2. Maestría

Permanent URI for this communityhttp://98.81.228.127/handle/20.500.12404/2

Tesis de la Escuela de Posgrado

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 10
  • Thumbnail Image
    Item
    Inadecuada gestión en la distribución de los expedientes administrativo disciplinarios en las Oficinas de Disciplina de Lima de la Inspectoría General PNP. Período 2019-2023
    (Pontificia Universidad Católica del Perú., 2024-11-12) Siancas Cabrera, Ricardo Nicolás; Vera García, Carlos Enrique; Rivero Isla, Juan Carlos
    El presente estudio analiza la problemática de la Inspectoría General de la Policía Nacional sobre el rol que debe cumplir en su función de investigación y decisión, que por una inadecuada gestión en los procesos administrativos no se viene cumpliendo los fines de la administración disciplinaria. Lo que se evidencia en el estudio del 2019 al 2023, con las crudas cifras estadísticas del máximo órgano de control disciplinario de la PNP que establecen una carga administrativa que supera los 28,172 expedientes administrativos por infracciones graves y muy graves, cuyo gran número de los casos han caducado y prescrito, dando lugar al archivamiento en las diversas instancias administrativas. Siendo Lima Metropolitana una de las ciudades en el país con un total de 15,307 expedientes administrativos que representa el 54.33% de la carga administrativa nacional. Finalmente, considerando que el lugar de estudio es la ciudad de Lima, específicamente en la Región Policial de Lima, la presente innovación busca un cambio estructural en la organización policial, mediante la creación en las Oficinas de Administración de las Oficinas de Disciplina en las Comisarías y de las Inspectorías Descentralizadas en las Divisiones Policiales. Lo que permitirá desconcentrar la función de la investigación y decisión de los procesos administrativos disciplinarios por infracciones graves, con la dependencia funcional de sus efectivos, de la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General de la PNP.
  • Thumbnail Image
    Item
    Programas de cumplimiento en el sector pesquero industrial y su relación con el administrativo sancionador
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-02-22) Corzo Quinteros, Yasmin Vanessa; Tassano Velaochaga, Hebert Eduardo
    El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, plantear la necesidad de establecer un programa de cumplimiento en el sector pesquero extractivo industrial, que dote a los administrados de las herramientas para fortalecer el cumplimiento normativo al interior de sus compañías y provea al ente rector en materia sancionadora pesquera de las herramientas legales para evaluar adecuadamente el procedimiento administrativo sancionador. Para ello, se analiza doctrina y pronunciamientos de los órganos administrativos sancionadores en materia pesquera y los argumentos de defensa de los administrados, pasando además por un riguroso análisis de la aplicación del principio de culpabilidad, considerando los factores exógenos que aplican a esta actividad, como son el clima, salinidad del mar, corrientes marinas, otros. Estudiaremos así, el actuar preventivo de los administrados en esta actividad económica atípica y si éste, además de otras actuaciones diligentes, podrían conformar un programa de cumplimiento pesquero que conlleve a un tratamiento especial de la responsabilidad, ya sea la exoneración o la atenuación, conforme lo prevé la Ley de Procedimiento Administrativo General, arriesgándonos a afirmar entonces que un programa de cumplimiento en el sector extractivo pesquero industrial debidamente implementado podría variar el resultado del procedimiento administrativo sancionador, concluyéndose así que sería retador pero beneficioso para todos los actores de este rubro, regular programas de cumplimiento voluntarios.
