Informe jurídico sobre la Resolución N° 3 recaída en el Expediente N° 10257-2024

Abstract

El presente caso aborda una resolución en el marco de un proceso único de ejecución de un laudo arbitral en el que César Augusto Berrios demanda la desocupación de un inmueble contra Daniel Jesús Vergara Moreno y otros, en virtud de la Orden Arbitral N° 14 (posterior al laudo). Al respecto, el 4° El Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial declaró improcedente la ejecución, argumentando que la resolución arbitral no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 689° del Código Procesal Civil. Ahora bien, en vía de apelación, la Primera Sala Civil confirmó esta decisión, señalando que el laudo no constituye un título ejecutivo y que los árbitros carecen de potestad coercitiva para ordenar desocupaciones. Es así, que el presente informe analiza este pronunciamiento de la Primera Sala Civil recaído en la Resolución N°3. Bajo este contexto, el presente informe aborda dos problemas jurídicos, los cuales se analizan con mayor amplitud en el presente informe. El primer problema analiza si la Sala actuó correctamente al desestimar la ejecución de la actuación arbitral posterior al laudo. Sobre ello, el presente informe considera que sí correspondía desestimar la ejecución solicitada, puesto que no se cumplía con los requisitos necesarios para que la actuación arbitral sea un título ejecutivo. El segundo problema jurídico analiza si resulta correcto exigir que se pacte el Código Procesal Civil para ejecutar una hipoteca en un arbitraje inmobiliario. Sobre dicha pregunta, el presente informe sustenta que no se puede hacer uso de la fuerza pública en el arbitraje, sin perjuicio de la aplicación o no del código procesal civil al arbitraje.

This case concerns a single enforcement proceeding against an arbitration award in which César Augusto Berrios sues Daniel Jesús Vegar Moreno et al. for the eviction of a property, pursuant to Arbitration Resolution No. 14 (subsequent to the award). In that case, the Fourth Civil Court with Commercial Subspecialty declared the enforcement inadmissible, arguing that the arbitration award did not meet the requirements established in Article 689 of the Civil Procedure Code. The First Civil Chamber upheld this decision, stating that the award does not constitute an enforceable title and that the arbitrators lack the coercive power to order evictions. In this context, the present case identifies three legal issues, which are analyzed in greater detail in this report. The first issue analyzes whether the Court acted correctly in rejecting the enforcement of the post-award arbitration proceeding. Regarding this, this report considers that the requested enforcement was indeed appropriate, since the requirements for the arbitration proceeding to be enforceable were not met. The second legal issue analyzes whether it is correct to require the Civil Procedure Code to be agreed upon in order to enforce a mortgage in a real estate arbitration. On this question, this report maintains that public force cannot be used in arbitration, regardless of whether the Civil Procedure Code applies to the arbitration.