¿Ausencia de políticas públicas? Un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto al internamiento involuntario de las personas con discapacidad

Abstract

El presente trabajo realiza un análisis de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional peruano en relación a las personas con discapacidad, específicamente los supuestos de internamiento involuntario. La especial relevancia de ello radica en que, a pesar de contar con un marco normativo nacional e internacional que tutela y reconoce aquellos derechos que históricamente les han sido mermados y no reconocidos, el avance jurisprudencial no se ha encontrado en la misma sintonía. La legislación en la materia determina que la privación de la libertad de las personas con discapacidad únicamente puede darse por los motivos establecidos en la ley. En ese sentido, en cuanto al ámbito médico, tanto la Ley General de Salud como la Ley de Salud Mental han limitado prácticas médicas como la hospitalización y/o internamiento involuntario únicamente para determinadas circunstancias: emergencias psiquiátricas. No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al pronunciarse en diversos casos, ha aceptado y se decantado por estas prácticas médicas restrictivas de la libertad por motivos que no han sido establecidos por la ley. En otras palabras, ha permitido el internamiento involuntario de personas con discapacidad sin encontrarse estas en una situación de emergencia psiquiátrica. De esa manera, el presente trabajo buscará determinar que, aquellos pronunciamientos no responden a una simple inaplicación de la normativa vigente, sino que responden y tienen como causa principal la ausencia de políticas públicas y/o programas que aborden y traten los problemas estructurales que son los que principalmente motivan estos internamientos.

This paper analyses the statements made by the Peruvian Constitutional Court in relation to persons with disabilities, particularly in cases of involuntary internment. The special relevance of this lies in the fact that, despite having a national and international regulatory framework that protects and recognises those rights that have historically been diminished and not recognised, jurisprudential progress has not been consistent in this respect. Legislation on the matter determines that the deprivation of liberty of persons with disabilities can only occur for the reasons established by law. In this sense, in the medical field, the General Health Law and the Mental Health Law have limited medical practices such as hospitalisation and/or involuntary internment only to certain circumstances: psychiatric emergencies. However, the jurisprudence of the Constitutional Court in various cases has accepted and opted for these libertyrestricting medical practices on grounds that have not been established by law. In other words, it has allowed the involuntary internment of persons with disabilities without them being in a situation of psychiatric emergency. In this way, this paper will seek to determine that those pronouncements do not respond to a simple non-application of current legislation, on the contrary, they have as their main cause the absence of public policies and programmes that approach and treat the structural problems that are the main cause of these internments.