Facultad de Derecho
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Item ¿La sanción administrativa de Susalud es la mejor herramienta para disuadir los incumplimientos normativos de los establecimientos de salud administrados por el MINSA?(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-01-17) Phicihua Aliaga, Cristina Trilce; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEl sistema de salud peruano se encuentra ante condiciones deplorables, lo cual conlleva al incumplimiento del marco normativo en salud y, con ello, la vulneración del servicio público y derecho fundamental a la salud de la población. Ante ello, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud (MINSA), protege la salud mediante la supervisión, fiscalización y sanción de las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPRESS), las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) y las Unidades de Gestión de las IPRESS (UGIPRESS). El trabajo de investigación evidencia la ineficiencia de las sanciones administrativas impuestas por Susalud a las IPRESS del MINSA. En específico, la precariedad de estas es la principal razón para la imposición de sanciones administrativas, ya que las IPRESS del MINSA no cumplen con los parámetros mínimos que la normativa sanitaria vigente estipula. Por su parte, la negativa al pago de multas administrativas, la falta de continuidad en los casos y la constante judicialización visibilizan la ineficacia de las sanciones administrativas impuestas. A su vez, respecto al aspecto institucional, las multas impuestas a las IPRESS del MINSA son en realidad sanciones interadministrativas y mediante el aspecto presupuestario se visibiliza un “círculo de pago”, aquellos conflictos no cumplen con la finalidad correctiva y persuasiva de las sanciones administrativas. Para establecer una respuesta rápida y eficiente ante el problema desarrollado, es imprescindible mantener el enfoque en la estrategia persuasiva de Susalud, la cual cuenta con diversas opciones a aplicar ante los incumplimientos normativos de las IPRESS del MINSA, aquellas se encuentran en la propuesta de la pirámide de cumplimiento de Susalud y se caracterizan por ser escalonadas, diversas, cumplir con el principio de razonabilidad y la protección de la salud a futuro.Item Informe sobre expediente de relevancia jurídica, N° 2035-2022/SPC-INDECOPI, E-2807, sobre la naturaleza del procedimiento administrativo en los casos de protección al consumidor(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-11-21) Palma Mormontoy, Paola; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEl propósito del presente informe, es efectuar un análisis de la controversia tramitada bajo el expediente N°2035-2022/SPC-INDECOPI, que fue resuelta por la Sala Especializada de Protección al Consumidor del Tribunal del Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual. El referido caso, versa sobre una denuncia administrativa efectuada contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa María Magdalena” LTDA N° 219 del Perú, tras su negativa a hacer efectiva la activación del fondo de desgravamen solicitada por la señora Julia Graciano Lapa, parte denunciante en este caso. La resolución elegida presenta dos problemas que resultan interesantes y novedosos para su estudio. Por un lado, presenta una cuestión procedimental vinculada al deber de encausamiento, al que está obligada la autoridad administrativa, y cuestiona si la Comisión cumplió con efectuar una debida imputación por presunta infracción al deber de idoneidad del Código de Protección al Consumidor en el caso analizado. Por otro lado, como cuestión material, se plantea un debate respecto a si la Sala podía inhibirse de resolver la controversia, al tomar conocimiento de que fue sometida al fuero judicial, de forma posterior a la interposición del procedimiento administrativo. En virtud del orden planteado, como conclusión del primer problema, se determina que el órgano de primera instancia no cumplió de forma debida con el deber de encausamiento y, debido a ello, la imputación que efectuó por una presunta infracción al deber de idoneidad, fue errada. Asimismo, como conclusión del segundo problema, se determina que en virtud de los principios que rigen la potestad sancionadora de los órganos del Indecopi, la Sala no debió inhibirse de resolver el procedimiento interpuesto por la señora Graciano.Item La actividad empresarial del Estado peruano, a partir del caso de la empresa pública Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ y una propuesta legal para su funcionamiento en el economía peruana, conforme al artículo 60º de la Constitución(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-21) Atoche Cabrera, Andrea Valeria; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEl estudio de la actividad empresarial del Estado peruano resulta un desafío al analizar el régimen de la empresa pública, en el marco de nuestro régimen económico y el cumplimiento de los requisitos mínimos legales que se consideran necesarios para operar como tal, para lo cual, se requiere una clara definición de su tipología jurídica. La complejidad aumenta al estudiar casos excepcionales, como el de Petróleos del Perú S.A.