2. Maestría

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Tesis de la Escuela de Posgrado

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Subject: search.filters.subject.Transporte urbano--Perú

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    Naturaleza jurídica de la prestación personal de servicios mediante plataformas virtuales: los casos de UBER y Pedidos Ya, en el Perú durante los años 2019-2023
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-11-18) Romero Mendoza, Yordan Feler; Paitán Martínez, Javier
    La presente tesis surge de una incertidumbre que existe actualmente en nuestro país sobre un moderno método de negocio no regulado desde el punto de vista del derecho del trabajo, teniendo como objetivo la identificación de la naturaleza jurídica de la prestación personal de servicios mediante las plataformas virtuales Uber, referido al servicio de transporte urbano o taxi, y PedidosYa, sobre el servicio de reparto o delivery. Para ello, se inicia describiendo la economía digital en el marco de la cuarta revolución industrial, identificando el método de negocio on demand, para luego describir las tipologías subordinada y autónoma de la prestación personal de servicios en el sistema normativo peruano, haciendo un recuento de los tipos de trabajadores autónomos existentes en el derecho comparado, como son los económicamente dependientes, conocidos también como parasubordinados, postulando nuestra propia definición de esta última categoría. Asimismo, se cita la doctrina especializada sobre la materia y su descripción en el derecho comparado, reconociendo, por un lado, su regulación normativa en distintos países del globo y, por el otro, algunos criterios jurisprudenciales sobre la identificación de la categoría jurídica en que se situarían los trabajadores de plataformas virtuales. El Capítulo I culmina con la mención de los diecisiete proyectos normativos presentados ante el Congreso de la República con el fin de regular esta problemática en nuestro país. Luego, en el Capítulo II se realiza la caracterización de la prestación personal de servicios en los casos Uber y PedidosYa, detallando sus rasgos comunes y particularidades, sustentando la imperiosa necesidad de determinar su naturaleza jurídica, la que se define en el Capítulo III, aplicando el Test de Laboralidad, y se sustenta la razón por la que debería ser objeto de protección por el derecho social y los derechos fundamentales, esbozándose una propuesta legislativa sobre su regulación.
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    Modelo prolab: Friendly Car, una nueva alternativa segura, cómoda y accesible para el transporte de pasajeros
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-11-29) Baca Alama, José Manuel; Saavedra Motta, Adolfo Manuel; Spelucin Cassina, Sandra Gabriela; Vergaray De la Cruz, Marta Yolanda; Avolio Alecchi, Beatrice Elcira
    El presente trabajo ha planteado una solución ante uno de los principales problemas que aqueja a la como sociedad, en especial para la ciudad de Lima Metropolitana; y es que cada vez que se habla sobre el tráfico y/o transporte público y de la delincuencia en Lima, casi todos los comentarios son malos y termina decepcionando a la población por la poca o nula reacción que tienen las instituciones para mejorar la situación. En ese sentido Friendly Car ofrece una solución innovadora a este problema, que permitirá a los usuarios movilizarse de forma rápida, segura y cómoda a sus centros de trabajo y permitirá a los ciudadanos con vehículo propio generar ingresos adicionales. Esta solución llegará a los usuarios mediante una aplicación amigable y de fácil uso, en la cual se podrá conocer la información tanto del conductor como de la unidad, generando una sensación de confort y seguridad en los usuarios. Nuestra propuesta ha sido planteada para que sea sostenible en el tiempo. Generará un beneficio en la sociedad al brindar una mejor calidad de vida, tendrá un beneficio económico tanto para la empresa como para el usuario conductor y generará un VAN de S/3,706,285.00 y una TIR de 336.26%. Asimismo, tendremos la oportunidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero dado que se reducirá el número de unidades que transiten por la ciudad.
