¿Será posible una implementación eficiente del control de operaciones de concentración empresarial en el Perú?

Abstract

La promoción de la competencia es uno de los elementos de política pública esenciales para alcanzar el bienestar social. Así pues, el Derecho de la Competencia se constituye en una pieza clave en todo ordenamiento legal. En el Perú, el nacimiento del Derecho de la Competencia no se origina como muchos piensan con la Constitución de 1993 y su capítulo sobre el Régimen Económico y el reconocimiento de una economía social de mercado. El primer antecedente es el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 296-90-EF, publicado el 5 de noviembre de 1990, en el que se establece que “el Estado propicia la libre competencia en la producción de bienes y servicios y la garantiza mediante la prevención y sanción de los actos que la limitan […]”1. Posteriormente, se crea el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi y se promulga un 7 de noviembre de 1991 la primera ley de competencia en el Perú: el Decreto Legislativo Nº 701, contra las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia. Esta norma, así como, la que se encuentra vigente actualmente (el Decreto Legislativo Nº 1034) regulan las acciones del Indecopi frente a prácticas que restrinjan la competencia. Debido a ello, se persiguen a los cárteles (colusiones horizontales y verticales) y se sancionan las modalidades de abuso de posición de dominio. Es decir, se realiza un control de conductas anticompetitivas (control ex post). No obstante, y hasta hace muy poco tiempo, salvo en el sector eléctrico y a diferencia de la gran mayoría de países con normativas de competencia, no existía un marco normativo que regule el control previo de operaciones de concentración económica. Por eso, las fusiones en el Perú no tienen un desarrollo práctico ni conceptual a la fecha. En el presente trabajo comenzaremos analizando el control de concentraciones empresariales desde sus orígenes para poder entender su naturaleza y cuál es el objetivo que persigue su regulación. Posteriormente, situaremos al control de operaciones de concentración empresarial como una política regulatoria. Para ello, deberemos entender el marco teórico de la regulación económica, es decir, cuándo resulta eficiente que el Estado intervenga en el mercado y cuándo es mejor que los agentes económicos actúen libremente en él. A partir de los conceptos mencionados, realizaremos una revisión de los principales argumentos a favor y en contra respecto a establecer un control de las operaciones de concentración económica en el Perú. Así pues, el lector podrá sacar sus propias conclusiones en relación con las eficiencias y “deficiencias” de esta regulación. Asimismo, creemos que el control de estructuras es un elemento que debe tomarse en cuenta de manera prioritaria en cualquier decisión de crecimiento empresarial, en los nuevos emprendimientos de inversiones o simplemente, en una diversificación industrial. Por lo tanto, esta política se encuentra estrechamente vinculada con el bienestar social y económico de cualquier país. Ahí radica la importancia del estudio respecto al impacto de su implementación y efectos en el mercado. Finalmente, una vez superado el debate respecto a si debemos o no controlar las operaciones de concentración empresarial, elaboraremos una serie de recomendaciones y propondremos medidas jurídico-regulatorias que apunten a una implementación eficiente de un control previo de actividades de concentración económica que se ajuste a la realidad peruana.