Informe Jurídico sobre la Casación N.° 911-2018 Lambayeque

Abstract

En el ordenamiento jurídico peruano, los actos de corrupción responden al despliegue de conductas de los funcionarios públicos y particulares que muestran una evidente transgresión al correcto funcionamiento de la Administración Pública. Así, se prevé como ilícitos penales la concertación para defraudar al Estado, la solicitud de ventaja para cumplir o dejar de cumplir un deber funcionarial, la apropiación o uso de bienes propios del Estado por parte de un funcionario quien los tenía en custodia en razón de su cargo, así como otras acciones donde la defraudación hacia el Estado es evidente. Sobre el tráfico de influencias no es posible afirmar lo mismo. Hay quienes asumen que este ilícito penal en realidad sanciona los actos preparatorios frente a la comisión de un posterior delito. En este contexto se ubica el tráfico de influencias en cadena a partir del cual se introduce la figura del instigador en cadena el cual no se encuentra previsto en el Código Penal peruano. Sin embargo, su incidencia dentro del marco de la corrupción conlleva a que su estudio y análisis sea de vital importancia. En ese sentido, el presente Informe Jurídico realizado a partir del análisis de la Casación N.° 911-2018 Lambayeque tiene como principal objetivo el determinar si el ordenamiento jurídico penal peruano concibe como jurídicamente viable la admisión de la imputación por delito de tráfico de influencias en cadena. Para ello, este informe de investigación ha empleado distintos recursos tales como jurisprudencia, doctrina y normativa nacional, los cuales fueron necesarios para resolver esta conjetura.In the Peruvian legal system, the acts of corruption result from behaviour of public officials and private individuals, which is a clear violation of the proper functioning of the public administration. Thereby, it is provided for as criminal offences the collusion to defraud the State, the request of advantage to perform or fail to perform an official duty, the appropriation or use of property belonging to the State by an official who had them in custody on account of his office, as well as other actions where fraud against the State is evident. The same cannot be said of influence peddling. Some assume that this criminal offence actually penalizes preparatory acts against the commission of a subsequent crime. This is the context of the chain of influence trafficking, which introduces the figure of the chain of instigator, which is not provided for in the Peruvian Penal Code. However, its incidence within the framework of corruption means that its study and analysis is of vital importance. In this regard, the main objective of this Legal Report, based on the analysis of Cassation No. 911-2018 Lambayeque, is to determine whether the Peruvian criminal legal system considers the admission of charges for the crime of influence peddling as legally viable. To this end, this research report has employed various resources such as national case law, doctrine and regulations, which were necessary to resolve this conjecture.