclusiones en relación con las eficiencias y “deficiencias” de esta regulación. Asimismo, creemos que el control de estructuras es un elemento que debe tomarse en cuenta de manera prioritaria en cualquier decisión de crecimiento empresarial, en los nuevos emprendimientos de inversiones o simplemente, en una diversificación industrial. Por lo tanto, esta política se encuentra estrechamente vinculada con el bienestar social y económico de cualquier país. Ahí radica la importancia del estudio respecto al impacto de su implementación y efectos en el mercado. Finalmente, una vez superado el debate respecto a si debemos o no controlar las operaciones de concentración empresarial, elaboraremos una serie de recomendaciones y propondremos medidas jurídico-regulatorias que apunten a una implementación eficiente de un control previo de actividades de concentración económica que se ajuste a la realidad peruana.Item Factores que impulsan la inversión en telecomunicaciones en el Perú: desempeño interno, calidad regulatoria y contexto macroeconómico(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-16) Castillo Luna, Anna Victoria; López Mareovich, ErnestoLa finalidad de la presente investigación es averiguar los factores que determinan la inversión en el sector de telecomunicaciones peruano; para tal fin, la metodología consiste de dos partes: la primera en la que se desarrollan modelos de regresión con datos de panel para una muestra de 15 empresas durante el periodo 1998-2014; y, la segunda, que consiste de encuestas de percepción a expertos respecto del entorno regulatorio para la inversión en el sector, aplicando la metodología “Measuring Effectiveness of Telecom Regulation Using Perception Surveys” (ERTI), de LIRNEasia. El principal resultado del análisis econométrico, en general, es que las variables intrínsecas de las empresas, así como variables que reflejan las características del país, son principales determinantes del monto que se invierte en el sector telecomunicaciones. De forma particular, para el caso de las empresas móviles, la intervención regulatoria directa a través de los cargos de interconexión sería también un factor determinante; y, para el caso de las empresas de redes fijas, el grado de concentración en el mercado sería un factor que influye en sus inversiones. Adicionalmente, si la empresa es predominantemente móvil o pertenece al grupo Telefónica, invertirá más que las que no lo son. Los resultados de aplicar la Metodología ERTI sugieren que el entorno regulatorio se encuentra en el umbral entre eficaz e ineficaz para promover la inversión en telecomunicaciones. Los expertos consideran que las políticas de interconexión habrían constituido un aspecto positivo en cuanto a las decisiones de inversión; sin embargo, la dimensión que sería menos adecuada para la inversión, es la referida a la reglamentación de calidad de los servicios.Item Impacto de las decisiones políticas en la autonomía y gestión de los organismos reguladores de servicios públicos, caso Osinergmin.(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-03-12) Farje Palma, Isaías Manuel; López Mareovich, ErnestoDurante los años noventa, tuvo lugar en nuestro país un proceso de concesiones y privatizaciones de los servicios públicos, telefonía y energía en principio, y luego el de transportes; el servicio de agua y alcantarillado o saneamiento básico se conservó a cargo del Estado de manera general, con alguna excepción en manos del sector privado. Este proceso de otorgamiento de la explotación comercial al sector privado, generó la necesidad de implementar mecanismos que lo controle y supervise, de manera de lograr niveles de calidad y protección de los usuarios frente al impacto en la sociedad de estos nuevos monopolios legales; tarea a cargo de los Organismos Reguladores. La presente tesis identifica que este proceso no quedó solo en la transferencia, sino que generó el desafío de construir un marco normativo regulatorio por medio del cual y a través de entidades autónomas, el Estado orientó su esfuerzo a corregir la acción de los mercados al vislumbrar que éstos eran imperfectos, y a la vez tendió a incorporar competencia en sectores monopolísticos a través de diversos mecanismos. La creación de estas nuevas entidades regulatorias, se dio en el marco de una reforma del modelo económico que regía las actividades empresariales del Estado, y dentro de una constitución política que modificó la tarea y el rol de la administración pública. El enfoque de la presente tesis se centra en el análisis teórico y empírico de los diversos acontecimientos que se produjeron alrededor de los organismos reguladores, principalmente de OSINERGMIN, durante el periodo 2010-2012, relacionadas a la gestión y administración de sus recursos económicos y presupuestales, en el marco de una autonomía conferida en las normas que los crearon. En primer lugar se ha realizado el estudio empírico de la autonomía institucional y la actuación objetiva de estos entes reguladores, dada sus funciones fundamentalmente técnicas y su necesaria libertad operacional. Se ha hecho una breve revisión a otras experiencias latinoamericanas y, se determinan algunas diferencias sensibles que en algunos casos demuestran una vinculación muy marcada al poder político y en otras una dependencia directa al sector que corresponde la actividad regulada. En segundo lugar, la tesis analiza los aspectos en los cuales repercuten las decisiones del poder político que deben tenerse en cuenta, como Decretos de Urgencia y Sistemas de Administración y Gestión Pública, para apreciar los efectos en su función regulatoria y fiscalizadora. Finalmente, se han estudiado tres propuestas legislativas; la primera propone la creación de la Superintendencia de Organismos Reguladores a efectos de establecer un Órgano de Control de los Organismos Reguladores Sectoriales bajo una entidad, con el propósito de ejercer un control real y práctico a cargo del poder político; y las dos siguientes por el contrario, procuran fortalecer a los Organismos Reguladores Sectoriales, blindándolos de la posible intromisión del poder político o de otros grupos de interés. Estas dos últimas propuestas solventan el postulado de la tesis al sustentarse en la necesidad de crearles mecanismos de protección frente a la posible captura o politización, haciendo de estas entidades verdaderas herramientas de una transparente regulación, fiscalización y supervisión de los servicios públicos de redes.