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search.filters.applied.f.advisor: search.filters.advisor.Higa Silva, César Augusto

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    Generalización en el uso de casillas electrónicas: solución práctica al problema de la falta de eficiencia en la gestión de notificación los actos administrativos emitidos por la SUTRAN, Región Lima, al año 2022
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-11-08) Dongo Torres, José Carlos; Higa Silva, César Augusto
    El presente trabajo de investigación se avocará en las alternativas de solución respecto del problema en la gestión de notificación, y la consecuencia de ello, la ineficacias de los actos administrativos, principalmente en la virtualización de los canales para los tramite documentarios, plataformas interactivas de atención así como mesa de partes virtuales, por cuanto procedimientos administrativos manuales y/o presenciales son lentos y asincrónicos, muchos de estos se han venido gestionando de manera personal, presencial, y en papel, no pudiendo superar esta brecha utilizando recursos digitales y en línea, siendo esto una demora en la agilización de trámites administrativos; asimismo, los defectos respecto a la notificación manual de las actas de notificación personal los tramites y/o documentos similares, y así, evitar una carga social y económica en cuanto al tiempo y dinero invertido por parte de los administrados. Siendo que la digitalización de canales de atención como las mesas de partes digitales, permitirán aligerar la carga procedimental, por un lado, y por el otro agilizar los trámites administrativos en beneficio del usuario, generando así transparencia y confianza de parte del administrado hacia la entidad. obteniendo decisiones administrativas que logren su finalidad, sancionar de manera real, y a su vez que los administrados obtengan una decisión administrativa y motivada, pudiendo participar de manera activa en un procedimiento administrativo sancionador, controlando los plazos procedimentales tanto para presentación de documentos y descargos, como para la emisión de decisiones administrativas.
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    Debida adecuación de las conductas indebidas en la que se encontrarían inmersos personal de la PNP, a las infracciones contra la Imagen Institucional tipificadas en el Anexo II de la Ley N°30714 - Ley del Régimen Disciplinario de la PNP
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-05-27) Arguedas Ayala, Silvia Drucy; Higa Silva, César Augusto
    El presente trabajo de investigación, se basa en el accionar de los órganos disciplinarios del sistema policial, el cual tiene base legal en la Ley Nº30714 norma que regula el régimen disciplinario de la PNP, establece un conjunto de órganos pertenecientes al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú, que forman parte del sistema disciplinario policial, siendo la Inspectoría General de la PNP a través de sus Oficinas de Disciplina tienen como función la correcta adecuación de las conductas funcionales indebidas en las que recaen sus miembros, a las infracciones contra la imagen institucional previstas y tipificadas en el Anexo II de la tabla de infracciones y sanciones graves de la mencionada norma legal. Empero, las infracciones señaladas son demasiado genéricas o amplias, por lo que al no estar debidamente enmarcadas o delimitadas, son los órganos de investigación quienes terminan aplicando la discrecionalidad administrativa con la finalidad de adecuar las conductas o actos a dichas infracciones; discrecionalidad que en muchas oportunidades terminan siendo arbitrarias, por lo que resulta necesario establecer parámetros delimitativos que coadyuven a una debida adecuación de las conductas indebidas en la que se encontrarían inmersos personal de la Policía Nacional del Perú que dañen la imagen institucional. Palabras clave: discrecionalidad/ tipicidad/infracción/ imagen institutional
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    El control de Convencionalidad, en su interpretación y aplicación en la Administración pública a través de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelmán vs Uruguay
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-04-20) Ordaya López, Carlos; Higa Silva, César Augusto
    El control de convencionalidad desde su creación jurisprudencial, desde el año 2006 (en caso Almonacid Arellano vs Chile), ha establecido un tipo de mecanismo de control entre las normas internas de cada Estado y la Convención Americana de derechos humanos. Es en el caso, que las primeras contravengan a las segundas. Si bien este mecanismo de control fue desde un inicio para los jueces de los Estados parte, sin embargo, esto ha evolucionado a la fecha, llegando a ampliarse a otros operadores de justicia, incluso a los de la administración pública, conforme lo establece la sentencia de fondo y Sentencia de cumplimiento de la Corte IDH. “Gelmán y otros vs Uruguay”, donde establece que no solo es una facultad para los jueces, operadores de justicia el control de convencional, sino también, para la autoridad pública en función de su tarea encomendada por el Estado, debiendo de primar este tipo de control a fin de garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana. Por lo tanto, el presente trabajo tiene por la finalidad de identificar de qué manera se aplicaría o se realizaría la labor interpretativa de este tipo de control por parte de la autoridad, a raíz de esta sentencia, si es posible o no; y, como sería el procedimiento a seguir para una correcta aplicación e interpretación de la Convención por parte de la autoridad ante una norma interna que restringe o limita derechos humanos establecidos en la CADH. Además, se pretende establecer el mecanismo correcto para la aplicación e interpretación de este control, sin conllevar a inaplicar una norma interna o interpretar indebidamente la norma con el tratado internacional, por cuanto de acuerdo a nuestra legislación nacional y jurisprudencial, la autoridad pública no tiene las facultades para realizar el control difuso de carácter “administrativo”.
