¿Protegiendo la libre competencia?: la criminalización de las prácticas anticompetitivas en el Perú a partir de un análisis del delito de abuso de poder

Abstract

La presente tesis analiza la legitimidad y la técnica legislativa de la criminalización de las prácticas anticompetitivas en el Perú, centrada en el estudio del delito de abuso de poder económico tipificado en el artículo 232 del Código Penal. Tras su reincorporación en el año 2020 y su posterior modificación en el 2023, el trabajo evalúa si la configuración actual de este ilícito respeta los principios constitucionales que limitan el ius puniendi estatal, en el marco de un modelo de protección conjunta donde confluyen el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal. A través de un enfoque dogmático e interdisciplinario, la tesis examina los fundamentos del Derecho Penal Económico y la flexibilización de sus garantías clásicas, así como el rol del Estado en la Economía Social de Mercado, como fundamento para la persecución penal de las conductas que lesionan la libre competencia. Y, de manera específica, se aborda la problemática tensión con los principios de legalidad, última ratio y, fundamentalmente, de ne bis in ídem. Así, se sostiene que el tipo penal vigente sanciona conductas que ya son objeto de persecución en la vía administrativa. El análisis concluye que, si bien la reforma de 2023 acertó al restringir el tipo penal únicamente a los acuerdos colusorios sujetos a prohibición absoluta (hardcore cartels), subsisten los desafíos para evitar la duplicidad sancionadora. Se valora positivamente la inclusión del requisito de procedibilidad y la exención de responsabilidad para el primer delator en el programa de clemencia, elementos que dotan de coherencia sistémica al modelo de represión de cárteles. Sin embargo, como propuesta de lege ferenda para superar los conflictos constitucionales identificados, se plantea la necesidad de reenfocar el umbral de punibilidad. Se propone incorporar un criterio cualitativo de lesividad en el tipo penal, a través de fórmulas como la verificación de "graves daños al bienestar de los consumidores". De esta forma, además de justificar la mínima intervención del Derecho Penal, se busca romper la identidad de fundamento con la infracción administrativa, reservando la intervención penal para los casos de mayor trascendencia social y daño material efectivo, garantizando que los agentes económicos no sean desprovistos de la seguridad jurídica que debe regir al ordenamiento jurídico.