Derecho Público y Buen Gobierno

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El rol del estado ante la privatización de los derechos económicos, sociales y culturales: reflexiones en torno al derecho a la seguridad social ¿desnaturalización de un derecho o flexibilidad de un modelo económico?
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017) Ieong Lau, Laura Chinyi; Bregaglio Lazarte, Renata Anahí
El principal objetivo de este trabajo consiste en determinar —desde una aproximación general— en qué medida la privatización del derecho a la seguridad social en nuestro ordenamiento jurídico habría supuesto o no la desnaturalización del contenido de este derecho. Para tal propósito, centraremos nuestro análisis en la prestación social referida a pensiones. En tal sentido, la justificación de este artículo no es otra que la de poder contribuir, desde la perspectiva de los derechos humanos, al análisis de este derecho, así como a la reflexión acerca de las dificultades que este afronta para lograr su plena efectividad.
“Regulación de la compartición de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos de telecomunicaciones”
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017) Chávez Manrique De Lara, Katherine Stefany; Castro Barriga, Carlos David Alberto
Los beneficios económicos, sociales y ambientales que representan la compartición de infraestructura para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones hacen más atractiva su elección frente a la posibilidad de instalar infraestructura propia. Una regulación que facilite la compartición de infraestructura de red de acceso es necesaria para brindar y expandir los servicios públicos de telecomunicaciones, teniendo en cuenta la importancia de la prestación de dichos servicios para la población, con lo cual se debe impulsar una adecuada compartición de infraestructura no solo del sector de telecomunicaciones, sino además de otros sectores, como electricidad e hidrocarburos.
Buen gobierno y fiscalización: implicancias de la actividad de policía en el desarrollo estatal
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-05) Calderón Jiménez, Annie Teressa Guadalupe; Higa Silva, César Augusto
Cuando hablamos acerca del Estado de Derecho es inevitable hacer referencia a la defensa de los derechos fundamentales de las personas dentro de la sociedad, sin embargo el Estado de Derecho se encuentra estrechamente vinculado con los conceptos de Buen Gobierno y de Gobernanza. El primero hace referencia a la actuación de los poderes públicos en el marco de sus competencias constitucionales mientras que el segundo se encuentra vinculado al proceso de formación de nuevos y flexibles marcos regulatorios para orientar la interacción entre una pluralidad de actores públicos y privados en el proceso de toma de decisiones respecto de asuntos públicos. En el contexto del ejercicio de las funciones gubernamentales, la gobernanza es el proceso por el cual los gobiernos adoptan sus decisiones, conducen los asuntos públicos y gestionan sus recursos. Por lo tanto la gobernanza se encuentra referida “al conjunto de procesos de formación de marcos regulatorios mediante los cuales el Estado desempeña sus funciones o, en otras palabras, que determinan la forma en el que el Estado ejerce el poder” (Castro 2015:02)
Mecanismos de participación de los servidores civiles para la buena administración
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-05) Ayala Gonzales, Lesly Windy; Castro Silvestre, Carlos
El presente trabajo pretende explicar de qué manera las entidades públicas que aplican el principio de buena administración, a través de mecanismos de participación entre los servidores civiles, pueden mejorar la calidad de la atención y del servicio que brindan a los ciudadanos. Asimismo, este trabajo permite comprender el rol que desempeña el Derecho como herramienta de gestión pública para la implementación de dichos mecanismos de participación.
