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Análisis de la sociedad unipersonal como mecanismo de promoción de la actividad empresarial en el Perú y sobre su permisibilidad en nuestro país
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-05-08) Silva Tapia, Sergio Antonio; Tabra Ochoa, Edison Paul
El presente trabajo aborda la sociedad unipersonal; es decir, aquella conformada por un único socio, tomando en cuenta data estadística de demografía empresarial peruana de los años 2018 a 2022. La actual Ley General de Sociedades peruana establece que para la constitución y marcha de una sociedad es requerida la intervención de dos o más socios. Excepcionalmente, se permite la unipersonalidad para: las empresas estatales, las sociedades autorizadas por ley y toda sociedad por el plazo máximo de seis meses. No obstante, información estadística muestra que en el Perú la mayoría de las empresas que iniciaron o reanudaron sus actividades entre el 2018 y el 2022 adoptaron formas jurídicas unipersonales (persona natural con negocio o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada). Ambas formas presentan desventajas que hacen que optar por ellas no resulte conveniente para los empresarios. Por otro lado, no se puede negar la existencia en el Perú de sociedades que cumplen con la pluralidad de socios únicamente de manera formal y no real (denominadas “sociedades de favor”). El presente trabajo sustenta, desde un enfoque estadístico, la conveniencia de permitir la existencia de sociedades unipersonales en el Perú. Planteamos un cambio normativo que permita la unipersonalidad para la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Asimismo, proponemos los principios que la futura regulación de la sociedad unipersonal en el Perú debe seguir, a fin de satisfacer efectivamente las necesidades de los empresarios peruanos y constituirse en un auténtico instrumento de promoción de la actividad empresarial.
Análisis del modelo de prevención de delito previsto en la Ley N° 30424 y su aplicación en la micro, pequeña y mediana empresa
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-09-28) Palma Vásquez, Pablo Julián; Tabra Ochoa, Edison Paul
El Compliance ha cobrado gran relevancia en el Derecho debido, principalmente, a los cambios normativos, que impulsaron la incorporación de la responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica. Esta responsabilidad fue incorporada debido a que los criterios penales dogmáticos clásicos para sancionar las conductas delictivas cometidas en el seno de una organización empresarial no eran suficientes para sancionar a las personas naturales que cometen delitos. Por ello, el Estado traslada a las personas jurídicas la obligación de coadyuvar en la prevención de delitos cometidos por sus funcionarios, representantes o trabajadores. Es así que, en el Perú mediante la Ley N° 30424, y sus normas modificatorias, establece la responsabilidad penal de la persona jurídica y un mecanismo para exonerar o atenuar su responsabilidad, esto es, la implementación de un modelo de prevención de delito que deberá contener cinco elementos mínimos necesarios para cumplir la finalidad preventiva de conductas delictivas. La referida ley establece que, para el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, será suficiente que estas acrediten la implementación de un elemento mínimo para exonerarse de responsabilidad. Es por esto que, mediante el presente trabajo de investigación, analizaremos si efectivamente cumplirá con la finalidad preventiva de todo modelo de prevención que una micro, pequeña y mediana empresa cumpla con implementar un solo elemento mínimo del modelo de prevención.
El arbitraje en aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado: a propósito de su obligatoriedad en los contratos domésticos del Estado con privados
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-10-21) Iglesias Palza, Pablo Antonio; Tabra Ochoa, Edison Paul
La Ley de Contrataciones del Estado vigente en el Perú, reconoce como mecanismo heterocompositivo de solución de controversias obligatorio, salvo excepciones, al arbitraje. Al estipular al arbitraje como obligatorio, se desnaturaliza la figura de esta institución jurídica como mecanismo adecuado de solución de controversias, dado que éste es esencialmente voluntario. Bajo este orden de ideas, a partir de la identificación, comparación y análisis de un supuesto normativo que es real en el Perú: la obligatoriedad del arbitraje en los contratos de los que forma parte el Estado bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE); se postula, en aras de la coherencia que debe imperar en nuestro Sistema Jurídico, devolverle la voluntariedad como carácter esencial, proponiendo soluciones que a la vez de significar modificaciones legislativas que guardan coherencia con nuestra Constitución y la Ley que norma el Arbitraje, suponen un verdadero entendimiento de la institución arbitral y una coherente utilización de éste como mecanismo de solución de controversias, garantizando la Autonomía de la Voluntad, la Tutela Jurisdiccional Efectiva y el respeto de los derechos de los contratantes en los contratos públicos en el ámbito de la LCE, bajo un marco de Legalidad.