  • Thumbnail Image
    Item
    Buenas prácticas en materia de solución de controversias en contratación pública ante tribunales administrativos en el Perú
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-05-06) Chang Alvarado, Maria Mercedes; López Villanes, Noam Dante Valentín
    El objetivo principal de la investigación es determinar cómo se producirían los actos de deficiencia funcional y presuntamente de corrupción a partir de la dinámica social e interrelación entre actores, procedimientos, prácticas y sistemas organizativos del Tribunal de Contrataciones del Estado, periodo 2017 al 2019. Ello, a partir de la descripción de la estructura, organización, recursos y funcionamiento interno y de cara a los usuarios del Tribunal, comprender las reglas institucionales que generan límites y oportunidades para los implementadores de políticas públicas de lucha anticorrupción en la entidad e identificando aquellos espacios sensibles a prácticas de deficiencia funcional o incluso de actos de corrupción. El Tribunal de Contrataciones del Estado es competente para resolver los procedimientos administrativos-sancionadores durante el proceso de selección y de resolver los recursos de apelación de los participantes. Además que existe un arduo trabajo por parte del OSCE en la lucha contra la corrupción, ya que en los últimos años se ha aprobado diversos documentos normativos que promueven una conducta anticorrupción. Por último, se observó que existen múltiples factores asociados a los actores del Tribunal de Contrataciones del Estado que pueden devenir en ineficiencia funcional y/o corrupción, estos factores son, la ausencia de personal y de promoción de especialistas legales, la ineficiente gestión de expedientes, la poca capacitación en valores y la rotación de personal.
  • Thumbnail Image
    Item
    El principio de retroactividad benigna: un tema no zanjado en el ámbito sancionador tributario
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-12-17) Izquierdo Salazar, Ronald Jesus; Villagra Cayamana, Reneé Antonieta
    En el presente trabajo de investigación se aborda la problemática respecto a la aplicación del principio de retroactividad benigna en el ámbito sancionador tributario, dado que se trata de una discusión que, a nuestra consideración, aún no se encuentra resuelta, pues si bien la SUNAT y el Tribunal Fiscal reiteradamente han señalado que este principio no resulta aplicable al ámbito sancionador tributario, ello no ha sido así en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial, que han reconocido la aplicación de este principio. En ese sentido, lo que se busca plantear es que, a pesar de lo dispuesto en el artículo 168° del Código Tributario y la modificación efectuada mediante el Decreto Legislativo No. 1311, en realidad existen diversas razones por las que este principio resultaría plenamente aplicable. Es así que, atendiendo (i) a los límites del ius puniendi del estado, (ii) a las reglas de interpretación normativa de las leyes y la Constitución Política del Perú, (iii) al derecho fundamental a la igualdad, (iv) a las normas tributarias de países de Latinoamérica, (v) a la normativa tributaria nacional, (vi) a la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial y (vii) a que existen supuestos no contemplados en el artículo 168° del Código Tributario; es que podemos concluir que, este tema aún no ha sido zanjado, pues el principio de retroactividad benigna no se sustenta únicamente en normas de jerarquía legal, sino que también tiene un sustento Constitucional.
  • Thumbnail Image
    Item
    Modificación de las tablas de infracciones y sanciones de la Ley 30714 y optimización de la calificación de denuncias en el procedimiento administrativo disciplinario de la Policía Nacional del Perú
    (Pontificia Universidad Católica del Perú., 2021-11-26) Gamarra Villanueva, José Luis; Paico Cayao, José Angel; Miranda Ayala, Rafael Alberto
    El trabajo de investigación tiene como finalidad optimizar los procesos que realizan los órganos disciplinarios de la PNP, al haberse percibido que existe una carga procesal significativa de expedientes administrativos disciplinarios no resueltos, o expedientes resueltos sin llegar a determinarse responsabilidad disciplinaria alguna para los presuntos infractores, adicionalmente a ello se suman los expedientes prescritos y caducados, esto hace necesaria la reorientación de las actuales políticas disciplinarias. Las hipótesis propuestas se fundamentan en el incremento de la carga procesal de expedientes, de los casos de prescripción y caducidad; así como, en el incremento del porcentaje de infracciones cometidas en un sector definido de la PNP. La investigación realizada es de tipo descriptivo, habiéndose analizado información relevante, los instrumentos aplicados son la guía de observación y guía de entrevistas, el prototipo ha sido validado mediante el proceso de testeo de expertos, en ese sentido, se concluye, que es necesaria la modificación de las actuales tablas de infracciones previstas en la Ley N° 30714, a efectos de optimizar el procedimiento disciplinario, haciéndolo más agil, eficiente, oportuno y menos burocrático, contribuyendo a disminuir la actual carga procesal y coadyuvando al fin preventivo, educativo y formador de disciplina en el personal policial.
