Facultad de Derecho
Permanent URI for this communityhttps://hdl.handle.net/20.500.12404/8340
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Item La prueba documental en los procedimientos administrativos sancionadores en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Espinal Orihuela, Keving Blass; Limay Chávez, RaquelEl objetivo del trabajo es analizar si en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores la prueba documental no resulta ser suficiente para acreditar un hecho limitando el derecho a la prueba. Desde un enfoque cualitativo, el estudio aplica el método de análisis de fuente documental, principalmente de la doctrina y de la jurisprudencia nacional, la misma que permite contrastar los hallazgos y resultados. En ese sentido, se concluye que la autoridad administrativa en este caso el OEFA, no viene realizando una adecuada valoración de la prueba documental no escrita, debido a que el otorgar requisitos complementarios como la georreferenciación y estar debidamente fechados, no garantizar por si mismos que la fotografía no goce de autenticidad, máxime si dicho prueba pueda ser contrastado con lo producido por la misma autoridad al momento de verificar el cumplimiento de sus obligaciones, esto definitivamente no permite que se garantice el derecho a probar con el que gozan las personas naturales y jurídicas, máxime en un tipo de procedimiento que tiene naturaleza tuitiva.Item La suspensión del procedimiento administrativo sancionador seguido en Ositran ante la existencia de un proceso arbitral previo(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Sara Quispe, Enmy Daniela; Chocano Davis, Christian CesarEn el marco jurídico peruano, los procedimientos administrativos sancionadores realizados por organismos reguladores, como Ositran, son esenciales para garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables a los contratos de concesión de servicios públicos. Estos procedimientos buscan asegurar que las empresas concesionarias respeten sus obligaciones y las leyes pertinentes. Uno de los aspectos más relevantes en este contexto es la posibilidad de que un procedimiento administrativo sancionador se vea afectado por la existencia de un proceso arbitral previo relacionado con los mismos hechos. La cuestión central es si el procedimiento administrativo debe suspenderse hasta que se resuelva el arbitraje. El arbitraje, como mecanismo independiente de resolución de conflictos, tiene como función dirimir las controversias entre las partes. Por otro lado, el procedimiento administrativo sancionador continúa siendo crucial para que el regulador supervise el cumplimiento de la ley y las condiciones del contrato de concesión. En este sentido, la ley y la práctica administrativa deben establecer si la existencia de un arbitraje previo justifica la suspensión del procedimiento sancionador. Este trabajo tiene como propósito analizar la incidencia de un proceso arbitral previo en la continuación o suspensión del procedimiento administrativo sancionador en el ámbito de Ositran. Se investigará cómo la legislación y las prácticas regulatorias permiten equilibrar las competencias del arbitraje y la función sancionadora del regulador, garantizando el respeto a los derechos de las partes involucradasItem El debido proceso y la potestad sancionadora en materia de contratación pública(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Puchuri Manco, Elizabeth; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEste trabajo investigará cómo la actuación del Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como órgano sancionador afecta el principio del debido proceso, tanto en su dimensión formal como sustantiva. El estudio se centrará en el análisis del debido procedimiento sancionador en las contrataciones con el Estado, tomando como eje la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), y su relación con las garantías del debido proceso. Además, se hará un análisis sobre la separación de funciones de la fase instructora y la fase sancionadora en instituciones peruanas como la SUTRAN y SERVIR. El objetivo principal será determinar si la función dual del Tribunal del OSCE, como órgano instructor y sancionador, vulnera las garantías del debido proceso establecidas en la LPAG, como el derecho de defensa, el plazo razonable y la debida motivación. Para lograrlo, se empleará un análisis jurídico doctrinal, evaluando la estructura organizacional del OSCE y cómo esta influencia en la imparcialidad y objetividad de los procedimientos sancionadores. La importancia de este trabajo radica en identificar posibles vulneraciones al debido proceso en un ámbito crucial como las contrataciones públicas, proponiendo mejoras normativas para garantizar un sistema sancionador más justo y transparente. Esto contribuirá no solo al fortalecimiento de la institucionalidad del OSCE, sino también a una mayor protección de los derechos fundamentales en el marco de los procedimientos sancionadores administrativos.Item La técnica legislativa en la fusión de organismos reguladores a propósito de la propuesta desarrollado en el Proyecto de Ley N° 7752/2023-CR por el Poder Ejecutivo(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Menendez Huarhuachi, Sthefany Lissbeth; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEn los 90´s, se