El back charge en los contratos de construcción Aproximación a las facultades y límites legales del comitente para intervenir y modificar los derechos y obligaciones del contratista en los contratos de construcción privados
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-06-05) Mallma Vilca, Paul Vladimir; Tabra Ochoa, Edison Paul
la relevancia que tiene en cuanto a la economía nacional. Los actores más importantes que intervienen en dicha industria son los comitentes – normalmente grandes empresas mineras, petroleras o industriales – y los contratistas, que suelen también ser empresas grandes o medianas, pero con bastante poder de financiamiento debido a que las obras a ejecutarse demandan grandes fluctuaciones económicas. A pesar de su importancia, el contrato de construcción, que por orden económico debería situarse a continuación del contrato de compraventa, no tiene una regulación propia en nuestro Código Civil, dando lugar a la autorregulación contractual de las partes. Pero al tratarse de contratos por adhesión, impuestos en su gran mayoría por los comitentes, surgen muchos conflictos contractuales que finalmente se resolverán en los tribunales arbitrales. Uno de los conflictos más frecuentes es la intervención contractual del comitente, que es una excepción al principio del pacta sun servanda y que faculta al comitente a “incumplir” su deber implícito de “dejar hacer”, para procurarse por sí mismo el cumplimiento del contrato de construcción ante un incumplimiento contractual parcial del contratista. Esta intervención contractual suele darse a través del back charge o el retiro de partidas contractuales. En cuanto al back charge, los conflictos comunes surgen porque las partes no se ponen de acuerdo en definir cuándo se está ante un incumplimiento contractual del contratista que faculte la aplicación del back charge por el comitente, y cuál es el límite económico de esta afectación. Este trabajo de investigación, aborda esta problemática a través de soluciones jurisprudenciales internacionales con el objetivo de aportar para que los tribunales arbitrales nacionales tengan mejores herramientas en sus fundamentaciones para resolver mejor estos casos frecuentes.
La celebración de convenios societarios en el marco de un buen gobierno corporativo en sociedades de capital concentrado. La autorregulación como alternativa de solución
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-06-16) Vásquez Sakamoto, Relfa Geraldine del Carmen; Tabra Ochoa, Edison Paul
Nuestra realidad corporativa evidencia una situación inquietante que, muchas veces, impide el correcto desarrollo de la empresa. Dicha situación hace referencia al problema de agencia y los abusos de poder que se dan en el seno de la empresa. Tal problema reside en el desequilibrio de poder entre los shareholders mayoritarios y minoritarios, sobre todo en mercados emergentes como el peruano, donde el sistema legal no es efectivo ni confiable. En determinadas situaciones, estos desequilibrios de poder se hacen más evidentes: votaciones de Junta General de Accionistas, retención injustificada de beneficios, falta de información transparente y oportuna, o dilución deliberada del capital social de la empresa. Toda empresa nace con intención de permanencia y desarrollo en el mercado. Por ello, frente a los problemas que se puedan presentar, consideramos que la celebración de convenios societarios que contengan cláusulas que protejan al accionista minoritario, sería entendida como práctica de buen gobierno corporativo. Ello, en la medida que, lo que se pretende es que la empresa sea una entidad que refleje respeto e igualdad hacia todos sus stakeholders, así como transparencia y responsabilidad. Es decir que, lo que se debe procurar es una sinergia corporativa entre ambas instituciones. En ese contexto, la presente investigación se ha valido de comparar tres sistemas jurídicos con los cuales el Perú guarda relaciones histórico – comerciales. Asimismo, se han estudiado dos casos: Chiquitoy y La Polar, con la finalidad de aterrizar los conceptos teóricos en la realidad mercantil. De manera que, las conclusiones finales de la investigación evidencian que es posible proteger al accionista minoritario de manera cabal, en la medida que la cultura corporativa se alinee con los objetivos de la empresa, la cual se entiende como la búsqueda de la permanencia y crecimiento de la sociedad en el mercado.