  • Thumbnail Image
    Item
    La aplicación del principio de proporcionalidad en la determinación de las sanciones administrativas producidas como resultado de la inspección laboral
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-09-16) Vásquez Rios, Juliana Daysith; Aguinaga Meza, Ernesto Alonso
    El presente artículo tiene como intención demostrar la importancia de la aplicación del principio de proporcionalidad como criterio hermenéutico para la argumentación de las decisiones producidas como resultado de las Sanciones Administrativas en materia Socio Laboral, respaldando esta postura con argumentos legales y dogmáticos que permitirán justificar acertadamente su empleo, logrando demostrar que la aplicación de este principio conlleva al ejercicio eficiente de la potestad sancionadora en materia laboral, logrando un adecuado cumplimiento de la finalidad misma de las inspecciones laborales, que es la protección a los derechos del trabajador; para lograr este objetivo, nos detendremos no solo a realizar una interpretación sistemática de las normas laborales realizaremos un análisis detallado de las resoluciones administrativas emitidas por el órgano de inspección laboral , lo que nos permitirá verificar que las autoridades inspectivas en la mayoría de casos omiten la valoración de este principio como fuente de argumentación limitándose a desarrollar una interpretación literal de la norma y omitiendo el estudio de las condiciones especiales de cada caso, lo que da lugar a pronunciamientos indebidamente motivados y que puede poner en riesgo aun naciente sector empresarial y al propio derecho de los trabajadores; este estudio en su conjunto, nos permitirá establecer el momento legalmente válido para la aplicación del Principio de Proporcionalidad como criterio para la determinación de sanciones laborales, dentro del sistema de determinación de sanciones administrativas empleados por la autoridad laboral hasta el día de hoy, lo que brinda relevancia práctica al estudio desarrollado
  • Thumbnail Image
    Item
    Reflexiones sobre los criterios de agravamiento de la sanción inspectiva laboral a la luz de los principios del derecho administrativo sancionador
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-07-13) Cavalié Cabrera, Paul Carlos Elías; Arce Ortíz, Elmer Guillermo
    Hoy, ciertamente, se viene asentando en nuestro país como una rama específica de estudio lo que vendría en denominarse el Derecho Administrativo Laboral, uno de cuyos tópicos o ámbitos más interesantes, a su vez, es el referido a su aspecto sancionador. Este trabajo se plantea examinar, a partir del surgimiento y desarrollo de las potestades reglamentarias y sancionadoras atribuibles a la Administración Pública, cómo estas se materializan en el campo de la fiscalización laboral, y más concretamente, en el establecimiento de las infracciones y en la imposición de sanciones. En un estado democrático de derecho se suele asumir que un reparto natural o ideal de las potestades hace recaer en el Legislativo la de establecer las infracciones y las subsecuentes sanciones a imponer a los ciudadanos, vistas las afectaciones que se producen sobre ellos. Nuestro trabajo insiste, más bien, en evidenciar lo que la doctrina administrativista y constitucional reconocen hoy como un fenómeno creciente en el campo administrativo sancionador: el de la “colaboración reglamentaria”. Se entiende por ella a la suerte de delegación por parte del legislador al normalmente reglamentador (entidades del Ejecutivo), de la casi totalidad de sus roles propiamente punitivos: la determinación de las infracciones, la asignación del nivel de su gravedad, las sanciones a imponer, los supuestos de agravamiento de estas sanciones, entre otros aspectos. De ahí que en el presente trabajo terminemos por denominarlo como un “reglamentador punitivo laboral”, distinto, en este caso, de su tarea clásica de dotar de precisiones a una ley. Luego de repasar los distintos mecanismos de agravamiento de las sanciones, contenidos en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, examinamos los bienes jurídicos que explicarían el porqué de estos casos que conllevan a un “plus” de punición. Finalmente, precisamente por encontrarnos instalados en un estado democrático de derecho, buscamos someter estos mecanismos de agravamiento a un examen que si bien ha de tomar en cuenta los importantes bienes jurídicos que sustentan este refuerzo de la sanción, debe conciliarlos, también, con los principios del derecho administrativo sancionador
  • Thumbnail Image
    Item
    Garantía del derecho a la reparación en el marco de normas contenidas en el código de protección y defensa del consumidor
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-12) Rodriguez Castillo, Karen Milagros; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
