Ejecución de sentencias con obligación de entrega de suma dineraria a cargo del Estado: De un procedimiento de financiamiento a un procedimiento de priorización de adeudos dentro de los confines del principio de legalidad presupuestal y tutela procesal efectiva

Abstract

El principio de legalidad presupuestal garantiza que la satisfacción de sentencias judiciales firmes contra el Estado sea llevado a cabo a través de un procedimiento administrativo que permita garantizar la previsión presupuestaria del adeudo dentro del ejercicio presupuestal correspondiente, sin embargo, en la medida que los costos que implica el pago de obligaciones dinerarias contenidas en sentencias firme contra el Estado se han visto incrementado, el Estado a establecido criterios de prioridad de pago, así como un procedimiento específico para la aplicación de estos criterios, los cuales se encuentran prescritos en la Ley N° 30137 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-JUS. En razón de ello, y ante la falta de un pleno conocimiento por parte de la sociedad jurídica del procedimiento para la implementación de los criterios de prioridad, resulta necesario realizar un análisis de constitucionalidad del procedimiento establecido, teniendo en cuenta que, paralelamente al principio de legalidad presupuestal, nuestra constitución garantiza el derecho de toda persona a una tutela procesal efectiva, que le asegure que lo resuelto en un proceso judicial sea efectivizado en un plazo razonable.The principle of budgetary legality guarantees that the satisfaction of final judicial rulings against the State is carried out through an administrative procedure that ensures the budgetary allocation for the debt within the corresponding fiscal year. However, as the costs associated with the payment of judgments against the State have increased, the State has established payment priority criteria, as well as a specific procedure for applying these criteria, which are outlined in Law No. 30137 and its Regulations, approved by Supreme Decree No. 003-2020-JUS. In this regard, and due to the lack of full knowledge among the legal community about the procedure for implementing the priority criteria, it is necessary to conduct a constitutional analysis of the established procedure, taking into account that, alongside the principle of budgetary legality, our constitution guarantees the right of every person to effective legal protection, ensuring that judicial decisions are enforced within a reasonable time.