crearon los organismos reguladores de la inversión privada en servicios públicos en el Perú, y, en el 2000, se promulgó la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, estableciéndose un marco normativo importante para la autonomía de los mismos. Sin embargo, desde su vigencia, ha sido objeto de propuestas modificatorias. Una cuestión que fomenta el análisis crítico sobre las materias que se proponen modificar ya que, en la mayoría de casos, afectan directa o indirectamente la independencia de los organismos reguladores. Bajo ese contexto, se analizará la viabilidad de la propuesta que buscaba modificar la Ley N° 27332, a propósito del Proyecto de Ley N° 7752/2023-CR propuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros; así como los riesgos que podrían generarse por la creación de un organismo regulador multisectorial con un modelo integrado. Para ello, se realizará un análisis cualitativo a partir de la revisión de normas, jurisprudencia y doctrina con el fin de señalar la importancia de la independencia e institucionalidad de los organismos reguladores dentro del ordenamiento jurídico peruano.Item Propuestas de mejora en el procedimiento de reclamos de la zona urbana a fin de disminuir los recursos de apelación de las Empresas Prestadoras clasificadas como Grande 1(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Lizárraga Castro, Estefany Angélica; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEn este artículo, se presentan algunas propuestas de mejora en el procedimiento de reclamos de las zonas urbanas a fin de disminuir los recursos de apelación en las seis Empresas Prestadoras de Servicios, en adelante EPS, clasificadas como EPS Grande 1. Para ello se analizaron las fallas que tienen las EPSs en el desarrollo del procedimiento de reclamos en primera instancia y se examinó el marco legal vigente del servicio público del agua potable y desagüe en las zonas urbanas del Perú. Además, de ello se analizó el diseño jurídico del procedimiento de reclamos para identificar oportunidades de mejora. Finalmente se formularon algunas propuestas o recomendaciones para su posible implementación. El estudio reveló que las EPSs no deben ser consideradas para emitir actos administrativos en el procedimiento de reclamos en la primera instancia, es por ello por lo que se busca brindar más garantías a los usuarios en la primera etapa del procedimiento. Además, se determinó que los agentes que intervienen en este mercado deben dar incentivos a las EPSs en el trámite del procedimiento de reclamos a fin de que puedan adoptar políticas de satisfacción al usuario. En ese sentido, el gobierno central, regional y local deben trabajar de forma articulada para realizar políticas públicas orientadas a mejorar la valoración y sensibilización de la población respecto a sus derechos y deberes como usuario del servicio público de saneamiento. Este enfoque, permite que las seis zonas urbanas estudiadas puedan disminuir la densidad de reclamos en primera instancia y que la población pueda tener una mayor confianza en sus decisiones. Asimismo, con ello se busca reducir la ineficacia de gestión que tienen las EPSs que provoca un gran porcentaje de agua no facturada en las EPSs, esta consecuencia no solo afecta a la economía de las EPSs, sino que también dificulta que otras personas puedan ser abastecidas.Item La prohibición de reforma peyorativa indirecta en el derecho administrativo peruano(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Soto Rojas, Jimena Stefani; Mendiola Flórez, David Enrique SerafínEl presente trabajo aborda la garantía de prohibición de reforma peyorativa indirecta dentro del Derecho Administrativo peruano, destacando su fundamentación jurídica y aplicación práctica. Inicialmente, se analiza su naturaleza como una manifestación de la reformatio in peius, enfatizando su vínculo con el derecho al debido proceso y a la defensa. La investigación desarrolla los fundamentos constitucionales y doctrinarios que sostienen esta garantía, así como las condiciones necesarias para su configuración y aplicación. Asimismo, se revisan pronunciamientos administrativos y jurisprudenciales de entidades como OSIPTEL, Osinergmin, OEFA y SERVIR, que reflejan una diversidad de criterios en torno a su alcance. Aunque la mayoría coincide en que esta garantía busca proteger al administrado frente a la imposición de sanciones más gravosas tras la nulidad de un acto, algunas entidades plantean excepciones vinculadas a la vulneración del interés público. Finalmente, se presenta una postura personal y propuesta con relación a su aplicación, destacando la necesidad de respetar los principios de legalidad y seguridad jurídica para fortalecer el derecho a recurrir y evitar disuasiones en su ejercicio.Item ¿Vulneración de los Principios Ambientales en las actuaciones del OEFA? El caso de la inejecución de medidas de remediación en Yanayacu(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-14) Calle Pacheco, Clarisa María; Villegas Vega, Paul NicolásEste informe jurídico versa sobre la Resolución Nº 006-2013-OEFA/TFA, emitida en el contexto de un procedimiento sancionador llevado a cabo por el OEFA contra Pluspetrol Norte S.A., debido a que la empresa no cumplió con ejecutar en el plazo previsto las acciones de remediación en las áreas afectadas