Informe Jurídico de la Resolución 157-2019/SDC-INDECOPI

Abstract

La Resolución 157-2019/SDC-INDECOPI marcó un hito en el mercado de GLP al sancionar prácticas colusorias de fijación de precios y ordenar la implementación de un Programa de Cumplimiento. Este programa, diseñado para prevenir futuras infracciones, incluía auditorías anuales, capacitaciones obligatorias y la designación de un oficial de cumplimiento. Si bien esta medida carece de habilitación legal expresa, se sustenta en las facultades de INDECOPI para restablecer la competencia y garantizar un mercado justo. El análisis revela que el programa es innovador y está alineado con estándares internacionales, pero enfrenta desafíos en su diseño. La falta de flexibilidad en la selección de proveedores de capacitación y la ausencia de directrices claras para las auditorías pueden limitar su efectividad. A pesar de estas deficiencias, la duración de tres años y las exigencias impuestas son proporcionales al impacto de la infracción. Este caso subraya la importancia de equilibrar sanciones económicas con medidas preventivas que transformen las estructuras internas de las empresas, fomentando una cultura de cumplimiento sostenible. El éxito dependerá de un monitoreo adecuado y ajustes estratégicos que refuercen su implementación.

Resolution 157-2019/SDC-INDECOPI set a milestone in the LPG market by penalizing price-fixing collusion and mandating a Compliance Program. This program, aimed at preventing future violations, includes annual audits, mandatory training, and the appointment of a compliance officer. Although lacking explicit legal authorization, it is supported by INDECOPI’s authority to restore competition and ensure a fair marketplace. The analysis highlights the program’s innovation and alignment with international standards but identifies design challenges. Limited flexibility in choosing training providers and unclear audit guidelines could hinder its effectiveness. Despite these issues, the three-year duration and imposed requirements are proportional to the severity of the violation. This case underscores the need to balance economic sanctions with preventive measures that reshape companies' internal structures, fostering a sustainable compliance culture. Success will depend on proper monitoring and strategic adjustments to enhance its implementation.