La certificación de la actas societarias por el gerente general de las empresas de propiedad del Estado (EPE)
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-10) Prado Oruna, Jennifer Melissa; Tabra Ochoa, Edison Paul
El problema principal de investigación del presente trabajo es analizar la razón por la cual el Gerente General de una empresa del Estado no realiza de forma oportuna la certificación de la asistencia del directorio en las actas del libro del Directorio, ocasionando que el nuevo designado no asuma dicha obligación que le correspondía al anterior Gerente. Es por ello, que en la hipótesis de la investigación se analiza si es necesario implementar un procedimiento interno para la expedición de constancias y certificación respecto de los libros y registros de las actas de directorio por parte del Gerente General de una empresa del Estado, y así de esta manera poder regular de manera adecuada los actos ordinarios como la certificación y la expedición de constancias que debe realizar el Gerente General por mandato del Decreto Supremo 006-2013-JUS, Ley General de Sociedades y Reglamento del Registro de Sociedades- SUNARP. Se plantea que dicho procedimiento debe plasmar de forma sistemática lo establecido en las normas mencionadas, teniendo en cuenta los riesgos legales que acarrea no realizar la certificación del Gerente en una Sociedad de propiedad del Estado. Los impactos más relevantes de no tener este procedimiento interno de certificación del Gerente, es variopinto, desde una mala reputación de la empresa estatal, como malas prácticas del buen gobierno de corporativo de la empresa estatal, hasta una mala imagen como profesional del cargo del Gerente General. Teniendo en cuenta ello, estudiaremos las causas jurídicas y operativas que determinan por qué los Gerentes Generales no certifican las actas societarias a tiempo, para lo cual las estudiaremos en función al estatuto de la empresa, Manual de Organización y Responsabilidades General, y código de buen gobierno de las empresas del estado regulado por FONAFE, a fin de evaluar si el procedimiento interno que se propone es pertinente para el problema planteado. Finalmente, se propondrá soluciones legales que procuraran reducir los riesgos societarios y de incumplimiento normativo, a fin de evitar malas prácticas societarias identificadas a nivel de la Alta Gerencia y las áreas de apoyo.
El deber de diligencia digital de la administración de las sociedades, como parte de las normas de buen gobierno corporativo
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-09-04) Gibaja Aucapuri, Gonzalo; Tabra Ochoa, Edison Paul
En la medida en que van surgiendo nuevas tecnologías que buscan soluciones eficientes para determinados procesos en las sociedades peruanas, surgen nuevos riesgos respecto de los cuales no se está prestando mucha atención: los riesgos digitales legales. La prevención, mitigación y control de riesgos en una sociedad está a cargo de la administración de la misma. Los directorios y gerencias generales, según sea el caso, de las sociedades peruanas, en su rol de administradores, cuentan con un deber bastante relevante para la ejecución de sus funciones. Este deber se llama el deber de diligencia. El deber de diligencia de los administradores está relacionado a sus funciones de cuidado y supervisión de las actividades de una sociedad. Sin embargo, tal como se encuentra regulado el deber de diligencia bajo las normas del gobierno corporativo, no atacaría directamente el problema planteado respecto de los riesgos digitales legales. En ese sentido, el presente trabajo de investigación busca resolver dicho problema desde una perspectiva teórico y práctica: adecuar el deber de diligencia de los administradores de la sociedad a un deber de diligencia digital, como una submateria que considere, en particular, los riesgos digitales legales que surgen en la medida que van implementándose nuevas soluciones tecnológicas. Una adecuada ejecución del deber de diligencia digital por parte de la administración de una empresa, implementado a través de una política interna de uso de nuevas tecnologías y un adecuado sistema de prevención de riesgos en una sociedad, que implemente controles eficientes para prevenir y mitigar riesgos digitales legales, servirá de herramienta eficiente para la ejecución de las laborales de dicha administración.
