Informe jurídico sobre el recurso de la casación N°3490-2022/Arequipa

Abstract

El presente informe versa sobre la Casación Nº 3490-2022/Arequipa, en la cual surgen problemas en torno a la participación de dos sujetos intervinientes en la etapa de actos preparatorios de un proceso de contratación. Su participación estuvo vinculada a la elaboración del expediente técnico que fijó las características del proyecto. La imputación de dichas personas varió en más de una ocasión a lo largo del proceso. Esto se debe a que no existe claridad los límites entre ambas modalidades de colusión (es decir, simple y agravada) ni tampoco respecto de la relación entre las etapas del proceso de contratación y las fases del iter delictivo. No queda claro si es que es posible ser partícipe de un delito de colusión agravada sin haber intervenido en la fase de ejecución contractual, en la cual se habría producido la defraudación patrimonial. Sobre este aspecto, el presente informe postula que la intervención en cualquiera de las etapas de la contratación se ubica dentro de la fase de ejecución del delito de colusión agravada, mientras los actos tengan aptitud lesiva para generar la defraudación patrimonial exigida por el tipo. La participación de estas personas también plantea interrogantes respecto del título de imputación que merecen, pues el proyectista encargado de la elaboración del expediente de técnico obró como consultor, lo cual, en apariencia, lo excluiría de la función pública. Al respecto, el presente informe plantea que es posible atribuir autoría al proyectista, siempre y cuando este ejerza funciones públicas en virtud del servicio que brinda.This report addresses Cassation No. 3490-2022/Arequipa, which raises issues regarding the participation of two individuals involved in the preparatory acts phase of a contracting process, specifically in the drafting of the technical dossier that outlines the project's characteristics. The charges against these individuals varied on multiple occasions throughout the process. This variability is due to a lack of clarity concerning the limits between the two types of collusion (i.e., simple and aggravated) and the relationship between the stages of the contracting process and the phases of the criminal act. Thus, the question was raised as to whether it is possible to be involved in an aggravated collusion offense without having participated in the phase of contractual execution, where the fraud occurred. On this matter, this report asserts that involvement in any stage of the contracting process falls within the execution phase of the aggravated collusion offense, as long as the committed acts have the potential to cause the required defraudation stipulated by the law, is it is descripted in the penal code. The involvement of these individuals also raises questions regarding the appropriate charge they deserve, as the project designer responsible for preparing the technical dossier acted as a consultant. In this regard, this report argues that it is possible to attribute authorship to the project designer, provided that they perform public functions by virtue of the service they render.