La afectación al derecho a la buena administración debido a la falta de motivación dentro del procedimiento de creación de reglamentos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Romero Chaucayanqui, Jenny Leila; Castro Silvestre, Carlos
El presente artículo pretende realizar un desarrollo del derecho al debido procedimiento como presupuesto para el ejercicio de la potestad reglamentaria.Con el nuevo enfoque de funcionamiento de la administración pública, conocido como buen gobierno y concretizado en el derecho a la buena administración, se busca un buen funcionamiento de la Administración Pública en todos sus ámbitos. En ese sentido el derecho al debido procedimiento sirve como garantía para obtener un buen funcionamiento de la Administración Pública, a través del derecho a la motivación. Dicho derecho implica que la medida implementada (reglamento) sea racional, lo cual conlleva a que como parte de ese procedimiento, previamente se realice una exposición de motivos, dentro de los cuales se implemente como herramienta al análisis del impacto regulatorio. Dicho análisis servirá para equilibrar las posibles cargas y beneficios que puedan surgir con la creación de un reglamento, obteniendo con ello, reglamentos de calidad. Para demostrar los errores provocados por la falta de motivación y la falta del uso del análisis del impacto regulatorio presentaré como ejemplo dos casos concretos, el caso de la Acción Popular presentada en contra el art. 2.2 del Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE, y el caso de la Acción de Amparo presentada en contra del art. 2 del Decreto Supremo 158-2007-EF.
La multa en el procedimiento administrativo sancionador en las contrataciones con el Estado
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Valle Malqui, Lucero Belén del; Guzmán Napurí, Christian
En la Exposición de Motivos de la Ley N° 30225 se señaló que la justificación de la incorporación de la multa como sanción contra los proveedores que incurran en algunas de las infracciones señaladas en la Ley, recae en la necesidad de asegurar el efecto disuasivo de la sanción administrativa respecto de determinados proveedores, puesto que el volumen de contratos con el Estado que tenían los sancionados era reducido respecto de la cantidad total de operaciones que realizaban. En el presente trabajo tratará de dar alcances para sostener si es eficiente o no la imposición de multas en el nuevo sistema de sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado.
El mecanismo de rendición de cuentas de la actividad parlamentaria como garantía de una buena legislatura
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Gutiérrez Arroyo, Natasha Karenina; Castro Barriga, Carlos David Alberto
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la aplicación del principio de rendición de rendición de cuentas o accountability en la actividad parlamentaria. Para ello se revisó la normativa que la contempla con el fin de verificar si cumple con los elementos propios de la rendición de cuentas, así como seis informes de “gestión parlamentaria” elaborados por seis congresistas del periodo legislativo 2011 – 2016. Este análisis nos permitirá determinar si estamos ante un verdadero y útil mecanismo de rendición de cuentas de la actividad parlamentaria frente a la ciudadanía, que finalmente constituya una garantía de una buena legislatura o si se requiere una modificación.
La excesiva intervención del juez constitucional en el diseño de política de reforma universitaria en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Noriega Egas, Carmen Rocio; Bregaglio Lazarte, Renata Anahí
El principal rol que el Estado tiene es asegurar que los bienes y servicios que administra se ejecuten de manera más adecuada y beneficiosa para los ciudadanos, sobre todo asegurando la prestación de los servicios públicos y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Adicionalmente, no podemos negar que actualmente en el Perú existen serias deficiencias y debilidades institucionales, lo que genera que en muchos casos los asuntos públicos y de interés general, como los servicios públicos, no sean atendidos eficientemente por parte del Estado, sin embargo al encontrarnos en un Estado Constitucional de Derecho no podemos desconocer la división de poderes, que es la base del orden y distribución de funciones en el Estado.
Una adecuada organización de los órganos jurisdiccionales en la justicia constitucional desde los principios del buen gobierno para mejorar el amparo en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Dueñas Perez, Roy Alberto; Castro Barriga, Carlos David Alberto
La Garantía Constitucional del Amparo es un proceso especial que se distingue de los procesos ordinarios por ser rápido, sencillo y eficaz, cuya finalidad no solo es la restitución de un derecho individual vulnerado, sino también la interpretación y perfeccionamiento de la Constitución; en ese sentido, pese a su importancia, también se encuentra afectado por los problemas de los que adolece el Sistema de Justicia en la actualidad, inconvenientes que ya fueron detectados hace varios años, pero que no encuentran solución, no por la inacción o falta de interés en ellos, sino por la falta de un correcto dimensionamiento del problema y lo que ello implica, es por eso que creo necesario realizar un análisis desde los principios de Buen Gobierno para comprender su correcto significado, pues entiendo que el Buen Gobierno nos dará luces en este camino lúgubre desde los problemas del Sistema de Justicia, hasta las valores fundamentales que sirven de base a nuestro Estado. Una vez entendido ello, propongo alternativas como la implementación de organismos destinados a impulsar el empoderamiento de las personas y con ello su participación activa, para afianzar el valor del capital social y con ello el principio de participación; la destinación de mayores recursos a la justicia constitucional debido a su naturaleza especial y de urgencia; mayor capacitación de jueces y personal asignado a cada órgano jurisdiccional, generando a su vez una conciencia de identidad con el Sistema de Justicia, así como cumplir con el reto de reducir el problema de los jueces provisionales y supernumerarios, generando calidad en la labor de los actores involucrados en el Sistema de Justicia.