Los desafíos de las empresas de casinos frente a las entidades bancarias
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-02-12) Gonzáles Salva, Yirley Miriam; Tabra Ochoa, Edison Paul
Las empresas de Casinos han presentado problemas con el Sector Bancario desde hace varios años, ello se debe al alto grado de incidencia de prácticas de lavado de activos dentro de estos establecimientos, motivo por el cual han sido catalogados como blancos fáciles. Por otro lado, las entidades bancarias con el animus de preservar sus intereses dentro ellos su reputación, han optado por establecer políticas de índole interna, donde han señalado taxativamente las actividades económicas consideradas riesgosas en sí mismas, dentro de las cuales encontramos a los Casinos. Esta clasificación ha traído como consecuencia directa que no sean sujetos de crédito, inclusive algunas entidades bancarias han restringido la prestación de servicios bancarios, impidiendo cualquier tipo de vinculación comercial. Esta situación ha generado graves perjuicios a las empresas de Casinos; ya que han sido apartados del Sistema Financiero, constriñéndoles a buscar mecanismos alternativos que les permitiera seguir desempeñando su actividad comercial de manera normal. Frente a las adversidades reportadas por la Industria de Casinos, consideramos necesario incorporar mecanismos legales, que permitan demostrarle a los Bancos que los Casinos cumplen con las medidas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este sentido, proponemos que las empresas de Casinos refuercen su Sistema de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, así como también la incorporación de prácticas de Buen Gobierno Corporativo; toda vez que esto permite la generación de un valor añadido para las empresas de Casinos, a través de la transparencia en la información, implementación de sistemas de gestión de riesgos entre otros.
El desequilibrio contractual existente entre el comitente y el contratista en los contratos de construcción de obra privada y la falta de regulación de las variaciones. Las consecuencias generadas al contratista
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-07-18) Ramírez Rosas, Gianinna Silvana; Tabra Ochoa, Edison Paul
La presente investigación se centrará en los Contratos de construcción que vienen siendo estudiados cada vez más por parte del derecho, contrato que, por la complejidad y dinamismo del sector de la Ingeniería y Construcción, debe de adaptarse a las tecnologías y procedimientos que se despliegan en el mismo. Del mismo modo, debido a que la aplicación de la Ingeniería no suele dar de manera idónea y perfecta, es que estos contratos se ven expuestos a diversas variaciones, las mismas que, antes la imposición de condiciones por parte del Comitente, en diversas ocasiones el Contratista no cuenta con procedimientos contractuales que le permitan el reconocimiento económico de las mismas, más aún cuando nuestro Código civil establece una conceptualización breve de las Variaciones en el Contrato de Obra. Por ello, a través de la aplicación de la metodología del Estudio del caso y legislación comparada, se plantean las consideraciones que deberán de ser tomadas a consideración por parte del Legislador, a fin de que se concretice una modificación del Artículo 1775 del Código civil, con la finalidad de mitigar la asimetría actual existente en los Contratos de Construcción entre el Comitente y el Contratista, así como el mantener el equilibrio económico entre las partes participantes, con el único fin de preservar la actividad económica de las mismas.
“Ecoeficiencia en el Poder Judicial como práctica de responsabilidad Social en el Perú”
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-11-17) Campos Tello, Ricardo Giovanni; Tabra Ochoa, Edison Paul
El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, no puede ser ajeno al cambio climático producto de los impactos ambientales generados por las diferentes actividades que existen en nuestro país, más aún, si tenemos en cuenta que es uno de los órganos estatales con altos índices en el consumo de los recursos asignados, como es el caso del papel, tóner, energía, entre otros; motivo por el cual, debe adoptar estrategias que viabilicen la optimización y racionalización de tales recursos. Precisamente, la presente investigación surge de la preocupación del uso del papel de manera irracional y desproporcionada, como una mal práctica que aún se evidencia en este poder del Estado. En ese contexto, resulta importante adoptar estrategias que ayuden a minimizar el uso del papel, en base a iniciativas propias que genere el Poder Judicial, adoptando la Ecoeficiencia como parte de Responsabilidad Social. Para tal efecto, se propone la implementación de un Aplicativo Informático como medida de solución a corto plazo que permita no solo un flujo de trabajo acorde a las necesidades de los trabajadores del Poder Judicial, sino que signifique un ahorro progresivo del papel, teniendo como uno de los beneficios, el ahorro en el gasto público. El presente trabajo de investigación se desarrolla en base al método descriptivo, producto de la revisión bibliográfica exhaustiva para proceder a recoger, organizar, resumir, presentar, analizar y generalizar los resultados, es decir, una recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación; con lo cual se pretende demostrar que el Poder Judicial, en base a la Ecoeficiencia como practica de Responsabilidad Social y con el apoyo de la tecnología, puede adoptar medidas que permitan un ahorro significativo y a su vez a la preservación y cuidado del Medio Ambiente, aportando de esa manera con el desarrollo sostenible de nuestro país.
