Alcances y limitaciones en la incorporación de salvaguardas socioambientales en los proyectos de créditos de carbono desarrollados en el Perú

Abstract

Los proyectos de créditos de carbono fueron una solución adoptada en los 90 para que los países industrializados internalicen sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero se han convertido en un riesgo global por la afectación a los derechos de las poblaciones ubicadas en el área de estos proyectos como viene siendo documentado. Si bien la comunidad internacional quiso abordar este riesgo con la incorporación de salvaguardas socioambientales a estos proyectos en el 2010, fue un error dejar su interpretación a discreción de cada Estado. Han transcurrido quince años y nuestro Ministerio del Ambiente perpetua los claroscuros de su exigibilidad con una definición de salvaguardas alejada del enfoque de derechos humanos, haciendo interpretaciones laxas del contenido mínimo de los derechos que deben ser protegidos y sin saber cómo velar por el cumplimiento de estas. El panorama es muy conveniente para los desarrolladores de proyectos; por contraste, resulta en una problemática prioritaria de atender por el lado de las comunidades. Bajo ese entender, el objetivo principal del presente documento es identificar los alcances y limitaciones en la incorporación de estas salvaguardas en los proyectos de créditos de carbono desarrollados en Perú. Tras estudiar el proyecto Parque Nacional Cordillera Azul, los resultados muestran que el Perú presenta una débil gobernanza detrás de esta incorporación ya que la regulación interna no reconoce estándares mínimos de protección de derechos que velen por el reconocimiento de propiedad basado en el control histórico y tradicional del territorio, simetría de información con enfoque intercultural y de género, participación de los beneficios económicos como reconocimiento a la labor de conservación comunal, mecanismos de quejas operativos, régimen de fiscalización y sanciones, entre otras medidas que conduzcan a un equilibrio entre los intereses de las comunidades, el Estado y los desarrolladores de proyectos. Esperamos que el desenlace del litigio detrás del proyecto Parque Nacional Cordillera Azul cambie este panorama y el Ministerio del Ambiente aborde con menos desidia la incorporación de salvaguardas.