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    El transporte urbano de pasajeros servicio público y actividad económica sujeta a las reglas de mercado
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-06-21) Mayorga Elías, Lenin William; Zegarra Valdivia, Diego Hernando
    La noción de servicio público, tanto en la doctrina como en el marco normativo peruano, requiere la concurrencia de tres elementos: i) el elemento funcional, vinculado a la existencia de una actividad de interés general, ii) el elemento orgánico, relacionado con la persona pública encargada de gestionar los servicios y, iii) el elemento material, constituido por el régimen jurídico especial, entendido como el régimen exorbitante que a su vez implica prerrogativas del poder público. Es precisamente el interés general, el que legitima la imposición de un régimen jurídico especial, que contenga medidas destinadas a garantizar las características de igualdad o generalidad, continuidad, regularidad y mutabilidad, que deben cumplir los servicios públicos. Por su parte, la publicatio o reserva a favor del Estado, constituye únicamente el requisito formal que legitima la intervención estatal en una actividad, que siendo de interés general, requiere la adopción de un régimen jurídico especial que garantice su prestación adecuada. Hoy en día, tanto la Constitución Política del Perú, como la Ley Orgánica de Municipalidades y la ley de creación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), establecen que el transporte urbano de personas en el ámbito provincial, es un servicio público. Con ello, se reconoce el interés general que reviste esta actividad económica y al mismo tiempo se legitima la aplicación de un régimen jurídico especial. Este régimen jurídico especial debe ser entendido como el régimen exorbitante que a su vez, implica prerrogativas del poder público, sin que ello tenga que referirse necesariamente a una intervención total del Estado en la actividad a través de concesiones administrativas; ya que el régimen jurídico que se adopte, deberá adecuarse a la realidad social y económica existente al momento de su implementación. Por estas razones, el presente trabajo propone que no todas las actividades que constituyen servicios públicos, deben estar sujetas a la misma rigurosidad regulatoria, sino que ello dependerá de los problemas o fallas que presenten los mercados para conciliar los intereses, aparentemente contrapuestos, entre usuarios y entidades prestadoras. Frente a ello, al momento de diseñar el régimen jurídico especial aplicable al transporte urbano, deberá considerarse que el régimen de autorizaciones administrativas resulta compatible con instrumentos de regulación como la racionalización, la fijación de estándares y los concursos competitivos; instrumentos que permitirían garantizar las características de generalidad, continuidad, regularidad y mutabilidad a un menor costo regulatorio y sin necesidad de recurrir a las concesiones administrativas como títulos habilitantes.
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    Los efectos de la implementación de un protocolo anticorrupción en la Policía de Tránsito como estrategia para combatir los delitos flagrantes de corrupción de funcionarios cometidos por conductores de transporte público en Lima Metropolitana, durante el 2014 – 2015
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-01-23) Escudero Alcántara, Dino; Vizcarra Castillo, Sofía Isabel
    La corrupción al interior de la Policía de Tránsito tuvo su pico más elevado en el 2012 y 2013, los medios de comunicación masiva mostraban conductores de transporte público otorgando coimas a los policías de tránsito, a fin de evitar la imposición de una papeleta. En este contexto se crea el Pacto por la Integridad en el Tránsito y el Transporte Público, bajo la dirección de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM, trazándose como objetivo reducir la micro corrupción en el ámbito del tránsito y el transporte público en Lima Metropolitana, planteándose como hipótesis el desarrollo de un procedimiento, que busque el control de la corrupción en la Policía de Tránsito, los Inspectores Municipales y los Transportistas, que permita un cambio de imagen policial y eleve la confianza de los ciudadanos, teniendo como sustento una metodología que nos acerque a la experticia de los involucrados, para implementarla como política pública anticorrupción, a través de la creación de un Protocolo Anticorrupción, que a partir de su puesta en ejecución redujo las denuncias contra la policía de tránsito el 2014 (3), el 2015 (1) y el 2016 (2) y contra los transportistas de servicio público el 2014 (770), el 2015 (599) y el 2016 (317), reflejada en una disminución significativa de la percepción que se tenía de la Policía Nacional como institución corrupta de 53% el 2013 a 42% el 2015; logrando su implementación no solo la reducción de los actos de corrupción en la Policía de Tránsito, sino en los conductores de servicio público, así como un cambio de imagen institucional, recuperándose la confianza de la población y una reacción positiva de la prensa
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    Alteración en la asignación de riesgos en las concesiones cofinanciadas de infraestructura de transporte de uso público mediante modificaciones contractuales
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-06-07) Céspedes Gil Arroyo, Josselyne; Paz Sime, Miguel Ángel; Elías Narajo, Silvana Patricia
    En el presente trabajo se analiza si las modificaciones efectuadas sobre los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público, cofinanciados y vigentes, han alterado la asignación de riesgos previamente pactada por las partes. Para tal efecto, en primer lugar, se estudia y reconoce que la óptima distribución de riesgos es una característica inherente a las asociaciones público privadas, siendo las concesiones cofinanciadas una de sus modalidades. Asimismo, se define el alcance de la noción de riesgo contractual, se identifican cuáles son los riesgos que existen y se comparten en las concesiones cofinanciadas, así como los criterios para conseguir una eficiente asignación. Como siguiente paso, se estudian las razones que justifican la legítima necesidad de recurrir a las modificaciones contractuales, como mecanismos de solución de contingencias no previstas, pero también se reconoce la existencia de ciertos peligros que encierran las renegociaciones contractuales. En ese mismo orden de ideas, se estudia la evolución normativa de la regulación sobre adendas y modificaciones contractuales, con especial énfasis en el tratamiento legal del deber de procurar no alterar la asignación de riesgos originalmente contemplada. Continuando con el desarrollo de la investigación, se establecen los criterios en virtud de los cuales debe considerarse que una modificación contractual altera justificada o injustificadamente la asignación de riesgos. Posteriormente, sobre la base de dichos criterios, se efectúa un análisis detallado de las modificaciones efectuadas a los trece contratos de concesión cofinanciados vigentes de infraestructura de transporte de uso público que han sido objeto de alguna renegociación. Después de completar dicho estudio, se determina si las modificaciones contractuales analizadas han producido una alteración en la asignación de riesgos previamente establecida y si, de ser el caso, dicha variación es justificada o injustificada. Dichos resultados son consolidados gráficamente. La investigación finaliza con la presentación de las conclusiones y de algunas recomendaciones normativas, que pueden ser implementadas, con la finalidad de precisar el alcance de la obligación legal de procurar no alterar la asignación de riesgos y de evitar la suscripción de adendas que incurran en variaciones injustificadas de los esquemas de distribución de riesgos.
