Informe jurídico sobre la casación laboral N.º 13096-2022: ¿los derechos laborales constituyen un límite al ejercicio de la inmunidad jurisdiccional de los Estados Extranjeros?

Abstract

El presente informe analiza la Casación Laboral N.º 13096-2022, resuelta por la Corte Suprema del Perú, en la que se discute si los derechos laborales pueden constituir una excepción al principio de inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros. El caso surge a partir de la demanda de Javier Fortunato Reyes, quien se desempeñó como Canciller en el Consulado de Chile en Lima, contra la Embajada de Chile en el Perú por el no pago de vacaciones no gozadas durante los años 1999 al 2003. La Corte Suprema declaró fundada la demanda, sustentando su fallo en la supuesta renuncia a la Inmunidad Jurisdiccional por parte del Estado de Chile, al suscribir un contrato de trabajo en el que se establecía como ley aplicable la legislación peruana. De este modo, se examinan las principales teorías contemporáneas sobre inmunidad jurisdiccional, así como la capacidad del Estado de renunciar a su inmunidad, concluyendo que la fundamentación adoptada por la Corte resulta insuficiente. Finalmente, se sostiene que a través del derecho consuetudinario se pueden proteger los derechos laborales ante el ejercicio de la inmunidad, siempre y cuando se cumplan cuatro criterios: la nacionalidad del trabajador, el lugar de prestación del servicio, la naturaleza de la pretensión y la naturaleza de las funciones desempeñadas. En el caso en cuestión, dicho análisis conduciría a la conclusión de que el Estado de Chile debió conservar su inmunidad frente a la jurisdicción peruana.This report analyzes Labor Cassation No. 13096-2022, issued by the Supreme Court of Peru, which addresses whether labor rights can constitute an exception to the jurisdictional immunity of foreign States. The case involves Javier Fortunato Reyes Saavedra, who served as Chancellor at the Chilean Consulate in Lima and filed a lawsuit against the Embassy of Chile in Peru for unpaid vacation time from 1999 to 2003. The Supreme Court upheld the claim, reasoning that the State of Chile had implicitly waived its immunity by signing an employment contract governed by Peruvian labor law. This report examines contemporary theories on jurisdictional immunity and concludes that the Court's reasoning, as well as some doctrinal positions, lacks sufficient legal grounding. Instead, it argues that customary international law provides a more appropriate foundation, recognizing that labor disputes may constitute a legitimate exception to immunity under specific conditions. To assess whether immunity should be lifted in a given case, the report proposes four key criteria: the worker’s nationality, the place of service, the nature of the claim, and the nature of the functions performed. Applying these to the present case leads to the conclusion that Chile, due to the governmental nature of the claimant’s duties, should have retained its jurisdictional immunity before Peruvian courts.