Informe jurídico sobre ¿Toda inscripción de actos en el Registro Publico esta acorde con el principio de legalidad?

Abstract

Este trabajo examina el deber de motivación que recae sobre el notario en los procedimientos no contenciosos de prescripción adquisitiva entre copropietarios, así como el rol del registrador para controlar su suficiencia sin invadir el fondo del acto. Partiendo de la prohibición expresa contenida en el artículo 985 del Código Civil, se sostiene que el notario no puede omitir su análisis cuando uno de los copropietarios pretende adquirir por prescripción la totalidad del bien común. En estos casos, la motivación no es opcional, sino un requisito ineludible vinculado al respeto del orden público y a la seguridad jurídica. Asimismo, se analiza el principio de legalidad registral y se concluye que, aun bajo una calificación atenuada, el registrador conserva la obligación de verificar si el título cumple con los requisitos mínimos para su acceso al Registro. Esta verificación no implica revisar el fondo del acto, sino controlar que exista una justificación mínima y coherente cuando se pretenda inaplicar normas prohibitivas. Se advierte que la ausencia de motivación suficiente no solo debilita la validez formal del título, sino que compromete la coherencia del sistema registral. En consecuencia, el registrador está facultado para observar estos títulos cuando se advierte una omisión relevante, a fin de preservar la función garantista del Registro y evitar situaciones jurídicas inseguras o contradictorias.

This paper analyzes the extent of the notary's duty to provide reasoning in cases of acquisitive prescription among co-owners, and whether the registrar can verify such reasoning without assessing the substantive content of the act. In Peruvian law, Article 985 of the Civil Code prohibits acquisitive prescription between co-owners, since possession by one is presumed to be exercised on behalf of all. Therefore, any attempt to acquire full ownership through usucapion requires an explicit and exceptional justification. Although registrars are not authorized to assess the merits of notarial acts in noncontentious matters, they are still obligated to verify their formal legality under Article 2011 of the Civil Code. If a notarial act lacks minimal legal reasoning—especially when omitting reference to an imperative norm such as Article 985—the registrar may legitimately observe the title without exceeding their authority. The absence of a sufficient explanation threatens the legal certainty of the registration system and undermines the principle of legality. Public confidence in the registry depends on the coherence and validity of its entries. Therefore, the registrar has a duty to ensure that acts include at least a basic legal justification when they may contravene public order rules.