La articulación de actores públicos y privados en la provisión de evidencias en políticas públicas. Un análisis del proceso de formulación de la Política Nacional del Ambiente al 2030

Abstract

En los últimos años ha crecido la tendencia de fundamentar las políticas públicas en evidencia. En este marco, el estudio analizó la interacción entre actores públicos y no estatales en la provisión de evidencia, tomando como caso la actualización de la Política Nacional del Ambiente al 2030 (PNA-2030), primera política multisectorial elaborada con la metodología de CEPLAN. Aunque el enfoque de políticas basadas en evidencia promueve su uso en todo el ciclo de la política, el estudio se centra en su uso en la etapa de formulación, analizando dos aspectos: i) la evidencia empleada como sustento, identificando sus autorías y las estrategias seguidas para su definición; y ii) los indicadores propuestos en la PNA-2030, que permitirán evaluar el logro de sus objetivos. En ambos casos, se examina la interacción de los actores estatales y no estatales. La metodología incluyó el análisis del texto de la política, documentos preliminares y entrevistas. El estudio identifica limitaciones importantes. En el diagnóstico, se evidenció escasa participación de la academia y de la sociedad civil en las fuentes empleadas, así como carencia de datos específicos y actualizados sobre la degradación ambiental y su impacto en la calidad de vida. Esto subraya la necesidad de fortalecer la producción de información ambiental con base en evidencia. Respecto a los indicadores, se observa que el MINAM y otros sectores gubernamentales son los principales responsables de la implementación y evaluación de servicios. Sin embargo, no se contemplan mecanismos claros de supervisión ni de rendición de cuentas que aseguren la efectividad de la política. Por ello, se requiere un marco institucional que garantice el cumplimiento de los compromisos y fomente la integración efectiva de los diversos sectores. Finalmente, se destaca la necesidad de fortalecer la articulación entre actores públicos, sociedad civil, academia y sector privado. Promover la producción colaborativa de conocimiento y mejorar los sistemas de información contribuirán a una toma de decisiones más informada y efectiva en el ámbito ambiental.In recent years, there has been a growing trend to base public policies on evidence. In this context, the study analyzed the interaction between public and non-state actors in the provision of evidence, using the update of the National Environmental Policy to 2030 (PNA- 2030) as a case study. This is the first multisectoral policy developed using CEPLAN’s methodology. Although the evidence-based policy approach encourages the use of evidence throughout the policy cycle, this study focuses on the formulation stage, analyzing two aspects: (i) the evidence used to support the policy, identifying its authorship and the strategies followed for its selection; and (ii) the indicators proposed in the PNA-2030, which will provide the evidence to assess the achievement of its objectives. In both cases, the study examines the interaction between state and non-state actors. The methodology included an analysis of the policy text, preliminary documents, and interviews. The study identifies significant limitations. In the diagnostic phase, there was little participation from academia and civil society in the sources used, as well as a lack of specific and updated data on environmental degradation and its impact on quality of life. This highlights the need to strengthen the production of environmental information based on evidence. Regarding the indicators, it was observed that the Ministry of the Environment (MINAM) and other governmental sectors are primarily responsible for the implementation and evaluation of services. However, there are no clear oversight or accountability mechanisms to ensure the effectiveness of the policy. Therefore, an institutional framework is needed to guarantee the fulfillment of commitments and promote effective integration of different sectors. Finally, the study highlights the need to strengthen coordination among public actors, civil society, academia, and the private sector. Promoting collaborative knowledge production and improving information systems will contribute to more informed and effective decision-making in environmental governance.