Efectos de la norma antielusiva general en los directorios de las empresas de seguros y reaseguros
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-12) Martin Beuermann, Ricardo Alberto; Tabra Ochoa, Edison Paul
La recaudación tributaria de nuestro país se ve afectada a consecuencia de la elusión fiscal, que es practicada desde hace muchos años por los contribuyentes, quienes recurren a expertos en la materia para estructurar planeamientos fiscales agresivos y, de esta manera disminuir su base imponible y obtener beneficios tributarios indebidos. El Poder Ejecutivo con la finalidad de evitar estos actos el 18 de julio del 2012, incorporó la Norma XVI al Título Preliminar del Código Tributario, la misma que fue cuestionada desde su entrada en vigencia por diversos gremios empresariales, debido a sus imprecisiones, razón por la cual en el mes de julio del 2014 sus efectos quedaron suspendidos mediante el artículo 8 de la Ley N° 30230, dado que el Poder Ejecutivo tendría que previamente reglamentar los parámetros de forma y fondo para su aplicación, y en razón a ello, dicha norma fue publicada el 06 de mayo del 2019. La norma antielusiva desde su concepción no fue gratamente percibida por el sector empresarial, ya que les impuso una nueva limitación legal, pero ha llamado bastante la atención, y a su vez ha generado una gran preocupación el haberse establecido un régimen de responsabilidad solidaria e ilimitada conjuntamente con los miembros del directorio y representantes legales que participen en actos de planificación fiscal. La presente investigación está orientada a demostrar la necesidad de que los directores cuenten con una póliza D&O para salvaguardar su patrimonio personal, como consecuencia del nuevo régimen de responsabilidad solidaria instaurado por el Estado. Así mismo, se ha realizado un análisis comparativo de la norma antielusiva peruana frente a otros países a fin de analizar las críticas que la misma ha recibido al supuestamente vulnerar principios como el de reserva de ley, seguridad jurídica, debido proceso y no ofrecer un procedimiento administrativo garantista.
Los estándares del buen gobierno corporativo como alternativa para la prevención de la corrupción corporativa
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-12-03) Vega Carrasco, Gian Carlo; Tabra Ochoa, Edison Paul
La corrupción es un problema que afecta seriamente, las expectativas de desarrollo de un país. La falta de institucionalidad, la inseguridad jurídica y la carencia de valores éticos, generan que algunas Corporaciones recurran al soborno o las prebendas, como una solución rápida a su problema; estas deficiencias pueden ser corregidas, mediante el uso de la gobernanza, entidad como un instrumento para la prevención y la mejora institucional. Los gobiernos, hacen esfuerzos para mejorar la regulación y prevenir la corrupción; pero sin el apoyo del sector privado, los esfuerzos no serán suficientes. Para poder obtener resultados, es prioritario que las Corporaciones, se involucren en los esfuerzos para la lucha contra la corrupción; ante esta necesidad, las practicas del Buen Gobierno Corporativo, aparecen como una alternativa viable y eficiente. El presente trabajo de investigación busca identificar, cuáles han sido las buenas prácticas corporativas, que han ayudado a prevenir la corrupción con el objetivo de dilucidar, ¿Cómo podemos aprovechar la experiencia en el Buen Gobierno Corporativo en la lucha contra la corrupción?
