¿El Tribunal Constitucional es un órgano idóneo para calificar hechos como delitos? A propósito de la sentencia recaída en el Expediente EXP. N.° 01969-2011- PHC/TC, Caso ‘’El Frontón’’

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Pontificia Universidad Católica del Perú

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Resumen

[En el presente artículo académico, tomando como punto de referencia la sentencia recaída en el Expediente EXP. N.° 01969-2011-PHC del Tribunal Constitucional evaluaremos los límites al control constitucional ejercido por el órgano constitucional. En específico, nos centraremos en analizar una cuestión, por demás, problemática y controversial: ¿El Tribunal Constitucional es un órgano idóneo para calificar hechos como delitos? Si bien, el referido órgano constitucional ha realizado dicho ejercicio, como en el mencionado expediente previo, cabe preguntarse si, realmente, el Tribunal Constitucional, y las facultades que posee conforme a la Constitución, le permiten ser un órgano idóneo para realizar una calificación de corte penal, atribuida tradicionalmente al juez penal ordinario. Consideramos de gran importancia académica y jurídica una interrogante de esa naturaleza debido a que, como fue señalado, el Tribunal Constitucional ha venido realizando dicho ejercicio en determinados fallos; sin embargo, el hecho de que, en efecto, como hecho fáctico, lo haga, no necesariamente se traduce en que este es un órgano idóneo para tal fin. Para arribar a una conclusión acertada, analizaremos las competencias atribuidas al Tribunal Constitucional y sus límites; discutiremos la idoneidad del espacio constitucional para la actuación y valoración probatoria –elemental en el ámbito penal–; así como, el riesgo de la afectación al principio de independencia judicial, en este caso, del juez penal ordinario, bajo la premisa de que el Tribunal Constitucional estaría arrogándose competencias que escapan de su fuero.]
[In this academic article, taking as a reference point the ruling issued in the file EXP. N.° 01969-2011-PHC of the Constitutional Court, we will evaluate the limits of the constitutional control exercised by the constitutional body. Specifically, we will focus on analyzing a question that is, moreover, problematic and controversial: Is the Constitutional Court an appropriate body to qualify facts as crimes? Although the aforementioned constitutional body has carried out this exercise, as in the aforementioned previous file, it is worth asking whether, in reality, the Constitutional Court, and the powers it possesses according to the Constitution, allow it to be an appropriate body to carry out a criminal qualification, traditionally attributed to the ordinary criminal judge. We consider that an interrogation of this nature is of great academic and legal importance because, as was pointed out, the Constitutional Court has been carrying out this exercise in certain rulings; however, the fact that it does so, as a factual matter, does not necessarily translate into the fact that it is an appropriate body for this purpose. To arrive at an accurate conclusion, we will analyze the powers attributed to the Constitutional Court and its limits; we will discuss the suitability of the constitutional space for the performance and assessment of evidence - essential in the criminal field -; as well as the risk of affecting the principle of judicial independence, in this case, of the ordinary criminal judge, under the premise that the Constitutional Court would be arrogating powers that escape its jurisdiction.]

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Palabras clave

Perú. Tribunal Constitucional--Jurisprudencia, Jurisdicción constitucional--Perú, Derechos fundamentales--Jurisprudencia--Perú, Derechos humanos--Jurisprudencia--Perú

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