- PETROPERÚ, que está sujeto a un régimen legal especial debido a sus características particulares y, además, opera en un sector estratégico de la economía. En este contexto, el objetivo de esta investigación es identificar la tipología jurídica de las empresas públicas, centrándose en el caso específico de PETROPERÚ y su papel en la economía peruana según lo establecido en el artículo 60° de la Constitución. Como resultado principal, se concluye que PETROPERÚ efectivamente ejerce actividad empresarial dentro del marco legal vigente, aunque se destacan ciertos aspectos que requieren atención, como la aplicación del principio de subsidiariedad, el tratamiento legal igualitario entre empresas públicas y privadas, la rotación de directivos, la adopción de prácticas asociadas a la OCDE y el Buen Gobierno Corporativo. Estos aspectos subrayan la necesidad de que PETROPERÚ implemente medidas orientadas a mejorar su eficiencia, transparencia y rentabilidad.Item El régimen jurídico particular del servicio público municipal de agua potable en zonas rurales(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-12-11) Paredes Aranda, Braylyn Selene; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoPese a que nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que la prestación del servicio público de agua potable se encuentra dentro de las competencias de las municipalidades, se evidencia una dicotomía legislativa toda vez que la prestación de dicho servicio depende del tipo de zona: urbanas o rurales. Dicha dicotomía ha generado que la prestación del servicio de agua potable en las zonas rurales se caracterice por el protagonismo de Organizaciones Comunales a diferencia de las zonas urbanas en las que operan las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento como principal prestador. A partir de ello, el presente trabajo de investigación responde a la interrogante de cómo el establecimiento de un régimen jurídico particular para las zonas rurales no coadyuva a concretar la municipalización del servicio público de agua potable en nuestro ordenamiento jurídico. Para ello, se ha empleado la revisión de fuentes bibliográficas provenientes de la doctrina jurídica nacional e internacional y se ha realizado un análisis de la normativa peruana y la jurisprudencia. Como principales conclusiones se tiene que el establecimiento del régimen jurídico particular para zonas rurales responde a un contexto político e histórico y no a un fundamento constitucional y/o legal. Asimismo, se comprobó que si el servicio de agua potable ya presentaba una singularidad por ser un servicio municipal, su régimen en zonas rurales lo coloca en una doble particularidad que trae como resultado la atomización del sector así como la poca institucionalidad y sostenibilidad.Item Informe sobre la Resolución N° 0447-2022-JNE(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-03-01) Roca Ledesma, Carla Mijal; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEl caso de vacancia municipal al ex burgomaestre Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, llevado a cabo ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, cobra especial relevancia en el contexto actual, pues de lo últimos diez (10) alcaldes de Lima Metropolitana, es la primera vez que este logra ser vacado. El problema principal al cual se buscará dar una respuesta conforme a derecho es si en efecto, la autoridad edil del presente caso fue vacada correctamente, es decir, si la vacancia fue legítima. De ello, las cuestiones controvertidas que se desprenden en primer lugar, es determinar la naturaleza jurídica de la vacancia, en segundo lugar, la prohibición de que un alcalde metropolitano pueda o no asumir el cargo de director de una empresa estatal, y, por último, determinar si se valoró el contexto de interés público relacionado a la aceptación del cargo como directivo de SEDAPAL. El estudio llevado a cabo es principalmente a través de un análisis dogmático y jurisprudencial, y como principales conclusiones tenemos que, la vacancia es un procedimiento sui generis, que la prohibición a que un alcalde sea directivo de una empresa estatal no es directa, sino que se da a través de una remisión legal, y que, no se valoró a fondo el marco de emergencia sanitaria en el cual la referida autoridad aceptó el cargo.Item Solución de controversias en materia de contratación pública: ¿Sigue siendo el arbitraje la vía idónea?