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    Diseño de penalidades y sanciones administrativas en los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público en el Perú: lineamientos para su definición y aplicación
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-05-24) Zúñiga Velarde, Landher Alejandro; Ruiz Diaz, Gonzalo Martín
    La presente investigación contiene el estudio de dos herramientas jurídicas que emplea el Estado Peruano en la relación contractual que mantiene con los concesionarios que participan en el mercado de infraestructura de transporte de uso público. Estas herramientas son las penalidades y las sanciones administrativas. Las primeras tienen naturaleza civil y buscan garantizar el cumplimiento de una obligación; y las segundas, poseen naturaleza administrativa y cumplen un rol punitivo por la transgresión a las normas. Por lo tanto, si bien ambas permiten desincentivar los incumplimientos en los que pudieran incurrir los concesionarios, deben tramitarse desde sus respectivos procedimientos. Sin embargo, en el sector de infraestructura de transporte se ha presentado una confusión conceptual porque se ha creado un procedimiento especial para aplicar las penalidades, el cual dista de la naturaleza civil que tienen tales figuras y las aproxima al ámbito del derecho administrativo sancionador. Así ha ocurrido que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) ha emitido una Directiva a través de la cual crea una vía administrativa para imponer las penalidades, como si éstas fueran sanciones administrativas. La situación antes descrita incide sobre la integridad de los contratos de concesión en tanto que deja sin efecto la cláusula de solución de controversias, llevando los conflictos a sede judicial como última instancia. Esto genera tres potenciales problemas: incertidumbre y riesgo regulatorio, incremento de costos de transacción a nivel contractual e ineficacia del sistema de cumplimiento. En este contexto, la tesis aborda el análisis de las penalidades y las sanciones administrativas, considerando lo establecido en el marco normativo y el criterio expuesto por el OSITRAN, con el fin de esclarecer que son figuras que requieren un procedimiento de aplicación acorde con su naturaleza jurídica. A su vez, deja en evidencia que el problema se origina por la confluencia innecesaria de ambas, al haberse asignado para un mismo tipo de incumplimiento en los contratos de concesión. En nuestro estudio se concluye que OSITRAN carece de competencia legal para regular un procedimiento de aplicación de penalidades. Asimismo, se hace visible que la confusión conceptual involucra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por haber incluido, en los contratos de concesión, un régimen de penalidades que adolece de los defectos mencionados. Por ello, en esta investigación se analiza el régimen de penalidades con el fin de identificar los incumplimientos que sólo deberían ser objeto de penalidades y no de sanciones administrativas. De este modo, se le asigna a cada herramienta el uso que le corresponde según su naturaleza, reduciendo así la posibilidad de que puedan confluir sobre un mismo tipo de incumplimiento. Finalmente, como último propósito de la tesis, se plantea la idea de mejorar el procedimiento establecido en la Directiva, armonizándolo con el mecanismo de solución de controversias pactado por las partes, haciendo uso de la regulación responsiva; y se elaboran unos Lineamientos para la formulación de una cláusula que regule el régimen de penalidades en los contratos de concesión que a futuro se suscriban o que forme parte de las modificaciones contractuales a insertarse en los proyectos de inversión que así lo requieran.