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    La inaplicación con efectos generales para las barreras burocráticas carentes de razonabilidad contenidas en disposiciones administrativas
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-30) Llacza Romero, Sheyla Fabiola; Higa Silva, César Augusto
    El Estado peruano tiene la obligación de garantizar la libertad de empresa por mandato de los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú. Una manera de preservar dicha libertad es por medio de la eliminación de las barreras burocráticas del ordenamiento jurídico. Así, teniendo en consideración la importancia de la eliminación de las referidas barreras, a finales del 2016, se publicó el Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, Nº 1256, con la finalidad de, entre otros, fortalecer las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, y regular a las barreras burocráticas. Entre las novedades de esta ley, se encuentra la inaplicación con efectos generales de las barreras burocráticas ilegales contenidas en disposiciones administrativas; sin embargo, para el caso de las barreras burocráticas carentes de razonabilidad, se ha mantenido su inaplicación para el caso en concreto. Ante este escenario, en el presente trabajo de investigación, analizamos la propuesta de que la inaplicación con efectos generales también sea aplicable a las barreras burocráticas carentes de razonabilidad contenidas en disposiciones administrativas. A partir de la investigación realizada, se podrá evidenciar que nuestra propuesta cuenta con sustento jurídico, toda vez que (i) las entidades públicas se encuentran en la obligación de realizar un análisis previo de legalidad y razonabilidad a fin de emitir una medida contenida en una disposición administrativa, (ii) la barrera burocrática carente de razonabilidad contenida en una disposición administrativa mantiene ese carácter y no varía cada caso en concreto, y (iii) el ordenamiento jurídico vigente evidencia la importancia de que los ciudadanos tengan conocimiento de la declaración de una barrera burocrática carente de razonabilidad. Por último, con la finalidad de evidenciar la viabilidad de nuestra propuesta, se analizan tres (3) casos en los cuales se demuestra los efectos positivos para los agentes económicos y ciudadanos en general.