por residuos de petróleo en el Yacimiento Yanayacu del Lote 8. Así, este análisis se basa a partir de una interpretación de los principios que orientan el Procedimiento Administrativo General y la normativa ambiental en el ámbito de hidrocarburos, considerando además la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional y la doctrina para construir un marco conceptual y jurídico claro. De esta manera, se concluye que tanto la Dirección de Fiscalización, Supervisión y Aplicación de Incentivos como el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA infringieron los Principios Ambientales al imponer una multa de 8047.41 UIT por el incumplimiento de medidas de remediación que Pluspetrol no pudo cumplir debido a un fenómeno natural.Item La garantía material de taxatividad del principio de tipicidad en el caso Pacific Stratus Energy Vs. Osinergmin(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025-03-13) Jiménez Arrieta, Yoel Josafat; Huapaya Tapia, Ramón AlbertoEl presente trabajo académico desarrolla el contenido del principio de tipicidad de la Potestad Sancionadora de la Administración Pública, reconocido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No. 27444, que contiene la exigencia de la garantía material de taxatividad, que exige que las normas que contengan una infracciones sean definidas con un grado de precisión y claridad tal que puedan ser entendidas por los administrados a quienes les serán aplicables, con el fin de que estos puedan prever sus obligaciones y guiar su actuación de acuerdo a ellas. En este sentido, se analiza el contenido de la tipicidad, desarrollando las obligaciones y limitaciones aplicables a los legisladores y a las autoridades administrativas que pueden producir normas por delegación de una norma con rango de ley. Asimismo, se enfatiza en el caso de la potestad normativa reglamentaria y de tipificación de los reguladores, específicamente la del Organismos Supervisor de Inversiones en Minería y Energía. Finalmente, se aplican los postulados propuestos a un caso práctico específico, que se encuentra desarrollado en el marco de un Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado a la empresa Pacific Stratus Energy S.A por parte del regulador al verificarse un supuesto incumplimiento de la obligación de retiro de instalaciones de producción inactivas reconocida en el artículo 217 del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo No. 032-2004-EM. Con ello, se busca verificar cuáles son las condiciones y exigencias que permiten concluir que se cumple con respetar la observancia de este principio.Item Las universidades y su análisis por parte de las Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-12-20) Medina Ruiz, Lesly Carol; Francia Acuña, Laura IsabelLa Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi se ha pronunciado sobre las universidades públicas, en específico lo correspondiente a los requisitos para que los estudiantes y egresados puedan acceder a los grados y títulos otorgados por estas a nombre de la nación. En base a ello, surge el principal problema que analizamos en el presente trabajo académico, si la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas sería competente para verificar a las universidades privadas y, de ser esto posible, cuáles serían las implicancias y consecuencias de ello. De esta manera, tomamos como primera interrogante si la educación superior es un servicio público y como segunda interrogante, bajo qué supuesto las universidades privadas podrían ser consideradas como entidades de la administración pública en virtud del artículo I título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444. A partir de este estudio, se concluye que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas se encontraría facultada para verificar los requisitos de grados y títulos que solicitan las universidades privadas o si afectan las normas de simplificación administrativa; sin embargo, es importante señalar, que debe existir un límite, no se debe afectar su autonomía ni su régimen privado, por ello, únicamente se podría verificar los requisitos para los grados y títulos. En este sentido, resulta peligroso considerar que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas puede verificar el cobro de algún requisito solicitado por una universidad privada, pues sería una afectación a la iniciativa privada o incluso, yendo más allá, considerar que puede regular el cobro de los créditos académicos.Item La legitimidad y representación en la defensa legal de los intereses estatales(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-06-26) Merchán Valencia, Jorge Luis; Wong Abad, Julio MartínLa finalidad de este artículo jurídico es evidenciar que el Estado y las entidades públicas, a nivel nacional, también pueden ser representadas y defendidas por algún abogado-apoderado que designe el titular de cada entidad y no solo por el procurador público. De esta manera, se busca establecer que, en determinados casos, es jurídicamente viable que algunas entidades públicas que no cuentan con procurador público por diversos motivos puedan intervenir directamente en las investigaciones, procesos o procedimientos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y/o materia, a través de un abogado-apoderado que acredite el titular de la institución.