    El Tribunal Constitucional reconoce a favor de los consumidores el derecho a la reparación, lo hace al interpretar el artículo 65 de la Constitución, sustentando una pluralidad de principios, dentro de los que se encuentra el restitutio in integrum. Principio que debe ser entendido como el restablecimiento de la situación anterior a la comisión de una infracción, lo que no siempre es posible, por ello la indemnización juega un rol de trascendente importancia. Se puede manifestar entonces que el derecho en mención está garantizado en un contexto en el que se da viabilidad a ambos supuestos, lo que no es factible a través del procedimiento administrativo sancionador, que posibilita se orden únicamente medidas correctivas para resarcir consecuencias patrimoniales directas e inmediatas. Esta situación, queda evidenciada en resoluciones que emite la Sala Especializada en Protección al Consumidor, si se toma en cuenta que las infracciones que dan sostenibilidad a lo resuelto, trascienden las consecuencias mencionadas, sin que el INDECOPI pueda ir más allá. A ello se debe agregar que el arbitraje de consumo, tal como está planteado, no permite la garantía del derecho a la reparación. Al ser voluntario se genera un punto de quiebre en la aceptación del proveedor a someterse al mismo, frente a la solicitud del consumidor u optar por la adhesión. Agrava esta situación que se deja en consideración de los proveedores el establecimiento del monto máximo por concepto de indemnización, incluso determinar los conceptos. Además, se excluye la indemnización por daño moral. Y si bien, la vía judicial está pensada en la indemnización, existen barreras relacionadas a la competencia que no lo hacen viable. En efecto, cuando se trata de procesos de indemnización se da prevalencia a la competencia por la materia. Lo que implica que los jueces de paz letrado se pueden pronunciar únicamente en casos que provienen de accidentes de tránsito. Frente a ello, están los jueces civiles que declaran improcedentes las demandas presentadas por razón de la cuantía, ya sea en el marco de un proceso sumarísimo o abreviado. En este contexto, queda únicamente expedito el proceso de conocimiento, que es lato y oneroso, para que se pueda solicitar una indemnización, pese a que el valor de lo pretendido sea incluso menor a 50 URP. Por ello, la solución encuentra cabida en la ampliación de la competencia de los juzgados de paz letrado.
  • Thumbnail Image
    Item
    Rediseño procesal frente a la ineficacia del proceso de registro de sanciones disciplinarias en la base de datos de la Dirección de Recursos humanos de la Policía Nacional del Perú
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-09-01) Pedrera Ruiz, Juan Manuel; Ramos Morales, Leonidas Lucas
    Para salvaguardar la disciplina policial, todo el personal se encuentra sujeto al Reglamento de Régimen Disciplinario, el mismo que regula las faltas cometidas entre ellas las denominadas leves que no revisten mayor gravedad conductual; pero que, deben ser registradas, sistematizada y validada en el Sistema Web de Administración de Recursos Humanos (SIWARH),de esta forma genere en el infractor una disminución en su puntaje de disciplina que se inicia en el año con 100 puntos; sin embargo, un número significativo de estas sanciones no llegan a ser registradas y validadas por diferentes motivos. En este contexto, la presente investigación intenta dar solución al problema de la ineficacia del proceso de registro y validación de las órdenes de sanción simples, a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú (DIRREHUM-PNP); para ello, se propone reformar el registro y validación otorgando competencia y responsabilidad a las Oficinas de Administración de las Divisiones Policiales o Unidades con similar equivalencia de rango, para que estas sistematicen, registren y validen directamente en el SIWARH las órdenes de sanción simple; y una vez validada, remitir la orden de sanción a la División de Procesos Disciplinarios (DIVPD) de la DIRREHUM PNP, quien tendrá la responsabilidad del monitoreo, supervisión y control en forma permanente; asimismo, se plantea de forma innovadora potenciar el control y verificación diaria y/o periódica de la sistematización, registro y validación de las órdenes de sanción simple, que se hagan en el SIWARH en forma coordinada entre la DIVPD y los Jefes de las Oficinas de Administración de las Divisiones policiales. Como conclusiones se ha establecido la deficiente capacidad de los encargados actuales del registro de las órdenes de sanción simple en el SIWARH, el deficiente diligenciamiento de las órdenes de sanción simple; y la deficiente supervisión y control de la DIVPD; asimismo, las propuestas de innovación se centran en el otorgamiento de la potestad de validación a las unidades policiales con rango o equivalencia de División y la reorganización del sistema de control y supervisión de este registro y validación; estableciéndose su viabilidad económica, organizacional, normativa y operativa.
