Informe jurídico sobre la Resolución Nº2971-2023/SPC-INDECOPI

Abstract

El presente informe jurídico analiza la Resolución N.º 2971-2023/SPCINDECOPI, mediante la cual se declaró nula una cláusula penal contenida en un contrato de compraventa inmobiliaria sobre bien futuro, suscrito entre los consumidores Santa Cruz–Solano y la empresa Viva Premium S.A.C. La controversia gira en torno a si dicha cláusula, predispuesta en un contrato de adhesión, resulta abusiva por establecer la pérdida de los montos abonados ante el incumplimiento de tres cuotas consecutivas. A lo largo del análisis, se sostiene que la cláusula penal en cuestión es jurídicamente válida en tanto cumple una función legítima de asignación de riesgos, prevista en los artículos 1341°, 1345°, 1322° y 1428° del Código Civil. Asimismo, se examina el principio de legalidad administrativa, la garantía constitucional del derecho de propiedad en formación y el costo de oportunidad como fundamento económico de la penalidad. De este modo, se argumenta que el INDECOPI incurrió en una interpretación extensiva del artículo 50° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no aplicar de forma armonizada el régimen civil. Finalmente, se propone que, de haberse considerado excesiva la penalidad, debió aplicarse el mecanismo de reducción proporcional del artículo 1322° del Código Civil, en lugar de su anulación total. El informe concluye que el fallo afecta la seguridad jurídica y desincentiva la inversión en contratos inmobiliarios sobre bienes futuros.

This legal report analyzes Resolution No. 2971-2023/SPC-INDECOPI, which annulled a penalty clause included in a real estate sale contract involving a future property, signed between consumers Santa Cruz–Solano and the company Viva Premium S.A.C. The main issue is whether such clause, contained in an adhesion contract, can be deemed abusive due to the loss of payments after three consecutive defaults. The report argues that the clause is legally valid, as it fulfills a legitimate risk allocation function under Articles 1341°, 1345°, 1322°, and 1428° of the Peruvian Civil Code. It also discusses the principle of administrative legality, the constitutional protection of the “property in formation” concept, and the role of opportunity cost as a justification for the penalty. It is maintained that INDECOPI adopted an overly broad interpretation of Article 50° of the Consumer Protection Code, failing to harmonize it with civil contract law. The report concludes that if the penalty was deemed excessive, the appropriate legal remedy would have been the proportional reduction provided by Article 1322° of the Civil Code, not outright annulment. The final assessment is that the decision undermines legal certainty and discourages investment in future property contracts.