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    “Cuando un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Análisis del estado actual de la facultad de interpretar contratos de concesión del OSITRAN y los efectos del precedente vinculante recaído en la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2019-CD-OSITRAN
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-23) Castillo Chavez, Christian Daniel; Higa Silva, César Augusto
    El presente trabajo pretende abordar la situación actual de la función interpretativa de los contratos de concesión del OSITRAN, ello teniendo en consideración lo establecido en el precedente de observancia obligatoria emitido por el ente regulador a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2019-CD que precisa entre otras cosas que el ejercicio de la mencionada función siempre será de oficio. En ese sentido, es posible advertir que el mencionado criterio produce potenciales escenarios de inseguridad jurídica, por lo que realizando un análisis de la referida facultad y su evolución a través de los últimos 15 años proponemos una serie de modificaciones que tiene por objetivo reforzar el marco jurídico de concesiones de infraestructura en el Perú
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    La prohibición de ingreso a locales comerciales a no vacunados contra el Covid-19 a la luz de la normativa peruana de protección al consumidor
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-23) Ocampo Falcon, Diana Vanessa; Higa Silva, César Augusto
    En el presente trabajo se evaluó la medida consistente en la prohibición de ingreso a locales comerciales a no vacunados contra el Covid-19 a la luz de la normativa peruana de protección al consumidor a iniciativa de los proveedores, con el fin de determinar si esta incurría o no en un supuesto de discriminación. En ese sentido, se tomó en consideración si esta medida se encontraría o no justificada por un motivo razonable y objetivo, conforme lo requiere nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor. Así pues, se evalúa que nos encontramos atravesando una pandemia global que, como país nos afecta en diversos ámbitos, teniendo una especial incidencia en el ejercicio del derecho a la salud de las personas, siendo que el Estado Peruano se encuentra en la obligación de garantizarlo en concordancia con los compromisos internacionales asumidos y su normativa nacional. Dado el nivel de afectación que tiene la enfermedad del Covid-19 es necesario que se adopten todas las medidas posibles para procurar controlarlo y/o combatirlo, siendo que los privados también pueden contribuir desde su ámbito de control. Ahora bien, en tanto que la vacuna contra el Covid-19 tiene estudios que demuestran que, a la fecha, es el mejor método que como sociedad tenemos para reducir el contagio e, incluso, evitar que aquellos que enfermen lo hagan gravemente, se vuelve evidente que la medida se encuentra justificada.
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    Regulación del “acoso” comercial en el Perú: en búsqueda de tentativas de solución
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-23) Vasquez Ramos, David Francisco; Higa Silva, César Augusto
    Hoy en día los medios para promocionar los productos y/o servicios, así como la forma de comercializar a través del telemercadeo han revolucionado nuestras maneras de relacionarnos con el mundo, pues podríamos decir que ya no “buscamos” la publicidad, sino que esta nos “busca” a nosotros. Nos agrade o no, cada día somos asiduos destinatarios de innumerables piezas publicitarias que tienen como finalidad convencernos de adquirir cierto producto y/o servicio. La publicidad, en estos tiempos, puede recibirse de manera personalizada a través de canales de contacto que son propios del consumidor, tales como las redes sociales, mensajes de telefonía celular, correos electrónicos y mensajes de texto. Sin embargo, muchas veces estas formas de contacto se vuelven tediosas, reiterativas e incluso irritantes, hasta el punto de no llegar a conocer el nombre de nuestro interlocutor ni el lugar de donde proviene el contacto. ¿Tengo que permanecer como receptor pasivo de la publicidad sin poder hacer algo al respecto? ¿No califica esto como un “acoso” publicitario? ¿Cuáles son los límites que la normativa impone? En el presente trabajo analizaremos la regulación del “acoso” comercial” en el Perú, sus manifestaciones, la normativa que está detrás, así como la vía jurídica para hacerle frente. La pregunta medular que nos haremos será: ¿Los consumidores tenemos las herramientas adecuadas para superar estas prácticas comerciales? En las siguientes líneas del presente trabajo haremos referencia al cambio de paradigma normativo que debería introducirse, el cual está vinculado con esta práctica comercial prohibida que –en la práctica– parece que no lo está.
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    Las compras electrónicas en el marco de la Ley de Contrataciones: Mejoramiento de las compras públicas con la utilización de los procesos especiales de acuerdos marco y subasta inversa electrónica en la policía nacional AF 2018 y AF 2019
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-10-11) Jiménez Álvarez, Jyon Frankie; Higa Silva, César Augusto
    Se enfocó como objetivo general establecer la mejora en el proceso de las compras públicas de la Policía Nacional, mediante el sistema de compras electrónicas Acuerdo Marco y Subasta Inversa Electrónica para bienes y servicios durante el año fiscal 2018 y 2019, teniendo en cuenta que se debe establecer la forma en que las compras electrónicas pueden proporcionar herramientas poderosas para impulsar un índice de eficiencia superior en transparencia y economía en las compras públicas. Metodológicamente esta investigación fue realizada bajo el marco del diseño descriptivo y mediante un proceso de revisión bibliográfica. Cuando se hace la compra pública por canales electrónicos, la fluidez en la proporción de la información para dominio público es mayor y mucho más ágil. Cabe señalar que la Policía Nacional del Perú al ser un ente de administración pública, está sujeta al principio de transparencia, por lo que debe facilitar la participación ciudadana a la corroboración del buen uso de los fondos públicos. Teniendo como conclusiones que en cuanto a la compra de bienes y servicios por medios electrónicos en el año fiscal 2018 y 2019 ha sido positivo en tanto ha permitido mejorar la transparencia en el uso de fondos públicos por parte de la Policía Nacional del Perú, pues ha permitido no solo publicitar a través del SEACE lo que se está haciendo con dichos fondos de manera más precisa, sino también gestionar con mayor eficiencia las compras públicas, sustentadas con documentos electrónicos, ello brinda mayor seguridad a la ciudadanía de lo que se hace con sus aportes y cómo se comporta la administración de la PNP en relación al manejo del presupuesto público.