El estado de necesidad justificante como eximente de responsabilidad administrativa: análisis del procedimiento administrativo sancionador por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión por municipalidades de zonas rurales y de preferente interés social en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Linares Ormeño, Glendy Mishell; Higa Silva, César Augusto
El presente trabajo de investigación se enfoca a analizar el estado de necesidad justificante como un eximente de responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra municipalidades de zonas rurales o de preferente interés social, por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión en el Perú en el contexto de desastres naturales y estados de emergencia, pues al no haber operadores privados de radiodifusión en las citadas zonas son las municipalidades las que se ven obligadas a operar de manera “ilegal” en determinados frecuencias y canales para poder comunicar a su población sobre temas de seguridad y prevención.
La intervención de los organismos reguladores en los procesos arbitrales entre el Estado y la empresa privada a propósito del Decreto Legislativo N°1224
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Fernández Rodríguez, Yulli Silvana; Higa Silva, César Augusto
El Decreto Legislativo N°1224 entró en vigencia el 25 de setiembre de 2015 y derogó el Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y servicios públicos aprobado mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM. Esta nueva ley mantiene el artículo que dispone que se podrán someter a arbitraje nacional o internacional las controversias de carácter patrimonial derivadas de las concesiones y establece en su artículo 23°:
Una mirada a la política migratoria y el buen gobierno
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Moreno Horna, Giuliana Isabel; Bregaglio Lazarte, Renata Anahí
En el presente artículo se centra en el análisis de las políticas migratorias y su aplicación en el caso europeo. La sección I, se refiere a la migración en el caso europeo y derechos humanos, en relación con el desarrollo y a la seguridad pública. La sección II, examina la política migratoria actual en Europa. Finalmente, la sección III, se refiere a los principios de eficiencia y participación del buen gobierno en la política migratoria.
La insuficiencia de garantías en el ordenamiento jurídico peruano para hacer frente a supuestos de expropiación indirecta
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Villegas Fudino, Grace; Guzmán Napurí, Christian
El presente artículo académico pretende dar a conocer al lector un panorama general acerca de la situación de desprotección de la propiedad privada que afrontan los administrados actualmente en el Perú, quienes en ocasiones tienen que soportar indebidamente intervenciones del Estado que afectan su esfera patrimonial, sin obtener resarcimiento alguno por ello. La expropiación indirecta o regulatoria es una realidad innegable que necesita de regulación adecuada y urgente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, a fin de evitar impunidades y vulneraciones a los particulares, especialmente a los nacionales.
La aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas para casos médicos en materia de protección al consumidor
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Terrazas Cosio, Bresia Rosalid; Higa Silva, César Augusto
La teoría de la carga probatoria dinámica, jurisprudencialmente reconocida y aplicada en el Perú -especialmente en casos médicos en materia de Protección al Consumidor- fue utilizada discrecionalmente a criterio de los Colegiados del INDECOPI y, respecto a su momento de aplicación, recién planteada en las resoluciones finales de las denuncias presentadas por los consumidores. Al respecto, en el presente trabajo se propone la fijación de ciertos requisitos mínimos que permitirían un mejor entendimiento y aplicación de la teoría en mención en nuestro país, valiéndose de la doctrina res ipsa loquitur. Asimismo, se plantea que el juzgador ponga en conocimiento de las partes la aplicación de la teoría de la carga probatoria dinámica antes de la emisión de la resolución final, con el fin de no vulnerar el derecho de defensa de las mismas y para salvaguardar el principio de seguridad jurídica reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
La constitución económica peruana de 1993 como cláusula pétrea: ¿constitucionalización del desarrollo o menoscabo a la democracia?
