Gestión estatal del conflicto socio-ambiental de "Tía María" en Arequipa: análisis del período 2007-2017

Abstract

La presente es una investigación de tipo cualitativa que se planteó el objetivo de comprender la gestión estatal del conflicto socio-ambiental de "Tía María" en Arequipa, en el período 2007-2017. Los ejes conceptuales son dos: uno sobre la naturaleza del conflicto social y otro sobre las capacidades de la gestión estatal. Para el primer eje asumimos la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales (Tilly 1978, McAdam 1982, Tarrow 1983) porque permite comprender las diferentes complejidades de los movimientos y conflictos sociales, y su interrelación con las estructuras institucionales sociales y estatales. Para el segundo eje adoptamos la definición de capacidad estatal desarrollada por Fabián Repetto quien la entiende como “la aptitud de las instancias gubernamentales de plasmar a través de políticas públicas los máximos niveles posibles de valor social” (Repetto 2004: 8). De este autor también tomamos definiciones de “capacidad administrativa” y “capacidad política” del Estado. Las técnicas de recolección de información fueron la entrevista a profundidad (semiestructurada) y el análisis de fuentes secundarias. Los tipos de actores elegidos para las entrevistas fueron: primero, pobladores y dirigentes opuestos al proyecto minero. Segundo, representantes de la empresa minera Southern Copper Corporation. Tercero, funcionarios de instituciones estatales principalmente de nivel regional y local, cuyas funciones estuvieron relacionadas al conflicto. También entrevistamos a miembros de la sociedad civil que tuvieron participación en episodios del conflicto. Se realizaron tres estancias de trabajo de campo en el Valle de Tambo. Fueron 25 actores entrevistados en 2016. La observación participativa se realizó en 2015. Como resultado encontramos siete características de falta de capacidad estatal para gestionar conflictos sociales. Primero, desarticulación y centralismo del gobierno nacional. Segundo, pérdida de la imparcialidad del Estado. Tercero, gestión estatal favorable a la empresa minera, lo que ha generado que la población perciba al Estado como ausente y desinteresado de las necesidades locales. Cuarto, falta de capacidades legales y administrativas para fiscalizar operaciones extractivas. Quinto, pérdida de capacidad para canalizar demandas de la población. Sexto, pérdida de capacidad técnica para evaluar proyectos mineros. Séptimo, gestión deficiente del uso de la fuerza policial bajo un enfoque de criminalización de la protesta.