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    El recall en la legislación peruana: a propósito de la jurisprudencia de Indecopi
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-10) Conza Salcedo, Sebastián Walter; Higa Silva, César Augusto
    El presente trabajo académico aborda la figura del “recall” o denominado también “llamado a revisión” como una medida preventiva aplicada por los proveedores y/o fabricantes ante la posibilidad o potencialidad de encontrarse frente a desperfectos que puedan afectar el correcto funcionamiento de un determinado producto puesto a disposición de los consumidores en el mercado, pese a que ni siquiera se tenga certeza del mismo o, incluso, antes que los consumidores hayan podido advertir la existencia fallas reales. En ese extremo, como bien hemos desarrollado, se busca iniciar un debate respecto a la posibilidad de promover que los proveedores utilicen el “recall” como un mecanismo de control de calidad ex post en el que puedan revisar el producto y, en su oportunidad, se apliquen medidas correctivas sin mayores costos para el consumidor permitiéndose así que “recall” se constituya como un remedio jurídico que sea equiparable a las disposiciones previstas en el artículo 97º del Código de Protección al Consumidor y se promueva su ejercicio y aplicación en beneficio de los consumidores. Así, en el presente trabajo no solo brindamos una mirada crítica al método de regulación existente actualmente en el Código de Protección al Consumidor, sino que analizamos las razones por las que urge un cambio significativo, sobre todo desde el ámbito de la responsabilidad administrativa.
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    Informe Jurídico de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2366-2003-AATC
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-16) Mauricio López, Mónica Claudia; Higa Silva, César Augusto
    La sentencia elegida tiene por justificación que a partir del caso Juan Genaro Espino Espino, el Tribunal Constitucional consideró importante como necesaria el realizar un examen de los hechos, con el objetivo de que situaciones como los ocurridos en el caso en cuestión, no vuelvan a darse y al mismo tiempo dotar de criterios a los magistrados para que en sentencia en situaciones similares, el Tribunal sepa cómo afrontarlos. Del mismo modo, permite analizar la relevancia de los recursos de amparo en materia electoral, ello supone una valoración especial, toda vez, que se ha venido dotando de mayor contenido los fundamentos en estas sentencias, sin perder de vista los puntos medulares tratados en la sentencia aquí presentada. Sobre este mismo punto, si es que el recurso de amparo recogido en nuestro ordenamiento se ajusta a los tiempos o cronogramas electorales, en esa medida, el si debiera hablarse de un recurso de amparo especial electoral, especialmente cuando se ven vulnerados los derechos, como los derechos de participación política. De otro lado, resulta imperativo reflexionar a nivel constitucional sobre la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones a luz de un Estado Constitucional de Derecho, en la que se busca proteger los derechos fundamentales de las personas. Finalmente, los derechos constitucionales deben interpretarse a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados suscritos por el país, y como tal, su incumplimiento supone una infracción a los compromisos internacional y a nuestra propia Carta fundamental. La metodología del Informe Jurídico para el análisis se basa en el análisis de los conceptos dogmáticos, de la revisión de los principios de interpretación constitucional, y de los principios y derechos humanos vulnerados. Para ello, además del análisis de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los puntos controvertidos desarrollados en el presente informe