La implementación de programas de cumplimiento normativo para los casos de prácticas colusorias horizontales en las notarías públicas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-11-24) Del Pino López, Fredy Eloí; Tabra Ochoa, Edison Paul
El presente trabajo de investigación tiene con fin establecer la necesidad de implementar en las diversas Notarías Públicas del Perú un Programa de Cumplimiento Normativo enfocado en los casos de prácticas colusorias horizontales, ello considerando que los Notarios Públicos, en su calidad de agentes económicos, deben ejercer sus actividades respetando las normas de libre competencia para así evitar cualquier tipo de sanción, u otras consecuencias negativas en perjuicio del Notario. Cabe precisar que, esta propuesta surge a raíz de la problemática que existe respecto al marco regulatorio de la función notarial, pero de manera específica, sobre aquellas normas del Decreto Legislativo N° 1049 que regulan el ingreso a la actividad notarial, el número limitado de plazas notariales, así como la presencia de los Colegios de Notarios como institución que forma parte de la organización del notariado; todas estas que consideramos son un potencial riesgo para la afectación de las normas de libre competencia, como se argumentará a lo largo de nuestro trabajo de investigación. Una vez analizadas dichas normas, se vio por conveniente mencionar algunos procedimientos de sanción por parte de Indecopi a diversos Notarios Públicos, e incluso a los Colegios de Notarios, por haber ejercido algunos de los supuestos de prácticas colusorias horizontales establecidos en el Decreto Legislativo N° 1034, afectándose la libre competencia en el mercado de servicios notariales, y reforzando de esa manera nuestra hipótesis de investigación. En base a todo lo mencionado, finalizamos nuestro trabajo de investigación realizando un análisis de los principales riesgos vinculados a los casos de prácticas colusorias horizontales que están presentes en la actividad notarial; presentamos nuestra propuesta de un Programa de Cumplimiento Normativo enfocado en dichas prácticas, y detallamos cuáles son los beneficios que trae consigo contar con dichos programas.
El levantamiento del velo societario en los procedimientos de reconocimiento de créditos concursales
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-07-23) Casachagua García, Luis Alberto; Tabra Ochoa, Edison Paul
Uno de los principales problemas en los procedimientos de reconocimientos de créditos en sede concursal es la existencia de abuso de la persona jurídica o fraude por parte de las empresas vinculadas, simulando la existencia de obligaciones con la finalidad de obtener el reconocimiento de derechos políticos y económicos en la Junta de Acreedores. La justificación de la investigación obedece a demostrar que una autoridad administrativa, al evidenciar una situación de fraude, aunque no disponga de funciones jurisdiccionales, puede realizar el levantamiento del velo societario a las empresas participantes del concurso con la finalidad de verificar la realidad de los hechos y cautelar que los acreedores se encuentren debidamente representados, a fin que puedan adoptar decisiones objetivas sobre el destino de la empresa. El método utilizado es descriptivo y se ha tomado como referencia la experiencia internacional. La conclusión principal es que la Comisión del INDECOPI como autoridad administrativa del concurso, en virtud a lo establecido en el Decreto Legislativo 807, dispone de amplias facultades para investigar por todos los medios, la titularidad, cuantía y legitimidad de los créditos que son invocados en el procedimiento, lo cual contempla la posibilidad de realizar el levantamiento del velo societario, de manera excepcional, en la eventualidad que se verifique la existencia de fraude
Libertad de empresa y protección de datos personales del trabajador
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-05-24) Ulloa Torres, Claudia Jesús; Tabra Ochoa, Edison Paul
La motivación para desarrollar el presente trabajo responde a la importancia de identificar un medio que permita que el actuar empresarial, no afecte el derecho a la protección datos personales del trabajador, el que en muchas ocasiones puede ser objeto de vulneración, no necesariamente voluntaria por parte de la empresa. Al respecto, se analiza el régimen jurídico de la libertad de empresa en el Perú, precisándose las facultades de las que ésta goza de manera general y en el ámbito de la relación laboral, específicamente y se examina si existen limitaciones al ejercicio de dicho derecho en el ámbito laboral, analizándose de qué manera se podrían evitar las injerencias del poder de la empresa frente al trabajador y a la vez salvaguardar la libertad de empresa. Cabe indicar que el presente trabajo desarrolla el contenido del derecho a la protección de datos personales del trabajador, mostrándose de un lado prácticas empresariales que pueden afectarlo y de otro lado, estándares de prevención internacional, que siguen empresas para no vulnerarlo. En consecuencia, el presente trabajo propone el ejercicio del ejercicio del derecho al olvido, como un mecanismo para evitar que ciertas prácticas empresariales vulneren el adecuado tratamiento de los datos personales de los trabajadores.
