Inconsistencias en la implementación del cobro de tasas Judiciales llevado a cabo por la Gerencia General del Poder Judicial en los años 2020-2023 a propósito de la eliminación de barreras económicas como medida para facilitar el acceso a la justicia, en el marco de la política pública de reforma del sistema de justicia

Abstract

La política pública de reforma del sistema de justicia ha reconocido la necesidad de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, delineando objetivos orientados a ese logro. No obstante, este propósito colisiona con otras medidas cuyos procedimientos no se encuentran alineados con la finalidad de esta iniciativa pública. El objetivo de esta investigación es examinar cómo la Gerencia General del Poder Judicial viene implementando la imposición de tasas judiciales determinando inconsistencias en la gestión, con la finalidad de proponer pautas para la corrección de un procedimiento que puede convertir a las tasas judiciales en una barrera económica que limita el acceso a la justicia. La metodología utilizada es de enfoque cualitativo puesto que se basa en la recopilación de información para su observación e interpretación sin realizar mediciones numéricas (Pino Gotuzzo, 2016, p. 33), siendo, además, del tipo explicativo abordando el problema con detalle y profundidad (Hernández - Sampieri et al., 1997, p. 66), valiéndonos del análisis de documentos normativos, bibliografía, consultas en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, además de la realización de entrevistas. En conclusión, encontramos una serie de preocupantes inconsistencias en la implementación de tasas judiciales producto de erróneas interpretaciones y aplicaciones de la norma y la ausencia de prácticas de evaluación, lo mismo sucede respecto de los mecanismos de exoneración; se ha confirmado que la Gerencia General del Poder Judicial no realizó acciones orientadas a facilitar el acceso a la justicia en el periodo 2020- 2023, asimismo se ha observado inconsistencias por la inexistencia de una estructura de costos que cuantifique el valor de cada tasa judicial, culminando con una posible falta de legitimidad del Poder Judicial para crear, modificar, suprimir e incluso exonerar tasas judiciales.

Public policy on justice system reform has recognized the need to guarantee access to justice for all persons, outlining objectives aimed at achieving this goal. However, this purpose collides with other measures whose procedures are not aligned with the purpose of this public initiative. The objective of this research is to examine how the General Management of the Judiciary has been implementing the imposition of court fees, determining inconsistencies in the management, with the purpose of proposing guidelines for the correction of a procedure that can turn court fees into an economic barrier that limits access to justice. The methodology used is of a qualitative approach since it is based on the collection of information for observation and interpretation without performing numerical measurements (Pino Gotuzzo, 2016, p. 33), being, in addition, of the explanatory type, addressing the problem in detail and depth (Hernández - Sampieri et al., 1997, p. 66) using the analysis of regulatory documents, bibliography, consultations in the exercise of the right of access to public information, in addition of conducting interviews. In conclusion, we found a series of worrying inconsistencies in the implementation of judicial fees as a result of erroneous interpretations and applications of the norm and the absence of evaluations practices; the same happens with regard to the exoneration mechanisms; it has been confirmed that the General Management of the Judiciary did not carry out actions aimed at facilitating access to justice in the period 2020-2023, also inconsistencies have been observed due to the lack of a cost structure that quantifies the value of each judicial fee, culminating in a possible lack of legitimacy of the Judiciary to create, modify, suppress and even exonerate judicial fees.