(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-01-24) Castro Guillén, María Claudia; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEl análisis de la evolución de los contratos administrativos en el Perú, demuestra que —aunque todavía existe discusión sobre los tipos de contratos que celebra la Administración Pública— la mayoría de la doctrina ha optado por reconocer la concepción unitaria de los contratos administrativos. Con ello se ha podido evidenciar que tal criterio no resultaría suficiente para derivar uno u otro contrato a la vía arbitral o al Poder Judicial para solucionar las controversias que se pudieran originar. Las principales controversias por las cuales las partes de un contrato público van a arbitraje se resumen en deficiencias en las etapas precontractual y en ejecución de contrato, y en el incumplimiento de prestaciones que determina la aplicación de penalidades. La adopción del arbitraje como medio de solución de controversias constituye una manifestación de esa apertura económica al sector privado y, de ninguna manera, un debilitamiento del Derecho Administrativo. Con sus aciertos y bemoles, el arbitraje en materia de contratación pública sigue siendo un sistema de administración de justicia perfectible, que constituye un respiro para un sobrecargado Poder Judicial.Item Informe sobre Expediente N°005-2011-CCO-ST/LC: Controversia Speedy Naked – Procedimiento de oficio iniciado por el OSIPTEL vs Telefónica del Perú S.A.A(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-10-11) Collazos Olazo, Diego Alonso; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEl presente Informe corresponde a la controversia denominada “Speedy Naked”. Se trata del procedimiento iniciado de oficio por el Organismo regulador en el sector de las telecomunicaciones (el “OSIPTEL”) en el mes de septiembre de 2011 en contra de la empresa operadora Telefónica del Perú S.A.A, debido a la presunta comisión de abuso de posición de dominio en la modalidad de venta atada al haber establecido esta, la contratación del servicio de telefonía fija como requisito para poder contratar el servicio de acceso a internet en la tecnología ADSL. Dicha acción habría tenido efectos anticompetitivos en el mercado del servicio de telefonía fija, en base a la conducta tipificada en el literal c) del artículo 10.2° del Decreto Legislativo N°1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. A raíz del procedimiento se emitió la Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL de fecha 20 de julio del 2012, mediante la cual, el Cuerpo Colegiado designado resolvió declarar como fundado el procedimiento y sancionar a Telefónica con 492.21 UIT por la comisión de actos contrarios a la libre competencia, en la modalidad de ventas atadas. En la misma línea se pronunciaría el Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL mediante lo dispuesto en la Resolución N°004-2013-TSC/OSIPTE del 1 de febrero de 2013, confirmando la resolución del Cuerpo Colegiado, pero modificando el monto de la multa a 407 UIT. A través del presente informe, así como del planteamiento de los siguientes problemas jurídicos: (i) aplicación del principio de supletoriedad, (ii) correcta delimitación del mercado relevante, (iii) determinación de efectos exclusorios de la conducta investigada, (iv) afectación al principio de predictibilidad y (v) afectación al principio de debido procedimiento y derecho de defesa de Telefónica determinaremos si es que esta última fue correctamente sancionada, o como sostendremos, no debió ser sancionado.Item Informe sobre expediente N°19-2004-tsc-OSINERGMIN, reclamación de LUZ DEL SUR S.A.A. contra ELECTROPERÚ S.A. sobre los cobros por los retiros en exceso de la energía contratada, destinados al servicio público de electricidad(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-06-24) Castilla Baez, Marcelo Gabriel; Cairampoma Arroyo, Vicente Albertovinculada a la regulación tarifaria de los excesos de energía contratada cuando dichos excesos estén destinados al Servicio Público de Electricidad. Además, analiza el procedimiento mediante el cual se resuelve la controversia, y la competencia que ostenta el OSINERGMIN para hacerlo. La relevancia del análisis radica en definir los alcances del Servicio Público de Electricidad y la asignación de responsabilidades por su prestación. Además, permite utilizar herramientas e instituciones