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Delgado Taboada, Bruno Adriano; Zambrano, Gustavo
El objeto del presente trabajo de investigación académica es estudiar cuáles son los alcances de la Constitución económica peruana de 1993 como cláusula pétrea para luego analizar si la petrificación de dicha parte de la Constitución es compatible con los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, el pluralismo político y la democracia en su conjunto. Asimismo, para la realización de este estudio, se buscará desarrollar cómo es que el derecho puede jugar un rol decisivo, más no exclusivo, en el desarrollo de instituciones con vocación de permanencia en el interior de un país, de conformidad con la teoría económica institucional y cómo estos elementos se vinculan con el concepto de desarrollo en un sentido amplio. Luego, se analizaran las fuentes antes indicadas conjuntamente con doctrina y jurisprudencia, nacional e internacional, en materia de reformas constitucionales, para así, ensayar una respuesta crítica frente a la petrificación de la Constitución económica peruana de 1993.
Nueva administración electrónica, buen gobierno y transparencia
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-09) Briceño Gamarra, Andrés; Bregaglio Lazarte, Renata Anahí
De acuerdo a nuestra Constitución -artículos 43° y 3° (Congreso, 1993)- tenemos un Estado Social y Democrático de Derecho. Tal definición no sólo reconoce la sujeción del Estado al derecho, al carácter democrático y contenido social, sino que aquellas etiquetas son verdaderos principios fundamentales que guían todo el ordenamiento. El basamento es la relación del principio “democrático” con el valor “pluralismo político”, la del principio “Estado de Derecho” con el valor “libertad” y la del principio “Estado Social” con el valor “igualdad”” (PAREJO A. L., 1983, pág. 65). De este modo, será el Estado de derecho el que se encargue de orientar (artículo 58° de la Constitución) las actuaciones debidas para el desarrollo; y, el Estado Social, el que propugne la igualdad en términos de creación de condiciones que permitan el desarrollo individual de las personas – pues ellas son el fin último-. En esa lógica, la historia prueba que el Estado ha incrementado sus funciones, pasando a ser, principalmente, las de policía en el marco de la emergencia Estado Liberal a otras como las de fomento, prestacionales, contractuales, sancionadoras, normativas y de solución de controversias. Esto, más que una suma, es una evolución en el desarrollo de sus funciones, de la opción de nuevos medios para poder tutelar mejor los mismos fines en virtud de la ductilidad del Derecho que es capaz de dar respuesta a los nuevos retos que la realidad -en cuanto desarrollo de factores sociales, históricos, científicos y tecnológicos- que se nos presentan.
La diferenciación entre las marcas renombradas y las marcas notoriamente conocidas y el precedente KENT
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018) Díaz Kong, Alejandra Saraí; Higa Silva, César Augusto
Dada la distinción doctrinal entre las marcas notoriamente conocidas, las cuales han obtenido gran reconocimiento en el sector donde se comercializan los productos o servicios y las marcas renombradas, las cuales han obtenido gran reconocimiento más allá del sector pertinente, la sala de propiedad Intelectual del Indecopi en el precedente de observancia obligatoria Resolución 2951-2009/TPI-INDECOPI, no solo no realiza la distinción entre ambas, sino que asigna el riesgo de dilución, riesgo reservado a las marcas renombradas, a las marcas notoriamente conocidas, perjudicando a diferentes actores del mercado, dada la protección excesiva a este tipo de marcas.
