Concesiones públicas sobre bienes del Estado en el Sector Vial: riesgos de privatización encubierta y desafíos legales en el marco de la Ley de Asociaciones Público-Privadas

Abstract

El caso que se aborda la problemática del uso de las Asociaciones Público- Privadas respecto de proyectos de infraestructura vial del Perú, destacando los riesgos asociados a la cesión de bienes públicos a operadores privados. El principal problema identificado es el desbalance contractual que puede surgir, donde el Estado pierde control efectivo sobre la infraestructura pública, lo que se refleja en prolongaciones de plazos, cobros anticipados de peajes y cláusulas restrictivas que limitan su capacidad de intervención. Este escenario genera conflictos sociales y alimenta la percepción de privatización encubierta de bienes públicos. Entre los instrumentos normativos empleados para regular las Asociaciones Publico Privadas se encuentra el Decreto Legislativo N.º 1362, el cual establece los principios y procedimientos para la planificación, estructuración y ejecución de los proyectos. Además, se revisa la Ley N.° 29151 sobre bienes estatales, que regula los bienes de dominio público e impone restricciones a su disposición. Este marco busca equilibrar el incentivo a la inversión privada con la protección del patrimonio público. Las principales conclusiones del caso incluyen la necesidad urgente de reformas legales que limiten la duración de las concesiones, mejoren la transparencia en la adjudicación y ejecución de proyectos, y fortalezcan la fiscalización estatal para evitar la privatización encubierta y asegurar que los bienes públicos sigan beneficiando a la colectividad. Asimismo, se resalta la importancia de un control efectivo, la inclusión de mecanismos de revisión periódica y la participación ciudadana para garantizar la rendición de cuentas.This case addresses the issue of the use of public-private partnerships in road infrastructure projects in Peru, highlighting the risks associated with the transfer of public assets to private operators. The main problem identified is the contractual imbalance that can arise, whereby the State loses effective control over public infrastructure, which is reflected in extended deadlines, advance toll charges and restrictive clauses that limit its capacity to intervene. This scenario generates social conflicts and fuels the perception of covert privatisation of public assets. Among the regulatory instruments used to regulate public-private partnerships is Legislative Decree No. 1362, which establishes the principles and procedures for the planning, structuring and execution of projects. In addition, Law No. 29151 on state assets, which regulates public domain assets and imposes restrictions on their disposal, is being revised. This framework seeks to balance the incentive for private investment with the protection of public assets. The main conclusions of the case include the urgent need for legal reforms that limit the duration of concessions, improve transparency in the awarding and execution of projects, and strengthen state oversight to prevent covert privatisation and ensure that public assets continue to benefit the community. It also highlights the importance of effective control, the inclusion of periodic review mechanisms, and citizen participation to ensure accountability.