Informe jurídico sobre la Resolución N° 000098-2024- CG/TSRA-SALA 1. Los límites de la potestad sancionadora administrativa: la prueba del beneficio al tercero como requisito esencial en la responsabilidad funcional

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Pontificia Universidad Católica del Perú

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El presente informe analiza la Resolución N.° 000098-2024-CG/TSRA-SALA1, mediante la cual el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) revocó la sanción impuesta a dos funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Victoria - Chiclayo: Luis Gustavo Vela Requejo, como Gerente de Desarrollo Urbano, y Mario Oswaldo Nieto Rosado como Jefe de la Unidad de Logística, quienes habían sido acusados de generar un beneficio indebido al contratista al tramitar un adelanto de materiales para una obra pública. El trabajo parte del problema principal de determinar si es jurídicamente válida una sanción administrativa funcional cuando no se ha acreditado el beneficio indebido a un tercero como consecuencia directa de la actuación del funcionario. Para ello, se abordan problemas secundarios relacionados con la motivación de las resoluciones, el debido procedimiento, la prueba del beneficio y la necesidad de un nexo causal funcional. A través del análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial, se concluye que la potestad sancionadora exige la acreditación objetiva y concreta del beneficio indebido, así como la existencia de una intervención funcional determinante. Se destaca la importancia de respetar principios como la tipicidad, la culpabilidad y la imputación objetiva, esenciales en el derecho administrativo sancionador. Finalmente, se reafirma que el fallo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas resulta correcto y acorde a un modelo garantista, reforzando el principio de buen gobierno y la seguridad jurídica de los funcionarios públicos.
This report analyzes Resolution No. 000098-2024-CG/TSRA-SALA1, by which the Superior Court of Administrative Responsibilities (TSRA) revoked the sanction imposed on two officials of the District Municipality of La Victoria - Chiclayo: Luis Gustavo Vela Requejo, as Urban Development Manager, and Mario Oswaldo Nieto Rosado as Head of the Logistics Unit, who had been accused of generating an undue benefit to the contractor by processing an advance of materials for a public work. The work starts from the main problem of determining whether a functional administrative sanction is legally valid when the undue benefit to a third party as a direct consequence of the official's actions has not been proven. To this end, secondary problems related to the motivation of the resolutions, due process, proof of the benefit and the need for a functional causal link are addressed. Through doctrinal, regulatory, and jurisprudential analysis, it is concluded that the power to impose sanctions requires objective and concrete proof of undue benefit, as well as the existence of a determining functional intervention. The importance of respecting principles such as criminalization, culpability, and objective attribution, which are essential in sanctioning administrative law, is emphasized. Finally, it is reaffirmed that the ruling of the Superior Court of Administrative Responsibilities is correct and consistent with a guarantee-based model, reinforcing the principle of good governance and legal security for public officials.

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Palabras clave

Sanciones administrativas--Jurisprudencia--Perú, Contratos públicos--Perú, Responsabilidad administrativa--Perú, Derecho administrativo--Jurisprudencia--Perú

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