Articulación habitacional : nuevas formas colaborativas de acceso a la vivienda en el Perú

Abstract

Desde hace más de tres décadas, el Estado peruano ha ido desvinculándose progresivamente de su responsabilidad histórica en la garantía del acceso a la vivienda social en el país: Primero, mediante la desactivación de las entidades públicas encargadas de su producción; actualmente, no existe ninguna institución estatal dedicada a construir viviendas, ya que las que operaban han sido cerradas o están en proceso de liquidación. Segundo, transfiriendo la generación de vivienda al sector privado. Desde el año 2001, la función del Estado se ha limitado a promover la oferta habitacional a través de programas como MiVivienda y Techo Propio, los cuales continúan vigentes hasta hoy, con modificaciones menores. Tercero, el sector privado se limita a invertir en proyectos que le ofrecen mayor rentabilidad y están dirigidos a ciertos estratos socioeconómicos, con capacidad de ahorro, las viviendas al ser financiados en varios años, los intereses resultan excesivamente caros a largo plazo, inaccesibles para la gran mayoría de peruanos. Haciéndose proyectos en lugares que no son los adecuados para dinamizar la ciudad, ya que responden únicamente a criterios económicos de disponibilidad de terrenos. Las familias más pobres del país recurren a la informalidad y a la autoconstrucción “males necesarios”, ante la nula o limitada acción del gobierno tratado de resolver sus necesidades de vivienda, ingeniándose formas de acceder a una vivienda a falta de una política de Estado. Por tal razón se forman nuevos barrios urbanos marginales en zonas altamente vulnerables por los fenómenos naturales, pues se ocupan zonas en riesgo en cerros, quebradas y márgenes de ríos de manera ilegal a través del tráfico de terrenos y la autoconstrucción. “Actualmente, la policía estima que el 40% de la delincuencia del país esta generada por usurpación de tierras y sus delitos conexos” (Vera, 2018, parr. 1). La presente investigación propone nuevas formas de acceso a la vivienda de interés social como medio (o antídoto) para contrarrestar esa oferta de suelo urbano ilegal, producto del tráfico de tierras, a partir de una renovada participación del Estado. Se plantea impulsar lineamientos estratégicos que promuevan formas colaborativas de gestión y acceso, articulando actores públicos, privados y sociales. Estos buscan ampliar las oportunidades habitacionales para los sectores de menores recursos y contribuir a la transformación urbana, reduciendo la informalidad, la violencia y la segregación.For more than three decades, the Peruvian State has progressively withdrawn from its historical responsibility to guarantee access to social housing in the country. First, by dismantling public institutions previously in charge of housing production; at present, there is no active state agency dedicated to building housing, as those that once operated have either been dissolved or are in the process of liquidation. Second, by transferring housing provision to the private sector. Since 2001, the State’s role has been limited to promoting housing supply through programs such as MiVivienda and Techo Propio, which remain in effect today with only minor adjustments. Third, the private sector is limited to investing in projects that offer higher returns and are aimed at certain socio-economic strata, savings capacity, housing to be financed in several years, interest prohibitively expensive long term, inaccessible to the vast majority Peruvians. Pretending projects in places that are not adequate to energize the city, because they respond only to economic criteria availability of land. The poorest families in the country are turning to the informal sector and the self “necessary evils” to the limited or no government action sought to resolve their housing needs, contriving ways to Access housing in the absence of the state policy. For this reason new urban slums in highly vulnerable areas by natural phenomena are formed as areas at risk in dealing hills, ravines and river banks illegally through traffic land and self. “Currently, police estimated that 40% of crime in the country is generated by usurpation of land and related crimes” (Vera, 2018, párr. 1). This research proposes new forms of access to social housing as a means - or antidote - to counter the illegal supply of urban land resulting from land trafficking, based on a renewed involvement of the State. It seeks to promote strategic guidelines that foster collaborative forms of management and access, articulating public, private, and social actors. These guidelines aim to expand housing opportunities for low-income populations and contribute to urban transformation by reducing informality, violence, and territorial segregation.