La necesidad de establecer cuotas femeninas mínimas en Directorios
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-09-23) Pereda Falcón, María Teresa Inés; Tabra Ochoa, Edison Paul
He creído conveniente tomar esta investigación como tema para optar por el grado de Magíster debido a las alarmantes cifras que encontramos en estudios alrededor del mundo del bajo porcentaje de representación que tienen las mujeres en cargos de decisión en las empresas y el porqué de estas aparentes barreras invisibles que limitan el desarrollo profesional femenino, encontrando un sustento legal que fortalezca la realidad social referida. El objetivo principal es demostrar la necesidad de la presencia de cuotas mínimas femeninas en directorios y establecer una propuesta viable, debido a que solo de esta manera lograremos revertir el porcentaje tan reducido de presencia femenina en cargos de decisión. Para lograr esto hemos comenzado analizando el principio constitucional de igualdad y recogido las características societarias establecidas para conformar directorios en Perú, así como algunos mecanismos que podrían definir la viabilidad de lo que proponemos. Es necesario saber que luego de haber analizado la realidad nacional y mundial del tema que nos preocupa y haber podido determinar una de las formas más recomendable de incrementar la presencia femenina en los directorios de empresas que cotizan en bolsa, hemos llegado a la conclusión de que no lograremos incrementar estos porcentajes de participación dejando solo a las empresas que manejen este tema mediante autorregulación, puesto que por ello es que aún no tenemos mejores y mayores resultados, por lo que creemos conveniente establecer algunas formas de orientar a las empresas a seguir lineamientos necesarios para lograr el objetivo de incrementar las participación femenina en cargos de decisión, tomando en cuenta la problemática actual y todos los movimientos alrededor del mundo.
El papel de los directores independientes en las empresas listadas en bolsa
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-12-20) Tapia Castro, Maira Consuelo; Tabra Ochoa, Edison Paul
El presente trabajo tiene como objetivo definir el rol de los directores independientes en empresas cotizadas en bolsa, especialmente en mercados con alta concentración de capital. A tal fin, se analiza la legislación nacional y se compara con la de otros países con estructuras de propiedad accionaria similares. La investigación propone que la participación de directores independientes puede tener un impacto positivo en el fortalecimiento del sistema de gobierno corporativo en las empresas peruanas. Este aporte se traduce en la generación de valor y en la protección de los intereses de los accionistas minoritarios. Sin embargo, se destaca que la independencia no se garantiza solo con requisitos formales, especialmente en mercados con accionistas mayoritarios, por lo que se recomienda la importancia de asegurar la independencia mediante la implementación de mecanismos como procedimientos de selección, políticas de remuneración y sistemas efectivos de rendición de cuentas y control. La investigación se estructurará en secciones: - Definición de conceptos clave. - Contextualización del rol de los directores independientes. - Análisis de regulaciones comparadas (Alianza del Pacífico y España). - Examen de desafíos y propuestas de mejora. Con este enfoque, se busca profundizar en el papel de los directores independientes en el Perú y proponer mejoras a nivel de gobierno corporativo. De lo cual se desprende que, es necesario incorporar funciones específicas para estos directores a nivel normativo, orientadas a: i) Mejorar las prácticas de gobierno corporativo, ii) Ejercer supervisión, control y vigilancia, y iii) Proteger a los accionistas minoritarios.
