Informe jurídico sobre la Sentencia 139/2024, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional en el Expediente Nro. 00011-2023-PI/TC

Abstract

A través de la Ley Nro. 31810, el Congreso aprobó la incorporación del Despacho Presidencial Remoto, mediante el cual la Presidencia de la República puede realizar la labor de Despacho de manera virtual cuando salga del territorio nacional, siempre que no hayan Vicepresidentes/as a quienes se les pueda delegar esta actividad y con autorización previa del Poder Legislativo. Sin embargo, parte de la comunidad jurídica resaltó que esta figura no se encuentra contemplada en la Constitución, por lo cual debió haber sido agregada a través de una reforma constitucional, y no por medio de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; mientras que otro sector señala que esta norma se ha limitado a incorporar avances tecnológicos para optimizar el cumplimiento de las funciones de la Presidencia, desarrollando el contenido de la Constitución. Nuestra contribución a este debate se centra en establecer las verdaderas funciones del Despacho Presidencial, a través del estudio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, y su contraste con situaciones de encargatura de Despacho; determinar el contenido del artículo 115 de la Constitución a través de su revisión histórica; y establecer si esta propuesta puede ser incluida a través del parámetro constitucional de uso de las tecnologías de información y comunicación. Finalmente, se concluirá que el Despacho Presidencial Remoto debe ser incorporado a través de la reforma constitucional, pues su validez no puede ser inferida de la redacción actual de la Constitución.Through the approval of Law No. 31810, Peruvian Congress incorporated the Remote Presidential Office, which allows the President to carry out Office duties remotely while abroad on international travel, provided that no Vice-president is available to delegate this activity and with authorization of the Congress. However, part of the legal community noted that this mechanism should have been added through a Constitutional Reform, rather than by modifying the Organic Law of the Executive branch; by contrast, another sector maintains that this Law has aggregated technological advancements to optimize the Presidential functions, whilst developing the content of the Constitution. This research contributes to the debate by establishing the real functions of the Presidential Office, through the analysis of the Organic Law of the Executive Brand and the Regulations of Organization and Functions of the Presidential Office, and its contrast with real-life situations evolving the temporary assignment of the Presidential Office; determine the content of the Article 115 of the Constitution through its historical review; and establishing if this mechanism shall be incorporated under the constitutional framework about the use of information and communication technologies. Finally, this study concludes that the Remote Presidential Office must be incorporated through a Constitutional Reform, as its validity cannot be inferred from the Constitution in its current form.