Informe jurídico sobre la Sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley 31131

Abstract

Por la presente, se realizo el análisis de la Sentencia No. 979/2021 del Expediente No. 00013-2021-PI/TC, en la cual, en primer lugar, se determino si el traslado de los servidores CAS a los regímenes del Decreto Legislativo No. 276 y No. 728, así como la naturaleza de los tres mencionados se ajusta al principio de meritocracia. Para, seguidamente determinar que el traslado no es viable, pues transgreden el principio mencionado, en cada una de sus tres manifestaciones: acceso, ascenso y estabilidad y, extinción. Asimismo, se determino que el carácter indeterminado del que doto el Tribunal a raíz de la sentencia en mención, a un grupo de servidores CAS, específicamente a quienes tendrían contrato vigente al 10 de marzo de 2021, no resolvería el problema. Y más bien, acentuó las diferencias en el acceso, el ascenso y la estabilidad del Empleo Público. En ese sentido, se creyó conveniente considerar como única solución al problema suscitado, el traslado de todos al Régimen del Servicio Civil, un régimen unificado y que respeta los principios del empleo público, entre los cuales, está el de mérito. Acotando, las diversas dificultades que han acaecido para su implementación, como son la supresión del plazo máximo de 6 años para su traslado.An analysis of Ruling No. 979/2021 of Case No. 00013-2021-PI/TC is hereby made, in which, first, it was determined whether the transfer of CAS employees to the regimes of Legislative Decree No. 276 and No. 728, as well as the nature of the three mentioned, is in accordance with the principle of meritocracy. In order to then determine that the transfer is not feasible, since it violates the aforementioned principle in each of its three manifestations: access, promotion and stability, and termination. Likewise, it was determined that the indeterminate nature that the Court gave to a group of CAS employees, specifically to those who would have a contract in force as of March 10, 2021, would not solve the problem. Rather, it accentuated the differences in the access, promotion, and stability of Public Employment. In this sense, it was deemed convenient to consider as the only solution to the problem raised, the transfer of everyone to the Civil Service Regime, a unified regime that respects the principles of public employment, among which is that of merit. The various difficulties that have arisen for its implementation, such as the elimination of the 6-year maximum term for their transfer, have been noted.