  • Thumbnail Image
    Item
    Diseño de penalidades y sanciones administrativas en los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público en el Perú: lineamientos para su definición y aplicación
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-05-24) Zúñiga Velarde, Landher Alejandro; Ruiz Diaz, Gonzalo Martín
    La presente investigación contiene el estudio de dos herramientas jurídicas que emplea el Estado Peruano en la relación contractual que mantiene con los concesionarios que participan en el mercado de infraestructura de transporte de uso público. Estas herramientas son las penalidades y las sanciones administrativas. Las primeras tienen naturaleza civil y buscan garantizar el cumplimiento de una obligación; y las segundas, poseen naturaleza administrativa y cumplen un rol punitivo por la transgresión a las normas. Por lo tanto, si bien ambas permiten desincentivar los incumplimientos en los que pudieran incurrir los concesionarios, deben tramitarse desde sus respectivos procedimientos. Sin embargo, en el sector de infraestructura de transporte se ha presentado una confusión conceptual porque se ha creado un procedimiento especial para aplicar las penalidades, el cual dista de la naturaleza civil que tienen tales figuras y las aproxima al ámbito del derecho administrativo sancionador. Así ha ocurrido que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) ha emitido una Directiva a través de la cual crea una vía administrativa para imponer las penalidades, como si éstas fueran sanciones administrativas. La situación antes descrita incide sobre la integridad de los contratos de concesión en tanto que deja sin efecto la cláusula de solución de controversias, llevando los conflictos a sede judicial como última instancia. Esto genera tres potenciales problemas: incertidumbre y riesgo regulatorio, incremento de costos de transacción a nivel contractual e ineficacia del sistema de cumplimiento. En este contexto, la tesis aborda el análisis de las penalidades y las sanciones administrativas, considerando lo establecido en el marco normativo y el criterio expuesto por el OSITRAN, con el fin de esclarecer que son figuras que requieren un procedimiento de aplicación acorde con su naturaleza jurídica. A su vez, deja en evidencia que el problema se origina por la confluencia innecesaria de ambas, al haberse asignado para un mismo tipo de incumplimiento en los contratos de concesión. En nuestro estudio se concluye que OSITRAN carece de competencia legal para regular un procedimiento de aplicación de penalidades. Asimismo, se hace visible que la confusión conceptual involucra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por haber incluido, en los contratos de concesión, un régimen de penalidades que adolece de los defectos mencionados. Por ello, en esta investigación se analiza el régimen de penalidades con el fin de identificar los incumplimientos que sólo deberían ser objeto de penalidades y no de sanciones administrativas. De este modo, se le asigna a cada herramienta el uso que le corresponde según su naturaleza, reduciendo así la posibilidad de que puedan confluir sobre un mismo tipo de incumplimiento. Finalmente, como último propósito de la tesis, se plantea la idea de mejorar el procedimiento establecido en la Directiva, armonizándolo con el mecanismo de solución de controversias pactado por las partes, haciendo uso de la regulación responsiva; y se elaboran unos Lineamientos para la formulación de una cláusula que regule el régimen de penalidades en los contratos de concesión que a futuro se suscriban o que forme parte de las modificaciones contractuales a insertarse en los proyectos de inversión que así lo requieran.