Informe sobre expediente de relevancia jurídica, Nº7314-2003-0-1801-JR-CI-15, E-2775, demanda de anulabilidad e indemnización de contrato de adquisición de ADRS por información falsa

Abstract

El presente informe jurídico tiene por finalidad analizar la controversia judicial originada tras la adquisición de 60,700 ADRs del Banco Wiese por parte del Sr. Carlos Lizier a inicios de 1999, operación bursátil que se ve afectada por la falsedad de los estados financieros del banco. La investigación se justifica por la necesidad de delimitar los alcances de la anulabilidad y la responsabilidad civil contractual en contextos de operaciones bursátiles transnacionales complejas, así como por la ausencia de normativa específica sobre contratos conexos en el ordenamiento jurídico peruano. El objetivo principal consiste en determinar si, a pesar de no existir una relación contractual directa entre el inversor y el banco emisor, es posible sustentar jurídicamente la anulabilidad del contrato celebrado, así como la procedencia de una indemnización por daños. La hipótesis parte de que la categoría de contratos conexos permite, bajo una lógica funcional, trasladar los efectos de los vicios de consentimiento entre diversos contratos de una operación bursátil compleja. Se emplea una metodología dogmática y analítica que articula el estudio del derecho civil, bursátil y mercantil, junto con un análisis contable-financiero de los estados contables del Banco Wiese, mediante herramientas como ratios de liquidez conforme a los criterios de inversión de Warren Buffet. Como resultado, se concluye que los estados financieros del banco no reflejan adecuadamente su situación patrimonial, afectando directamente la valuación de los ADRs. Asimismo, se establece que, pese a la inexistencia de vínculo contractual directo, la doctrina de contratos conexos y la acción directa permiten sustentar una relación jurídica válida para exigir responsabilidad civil por la caída del valor de los ADRs. En conclusión, el caso evidencia vacíos normativos en la protección del inversionista y resalta la necesidad de mayor regulación en la transparencia financiera de emisores en mercados internacionales.