Buena administración en el marco del control gubernamental
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018) Chipana Castillo, Francisco Daniel; García Westphalen, Luis Enrique
Este trabajo busca reflexionar respecto al rol que ocupa el principio de buena administración en el ejercicio del control gubernamental, el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General. Como dicho principio se encuentra presente en el desarrollo de la función de control, entendido su ejercicio en el marco de la interpretación de los artículos 39 y 82 de la Constitución Política del Perú. De tal manera que se pueda entender el papel que cumple en el adecuado funcionamiento de la administración pública bajo parámetros de legalidad y resultados en la gestión, a través de la supervisión que la Contraloría General de la República hace de los actos de las entidades públicas. Permitiendo el desarrollo del contenido del principio de buena administración y la conexión con sus subprincipios. A la vez esta función de supervisión consolida el cumplimiento de los fines que la buena administración propugna en el desarrollo de la actividad estatal, los cuales no son otros que la consolidación de un Estado social y democrático de Derecho, que no es otra cosa que el bienestar general.
Reflexiones sobre la Naturaleza del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018) Herrera Olivares, Oscar Eduardo; Higa Silva, César Augusto
El procedimiento administrativo de eliminación de Barreras burocráticas ha sido el centro de un debate entre juristas que argumentan a favor de posturas encontradas: algunos sugieren que este procedimiento es de naturaleza trilateral con características especiales y otros una minoría opinan que este procedimiento no calza en ninguna forma especial tal y como lo señala la ley del procedimiento administrativo general de modo que al no ser trilateral ni sancionador sería un procedimiento administrativo como cualquier otro. Es así que el presente artículo inicia estudiando las generalidades de los distintos tipos de procedimiento administrativo ( El general y los especiales -trilateral y sancionador), las características del procedimiento de eliminación de Barreras burocráticas y rasgos fundamentales, así como un repaso de los conceptos relacionados para finalmente dar una respuesta y plantear una conclusión.
El Principio de Equilibrio Económico Financiero del Contrato en la Ley de Contrataciones del Estado
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018) Villavicencio Benites, Luis Fernando; Castro Barriga, Carlos David Alberto
Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) las compras estatales representan entre el 10% y 15% del producto interno bruto mundial. Es debido a ello que el desempeño correcto del Sistema de Compras Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo. Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de manera sustancial en la adopción de un sendero de desarrollo sostenible, fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales y ambientales. En tal sentido, es de suma importancia que todo ordenamiento jurídico cuente con un marco regulatorio que permita garantizar, a los futuros proveedores del Estado, el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por este. No obstante ello, en el transcurso de la presente investigación, observaremos que la Administración Pública detenta determinadas potestades exorbitantes, las cuales han fungido como elemento diferenciador de las contrataciones se realizan entre agentes privados. Resulta claro que, para que el Estado pueda asegurar el cumplimiento de sus fines y garantizar el eficiente manejo de su presupuesto, requiere de facultades que lo posicionen en una situación de preeminencia frente al administrado, dicha situación, evidentemente, encuentra su justificación en el interés público. Sin embargo, actualmente muchas de estas potestades exorbitantes reconocidas al Estado, han ido menguando en cuanto a la intensidad de sus contenidos y su aplicación, dado que la tendencia contemporánea de la Administración Publica es la de garantizar un terreno firme para el inversionista, en el que además, se espera que el riesgo sea el mínimo posible. Para poder cubrir dicha necesidad y a su vez llamar la atención de futuros inversionistas, se ha incluido en el marco de nuestros regímenes de contratación pública, el principio de equilibrio económico financiero, conforme al cual, la expectativa de utilidad del contratista no puede sufrir un menoscabo por razones sobrevinientes o imprevisibles que no le sean imputables, en cuyo caso la Entidad deberá restablecer el beneficio económico previsto. Como referente para el análisis del precitado principio, se analizaron Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE) publicadas en el período de los años 2005 al 2017, en donde se observó cómo la inclusión del principio de equilibrio económico financiero del contrato ha supuesto la atenuación de las potestades exorbitantes reconocidas a la Administración Pública. De igual modo, se examinaron laudos emitidos por Tribunales Arbitrales en los años 2005, 2013 y 2014, en los que apreciaremos cómo la aplicación del principio bajo estudio, incidió en el fallo final que resuelve la controversia.