Informe Jurídico sobre la Sentencia 343/2020 recaída en el Expediente N°00012-2019-PI/TC a propósito de la Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un conjunto de ciudadanos contra la Ordenanza 014-2018- MPSCH expedida por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco

Abstract

La investigación analiza la Sentencia N° 343/2020 del Tribunal Constitucional, que resuelve la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 650 ciudadanos contra la Ordenanza N° 014-2018-MPSCH de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. Esta se desarrolla sobre 3 problemas. Primero se examinará la constitucionalidad de la creación de Áreas de Conservación Municipal (ACM) por parte de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. En segundo lugar, la irregularidad jurídica en la creación de ACM, figura derogada en 2007, evidenciando vacíos normativos y un defecto estructural en la regulación ambiental local. Así como también la forma en la que el fallo se enmarca en un contexto de litigios frecuentes por proyectos mineros en cabeceras de cuenca, donde se emplean zonas de intangibilidad o ACM para restringir actividades extractivas bajo el supuesto de la protección de recursos hídricos. Por lo que, como tercer problema, a analizar es el de la naturaleza jurídica del recurso hídrico, su relevancia en el caso y cómo la sentencia redefine competencias en un Estado descentralizado, equilibrando derechos en conflicto y mostrando tensiones entre legalidad formal y demandas socioambientales contemporáneas.

This research analyzes Constitutional Court Ruling No. 343/2020, which resolves the unconstitutionality claim filed by 650 citizens against Ordinance No. 014-2018-MPSCH of the Provincial Municipality of Santiago de Chuco. This ruling addresses three issues. First, it examines the constitutionality of the creation of Municipal Conservation Areas (MCAs) by the Provincial Municipality of Santiago de Chuco. Second, it examines the legal irregularity in the creation of MCAs, a provision repealed in 2007, which highlights regulatory gaps and a structural defect in local environmental regulation. It also examines how the ruling fits into a context of frequent litigation over mining projects in headwater basins, where intangibility zones or MCAs are used to restrict extractive activities under the pretext of protecting water resources. Therefore, the third question to be analyzed is the legal nature of the water resource, its relevance in the case, and how the ruling redefines powers in a decentralized state, balancing conflicting rights and revealing tensions between formal legality and contemporary socio-environmental demands.