La neutralidad de la prueba pericial institucional en los procesos penales: evaluación de la idoneidad probatoria de los informes psicológicos de los Centros Emergencia Mujer en los procesos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Abstract

La violencia familiar y la violencia de género son problemas sociales graves que aquejan a nuestra sociedad desde siempre; razón por la cual, a fin de enfrentar dichos problemas, el estado peruano incorporó en nuestro ordenamiento jurídico la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, estableciendo así mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, garantizando la reparación del daño causado y la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con la finalidad de que las mujeres y los integrantes del grupo familiar gocen de una vida libre de violencia, ejerciendo plenamente sus derechos. Aunado a ello, la Ley N° 30364, creó un subsistema de lucha contra la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, integrado por diversas instituciones gubernamentales y organizaciones especializadas en la protección y prevención de la violencia; entre éstos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; que, a través de los Centros Emergencia Mujer, brinda asistencia a las víctimas de violencia como las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas, personas con discapacidad y migrantes internos bajo los alcances del “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer”, el cual se encuentra elaborado según los enfoques y objetivos institucionales. Es así que, durante la atención brindada a las víctimas, el Centro Emergencia Mujer elabora Informes Psicológicos, los cuales se encuentran reconocidos como pericias institucionales en nuestro ordenamiento jurídico y son empleados por el área legal de dicha institución para procurar el acceso a la justicia de las víctimas, requerir medidas de protección a su favor y posteriormente buscar la sanción penal para sus agresores; sin embargo, ¿Dichos informes psicológicos serán realmente idóneos para acreditar la comisión de un delito? En la presente investigación se abordará de forma crítica el sesgo potencial existente de la elaboración de una prueba pericial institucional pro víctima, sus repercusiones en el proceso penal, la posible vulneración de los derechos y garantías propios del proceso penal, la necesidad de su neutralidad, y el contraste pericial como sustento de decisiones objetivas y justas.Domestic violence and gender-based violence are serious social problems that have plagued our society for a long time; therefore, in order to address these issues, the Peruvian state incorporated Law No. 30364 - Law to prevent, punish, and eradicate violence against women and members of the family group into our legal system, establishing comprehensive mechanisms, measures, and policies for prevention, attention, and protection of the victims, guaranteeing compensation for the harm caused and the pursuit, punishment, and reeducation of convicted aggressors with the aim of ensuring that women and members of the family group enjoy a life free of violence, fully exercising their rights. In addition, Law No. 30364 created a subsystem to combat violence against women and members of the family group, composed of various governmental institutions and specialized organizations in the protection and prevention of violence; among these, the Ministry of Women and Vulnerable Populations, which, through Women's Emergency Centers, provides assistance to victims of violence such as women, girls, boys, adolescents, adults, persons with disabilities, and internal migrants under the scope of the "Emergency Women's Center Care Protocol," which is developed according to institutional approaches and objectives. Therefore, during the assistance provided to the victims, the Women's Emergency Center prepares Psychological Reports, which are recognized as institutional expert opinions in our legal system and are used by the legal area of said institution to seek access to justice for the victims, request protection measures on their behalf, and subsequently seek criminal sanctions for their aggressors; however, are these psychological reports truly suitable to prove the commission of a crime? In the present research, the potential bias in the creation of an institutional expert report in favor of the victim will be critically addressed, along with its repercussions on the criminal process, the possible violation of rights and guarantees inherent to the criminal process, the need for its neutrality, and the expert contrast as support for objective and fair decisions.