2. Maestría

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La confidencialidad en los arbitrajes bajo las normas de contrataciones del Estado. Una reflexión a propósito de los actos de corrupción cometidos en sede arbitral
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-14) Durand Díaz, Augusto Luis; Higa Silva, César Augusto
Como punto de partida, se menciona al arbitraje como concepto, su naturaleza jurídica, los principios que les rodea y su vinculación con el orden público. Aquí aparece, una de sus características fundamentales: la confidencialidad que, por ser privada, busca resguardar el prestigio y/o reputación de las partes y de los árbitros. Más adelante, se aborda el objetivo de esta tesis; describir y discutir una realidad jurídica en el arbitraje bajo las normas de contrataciones del Estado, las cuales cuentan con dos elementos propios del sector público: (i) el interés público y (ii) el principio de transparencia abarca, entre otros aspectos, el derecho fundamental a obtener la información. En ese escenario, la confidencialidad se confronta con el interés público en esta clase de arbitrajes. Así, podemos observar que, a nivel normativo, se presenta lo siguiente:  En la ley de arbitraje, está regulada la confidencialidad y ésta se aplica supletoriamente en las normas de contrataciones con el Estado.  Si una de las partes esel Estado, debe primar el interés público y el buen uso delos recursos públicos; advirtiéndose que la Ley de Arbitraje es aplicables para ambas situaciones. Sin embargo, entre particulares no es obligatoria la transparencia. Esta tensión normativa hizo que estos arbitrajes fuesen un potencial factor creador de espacios de corrupción, lo que implica considerar la posibilidad de crear un marco normativo independiente de arbitraje estatal que pueda armonizar a la confidencialidadcon el interés público y el principio de transparencia bajo las normas de contrataciones del Estado.
El arbitraje como mecanismo de solución de controversias para los compromisos adoptados en el marco del procedimiento de control de concentraciones en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-05-23) Quintanilla Gutierrez, Alejandra Sofia; Tassano Velaochaga, Hebert Eduardo
Cuando la autoridad de competencia peruana realiza la revisión de una operación económica a partir del régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial, tiene la posibilidad de aprobarla estableciendo condiciones, o aceptando los compromisos de las partes involucradas en la operación. Ambas, los compromisos y las condiciones se van a materializar como obligaciones en cabeza de los agentes económicos involucrados en la operación económica con el objetivo de evitar o mitigar posibles efectos negativos a la competencia que pudieran derivarse de la operación de concentración empresarial. Dichas obligaciones pueden ser incumplidas por los agentes económicos, en cuyo caso, la autoridad de competencia puede sancionar administrativamente a las empresas de la operación de concentración. Pero ¿qué ocurre si el incumplimiento de las condiciones genera daños en los competidores? ¿la única forma de conseguir tutela indemnizatoria es la vía judicial? La propuesta del presente trabajo es la posibilidad de otorgarle una adecuada tutela a los competidores a partir de un mecanismo de resolución de disputas como el arbitraje. Cada una de las obligaciones puede ser fiscalizada y, ante su incumplimiento, puede ser llevada por uno de los competidores ante un arbitraje para demandar el incumplimiento de un acuerdo entre privados y solicitar la tutela que considere correspondiente. En ese sentido, es innovadora la propuesta de arbitrar las controversias que surjan ante el incumplimiento de los compromisos por la parte fusionada/estructurada, cuidando que la misma no usurpe un rol que solo le compete a la autoridad de competencia. Y, en efecto, no lo usurpa, en la medida que los compromisos son obligaciones de hacer y no hacer establecidas por las empresas que forman parte de la operación a fin de no vulnerar la competencia del mercado relevante al que pertenecen. Cada una de las obligaciones puede ser fiscalizada por la autoridad de competencia (independientemente de si existe una cláusula arbitral entre los agentes económicos) y, ante su incumplimiento, se puede buscar la tutela indemnizatoria para los competidores afectados ante un arbitraje para demandar el incumplimiento de un acuerdo entre privados y solicitar la tutela que considere correspondiente.
El arbitraje en aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado: a propósito de su obligatoriedad en los contratos domésticos del Estado con privados
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-10-21) Iglesias Palza, Pablo Antonio; Tabra Ochoa, Edison Paul
La Ley de Contrataciones del Estado vigente en el Perú, reconoce como mecanismo heterocompositivo de solución de controversias obligatorio, salvo excepciones, al arbitraje. Al estipular al arbitraje como obligatorio, se desnaturaliza la figura de esta institución jurídica como mecanismo adecuado de solución de controversias, dado que éste es esencialmente voluntario. Bajo este orden de ideas, a partir de la identificación, comparación y análisis de un supuesto normativo que es real en el Perú: la obligatoriedad del arbitraje en los contratos de los que forma parte el Estado bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE); se postula, en aras de la coherencia que debe imperar en nuestro Sistema Jurídico, devolverle la voluntariedad como carácter esencial, proponiendo soluciones que a la vez de significar modificaciones legislativas que guardan coherencia con nuestra Constitución y la Ley que norma el Arbitraje, suponen un verdadero entendimiento de la institución arbitral y una coherente utilización de éste como mecanismo de solución de controversias, garantizando la Autonomía de la Voluntad, la Tutela Jurisdiccional Efectiva y el respeto de los derechos de los contratantes en los contratos públicos en el ámbito de la LCE, bajo un marco de Legalidad.

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