Informe jurídico sobre la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00011-2023-PI/TC

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Pontificia Universidad Católica del Perú

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Resumen

El presente informe analiza la constitucionalidad de la Ley N.º 31810, la cual introduce los incisos 8-A.3 y 8-A.4 en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, permitiendo que el Presidente de la República gestione el Despacho Presidencial de manera remota mediante tecnologías digitales cuando se encuentre fuera del país y no existan vicepresidentes en funciones. La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por más del 25% del número legal de congresistas, y resuelta por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia 139/2024, que declaró infundada la pretensión. El análisis se desarrolla desde una perspectiva crítica, poniendo énfasis en la compatibilidad de esta norma con el artículo 115° de la Constitución, el cual regula la figura del encargo del despacho. Asimismo, se cuestiona si una modificación de esta naturaleza debió realizarse mediante una reforma constitucional, y si el marco normativo vigente en materia de gobierno digital y ciberseguridad es suficiente para garantizar principios como legalidad, eficacia y seguridad jurídica. Como conclusión, se sostiene que la ley analizada introduce un cambio sustancial al régimen constitucional vigente, no resguardado adecuadamente por una reforma constitucional ni por un marco normativo técnicamente adecuado. Por tanto, se considera que la regulación resulta incompatible con la Constitución y pone en cuestión el equilibrio institucional y la previsibilidad jurídica en el ejercicio del poder público.
This report analyzes the constitutionality of Law No. 31810, which introduces sections 8-A.3 and 8-A.4 into the Organic Law of the Executive Branch, allowing the President of the Republic to manage the Presidential Office remotely through digital technologies when abroad and in the absence of vice presidents. The unconstitutionality claim was filed by more than 25% of the legal number of members of Congress and was resolved by the Constitutional Court in ruling 139/2024, which declared the claim unfounded. The analysis adopts a critical perspective, focusing on the compatibility of the law with Article 115 of the Constitution, which regulates the mechanism for delegating the Presidential Office. It also questions whether a modification of this nature should have been carried out through a constitutional reform and whether the current legal framework on digital governance and cybersecurity is sufficient to guarantee principles such as legality, administrative efficiency, and legal certainty. In conclusion, it is argued that the law introduces a substantial change to the existing constitutional framework, without being properly supported by a constitutional reform or a technically sound regulatory framework. Therefore, it is considered that the regulation is incompatible with the Constitution and raises concerns regarding institutional balance and legal predictability in the exercise of public power.

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Palabras clave

Perú. Tribunal Constitucional--Jurisprudencia, Derecho constitucional--Legislación--Perú, Reformas constitucionales--Perú

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