Informe Jurídico sobre la Sentencia del Expediente N.° 00008-2024-PI/TC

Abstract

El presente informe jurídico tiene por finalidad analizar la Sentencia del Expediente N.° 00008-2024-PI/TC, emitida por el Tribunal Constitucional. Esta decisión resuelve la demanda de inconstitucionalidad planteada por la Defensoría del Pueblo, en contra del Decreto Legislativo N.° 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, debido a presuntas vulneraciones a los derechos de propiedad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, así como al principio de irretroactividad de las normas y de seguridad jurídica. Las consecuencias de la sentencia dejaron sin efecto la amplitud del ámbito de aplicación y la intemporalidad de la acción al declararlas inconstitucionales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia interpretativa que incidió en otros aspectos del proceso como su naturaleza, la firmeza de sus sentencias, la introducción de conceptos de la dogmática penal como la presunción de inocencia y el estándar probatorio más allá de toda duda razonable, además de la eliminación de la buena fe cualificada. En consecuencia, se realizó el análisis teniendo en cuenta el fin político criminal de la extinción de dominio, lo cual no significa que sea un proceso penal, como pretende la sentencia, sino un proceso único y especial (sui generis) del ordenamiento. Este proceso busca esclarecer la condición de licitud de la relación patrimonial entre el requerido y los bienes que son demandados por su presunta vinculación con el crimen. En ese sentido, se evalúan las incompatibilidades que darían lugar en el proceso si se somete equivocadamente al derecho penal, tales como su eficiencia, el respeto a los valores constitucionales de la propiedad honesta y legal, y las garantías procesales acordes a su materia de juzgamiento: el patrimonio delictivo.This legal report aims to analyze the Constitutional Court's ruling on Case File 00008- 2024-PI/TC. This decision resolves the claim of unconstitutionality filed by the Ombudsman's Office against Decree Law 1373 due to alleged violations of the right to property, due process, and the principle of non-retroactivity of laws. The consequences of the ruling nullified the broad scope of application and the timelessness of the action by declaring them unconstitutional. However, the Constitutional Court issued an interpretative ruling that affected other aspects of the process, such as its nature, the finality of its judgments, the introduction of concepts from criminal law doctrine such as the presumption of innocence and the standard of proof beyond a reasonable doubt, as well as the elimination of the qualified good faith requirement. Consequently, the analysis was conducted taking into account the political and criminal purpose of asset forfeiture, which does not mean it is a criminal process, as the ruling claims, but rather a unique and special (sui generis) process within the legal system. This process seeks to clarify the legality of the patrimonial relationship between the accused and the assets claimed due to their alleged connection to crime. In this regard, the incompatibilities that would arise in the process if it were mistakenly subjected to criminal law are evaluated, such as its efficiency, respect for the constitutional values of honest and legal property ownership, and the procedural guarantees appropriate to its subject matter: the proceeds of crime.