de otras ramas del derecho, como el derecho constitucional, para determinar el adecuado desarrollo de los procedimientos trilaterales que son conocidos por el OSINERGMIN. Las hipótesis del caso son que (i) se cumplieron las normas del procedimiento, (ii) que los excesos de consumo deben ser pagados con la Tarifa en Barra y (iii) que el OSINERGMIN es competente para conocer y resolver la controversia. Para demostrar la validez o no de las hipótesis, se analizarán y aplicarán instituciones del derecho administrativo (procedimiento trilateral, las medidas cautelares, etc.), regulatorio (regulación tarifaria del mercado eléctrico) y constitucional (aplicación temporal de las normas, orden público, etc.). Los resultados de la investigación demuestran que dos de las tres hipótesis resultan ciertas, toda vez que los actores del procedimiento (empresas y órganos resolutivos) siguieron de manera general las reglas aplicables al procedimiento, y que el OSINERGMIN es competente para conocer y resolver la controversia en razón de que esta versa sobre aspectos regulatorios y normativos, y que la santidad de los contratos no puede aplicarse de manera absoluta en el presente caso. No obstante, se demuestra que la Tarifa en Barra no puede constituir un tope para los retiros en exceso que realicen los distribuidores, sino que está en el ámbito de la libre voluntad de las parte del contrato respectivo.Item Informe sobre Expediente N° 144-2006(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-04-06) Masini Ortiz, Camila; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEl presente informe jurídico tiene como objetivo analizar, en primer lugar, la naturaleza de las sanciones y medidas administrativas impuestas por el Ministerio de Energía y Minas a la empresa Compañía Minera San Nicolás S.A., a partir de los hallazgos de las acciones de fiscalización llevadas a cabo en la cuenca del Río Tingo Maygasbamba. Específicamente, si es que la medida de paralización temporal de las operaciones impuesta en el marco de la referida fiscalización tiene el carácter de una sanción. Esto permitirá concluir si es que la interposición de una demanda contencioso administrativa por parte de la empresa minera contra lo resuelto por el Ministerio de Energía y Minas, así como la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva respectivo, podrían eventualmente suponer la suspensión de la ejecución de la medida de paralización temporal. En segundo lugar, se analizará si el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, se encontraba facultado a realizar una diligencia de supervisión en las instalaciones de la empresa minera referida anteriormente. Dicha diligencia tenía como finalidad comprobar la ejecución de la medida de paralización temporal impuesta meses atrás por el Ministerio de Energía y Minas, como consecuencia de los resultados obtenidos en las acciones de fiscalización detalladas anteriormente.Item La distribución de competencias compartidas en el servicio público de atención médica(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-13) Guzmán Palomino, Jennifer Alexandra; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoLa salud y la asistencia médica son derechos humanos que exigen una actividad prestacional del Estado, para cuya eficacia la Administración Pública dirige cuerpos organizados que conforma un sistema de salud. En el caso peruano, existe una generalizada insatisfacción respecto del funcionamiento del sistema de salud. Con esta investigación se busca aportar en el elemento gobernanza del sistema, proponiendo un modelo claro y estratégico para la dirección de gestión sanitaria por un Poder Ejecutivo descentralizado. Para ello, primero se estudia el contenido del derecho a la salud, a partir de la lectura sistemática de normas y sentencias de índole constitucional. Determinar ello nos permite evaluar la eficacia del sistema peruano, para lo cual se añade un análisis comparativo de los sistemas de salud inglés, español, chileno y colombiano. El trabajo incluye un estudio histórico en materia de salubridad y el rol del Estado desde la independencia del Perú en el siglo XIX, para determinar los intereses que obstaculizaron su desarrollo. Finalmente, la investigación concluye que es necesario repotenciar el rol de los gobiernos regionales para asumir un protagonismo en la gestión de servicios de salud y el cumplimiento de las garantías de la asistencia médica, con participación de los gobiernos locales; así como definir el rol del gobierno central en la coordinación local para la eficiencia, directrices técnicas, administración financiera y vigilancia de la igualdad en el ejercicio del derecho a la salud