Informe jurídico sobre la Casación Nº 817-2020/PIURA

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Pontificia Universidad Católica del Perú

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Resumen

En este informe, se analiza la Casación N.º 817-2020/PIURA, relacionada con el delito de colusión agravada y el uso del informe de la Contraloría General de la República (CGR) como prueba en un proceso penal. El caso involucra irregularidades en la adjudicación del proyecto “Construcción del puente San Miguel – ex Puente Viejo” en Piura, y pone de relieve la importancia de la correcta valoración de las pruebas, particularmente el informe de la CGR, en los delitos de corrupción. De esta forma, el análisis se centra en el debate sobre si este informe debe ser considerado como una pericia institucional válida para acreditar el perjuicio patrimonial al Estado. Asimismo, la resolución del caso plantea preguntas sobre la suficiencia de medios probatorios alternativos a las pericias contables judiciales, especialmente cuando el perjuicio es difícil de probar con pruebas directas. A través de esta casación, la Corte Suprema reafirmó que los informes de la CGR, siempre que sean actuados en juicio y respeten el principio de contradicción, pueden ser suficientes para acreditar el daño económico. Finalmente, el trabajo también subraya la necesidad de construir estándares de valoración probatoria más flexibles para enfrentar la complejidad de los delitos de corrupción, donde las pruebas directas son escasas y la prueba indiciaria adquiere una importancia crucial.
This report analyzes Cassation No. 817-2020/PIURA, related to the crime of aggravated collusion and the use of the report of the Comptroller General of the Republic (CGR) as evidence in a criminal proceeding. The case involves irregularities in the awarding of the "Construction of the San Miguel Bridge former Puente Viejo" project in Piura and highlights the importance of properly evaluating evidence, particularly the CGR report, in corruption crimes. Thus, the analysis focuses on the debate over whether this report should be considered a valid institutional expert opinion to prove financial damage to the State. Furthermore, the resolution of the case raises questions about the sufficiency of alternative means of evidence to judicial accounting expert opinions, especially when the damage is difficult to prove with direct evidence. Through this cassation, the Supreme Court reaffirmed that the CGR's reports, provided they are reviewed in court and respect the principle of adversarial proceedings, may be sufficient to prove economic damages. Finally, the ruling also underscores the need to develop more flexible evidentiary assessment standards to address the complexity of corruption crimes, where direct evidence is scarce and circumstantial evidence takes on crucial importance.

Descripción

Palabras clave

Perú. Tribunal Constitucional--Jurisprudencia, Recurso de casación--Jurisprudencia--Perú, Delitos de los funcionarios--Jurisprudencia--Perú, Corrupción administrativa--Jurisprudencia--Perú

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