¡No queremos canastas, queremos que esto se limpie!: La gestión del plan de acción inmediato y de corto plazo por el Estado peruano durante el derrame de petróleo en Ventanilla en el 2022

Abstract

Esta investigación se centra en el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla el 15 de enero de 2022, en el marco de la Declaratoria de Emergencia Ambiental promulgada mediante la RM N°021-2022-MINAM. Dicha resolución también aprobó el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo. El objetivo de este trabajo es reconstruir las responsabilidades establecidas en el Plan y analizar cómo se ha cumplido con estas tareas para así responder a la pregunta: ¿De qué manera el Estado Peruano ha venido gestionando la emergencia ambiental del derrame de petróleo de Repsol según el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo emitido por el Ministerio del Ambiente durante el periodo de la Declaratoria de Emergencia Ambiental? La hipótesis afirma que, aunque el Estado peruano mostró inicialmente un intento de manejar la emergencia de manera planificada, por ello la aprobación del Plan de Acción; la gestión terminó siendo ineficiente e irresponsable principalmente por dos razones: 1) Las responsabilidades se dispersaron tanto, que las múltiples entidades convocadas fueron incapaces de articularse de forma adecuada. 2) El Estado peruano ha mantenido una relación de permisividad con la empresa y para evitar conflictos, con frecuencia opta por una postura de no tomar decisiones (nondecision making). Con el uso de herramientas de investigación cualitativa, el presente caso de estudio, evidencia que la dispersión de responsabilidades de las instancias estatales se manifestó en tres perspectivas: la ausencia de un liderazgo de conjunto claro; la confusión y desconocimiento de las capacidades de los actores involucrados en el plan; y una falta de sentido de urgencia frente a la emergencia. De igual forma, se constató que la permisividad del Estado hacia la empresa, presente desde antes del derrame, colocó a Repsol en una posición por encima de la ley: pasando por alto controles de calidad y operando sin planes de contingencia actualizados. Además, se halló una tercera actitud al manejar la emergencia: la suplencia. La empresa llegó a suplir el rol estatal sin supervisión pública, en funciones de gran importancia como la remediación del medio ambiente, la atención a los afectados e incluso la administración de la justicia para estos.

This investigation focuses on the oil spill that occurred in Ventanilla on January 15, 2022, in the framework of the Environmental Emergency Declaration promulgated by Ministerial Resolution No. 021-2022-MINAM. This resolution also approved the Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, which assigned various responsibilities to relevant state entities to be fulfilled within a 180-day period, the duration of the Environmental Emergency Declaration. The aim of this study is to reconstruct the responsibilities established in the Plan de Contingencia Inmediato y de Corto Plazo and analyze the extent to which these tasks have been fulfilled. Although the Peruvian State initially demonstrated an attempt to manage the emergency in a planned and unified manner, as it is evidenced by the approval of the Plan de Acción, the management of the emergency proved to be inefficient. This is explained by two reasons: 1) Responsibilities were so dispersed that the multiple entities involved were unable to coordinate effectively. 2) The State maintained a permissive relationship with the company, which hindered its ability to demand that Repsol remedy the disaster. Thus, this case study reveals that the dispersion of responsibilities manifested in three ways: the absence of clear leadership, confusion and lack of awareness regarding the capacities of the actors involved in the plan, and a lack of urgency in addressing the emergency. Additionally, it was found that the State's permissiveness toward the company existed even before the spill occurred. Finally, the information gathered also showed that the State's neglect of the spill ended up putting the company assuming the State's role in remediating the environment and assisting those affected.