Las Prácticas de Gobierno Corporativo como medio de prevención de la corrupción empresarial en las MYPES
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-02-27) Moncada Ascencio, Cinthia Noelia; Tabra Ochoa, Edison Paul
La importancia de contar con prácticas de buen gobierno corporativo en la empresa, consiste en generar mayor transparencia, prevenir los actos de corrupción, transparentar las conductas éticas que rigen tanto a funcionarios como a los colaboradores, a su vez contribuye a generar valor en las sociedades, acceso a los mercados y fuentes de financiamiento e inversión y a minimizar el riesgo al que se encuentran expuestas. Por ello, a través de la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo se beneficia a las micro y pequeñas empresas al demostrar a los clientes y proveedores que cuentan con un control interno y conocimiento de las normas anticorrupción, permitiendo la interacción económica por contar con una prevención de conductas ilícitas. Se puede lograr, también, que las MYPES incorporen prácticas de buen gobierno corporativo a través de herramientas aprobadas por el Estado, mediante la incorporación de exigencias administrativas como sanciones de carácter económico que permitirán minimizar el riesgo de actos de corrupción procedentes de negocios ilícitos. Esto quiere decir que, las sanciones podrían convertirse en la última ratio para incorporar los mecanismos de prevención antes mencionados. Las prácticas de buen gobierno corporativo requieren herramientas internas para su correcta implementación y ejecución, siendo estas alternativas: El Código de buen gobierno corporativo interno, protocolos para la contratación con proveedores y clientes, políticas de capacitación para los funcionarios y colaboradores, con las que se puede identificar y prevenir los actos de corrupción en las micro y pequeñas empresas. En el presente trabajo de Investigación, el mecanismo de prevenir los actos de corrupción está orientado a la parte contractual, siendo las MYPES incentivadas, como proveedores de servicios, para incluir en sus contratos políticas de Buen Gobierno Corporativo, con la finalidad de llevar a cabo el servicio para el que se les contrata, convirtiéndose incluso en un incentivo de sostenibilidad comercial. Es decir, que las MYPES se esforzarán por implementar dichos mecanismos que los hará desarrollarse económicamente y a la vez practicar la formalidad en los diversos ámbitos que exige la norma, logrando minimizar los riesgos tanto para su emprendimiento como para la Empresa o Entidad con la que contrata.
El protocolo familiar como mecanismo jurídico para la planificación sucesoral en las empresas familiares del Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-01-18) Jaramillo Corrales, Erika; Tabra Ochoa, Edison Paul
El objetivo de la presente investigación es comprender la viabilidad de la aplicación del protocolo familiar como mecanismo destinado a diseñar una planeación sucesoral familiar efectiva, para así traspasar la titularidad de la organización a futuras generaciones, basado en cláusulas sucesorales susceptibles de registro para garantizar la validez del contenido ante accionistas y terceros. Se plantea como hipótesis que el protocolo familiar es eficaz para la planeación sucesoral familiar y permite el traspaso de la titularidad de la organización a las generaciones futuras. La metodología empleada fue el análisis inductivo del método comparativo, aplicada a normas jurídicas vigentes españolas y peruanas, usando la hermenéutica jurídica en base a posturas teóricas del derecho corporativo. Analizado el problema de estudio se procedió a realizar una propuesta de estrategia de política legislativa, planteando una reforma legislativa a la vigente Ley General de Sociedades para que regule los protocolos familiares como mecanismos para la trasmisión de la propiedad de la empresa familiar por traspaso generacional. Se concluye que el protocolo familiar es un instrumento basado en un acuerdo de voluntades entre accionistas que lo componen, que buscan definir los principios y valores vinculantes al negocio comercial, pero carente de eficacia jurídica para ser oponible ante terceros, perdiendo el interés de su aplicación en este tipo de sociedades por ausencia de vías jurídicas que garantice su cumplimiento, generando como consecuencia la inexistencia de mecanismos legales para dar continuidad a las operaciones empresariales basado en la planificación sucesoral a largo plazo involucrando a las nuevas generaciones.
Los puntos ciegos del Directorio: Las limitaciones de la regulación societaria de las sociedades peruanas para advertir los sesgos cognitivos en la toma de decisiones del Directorio
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-01-22) Pacheco Briceño, Juan Jeremy; Tabra Ochoa, Edison Paul
¿Son seres humanos los directores de una sociedad? La respuesta es obvia, sin embargo, la pregunta nos permite abordar esta investigación pensando en el directorio como un órgano colectivo integrado por seres humanos. La regulación legal societaria peruana se centra en establecer procedimientos para la validez de una decisión, determinar estándares de conducta, comos los deberes de lealtad y diligencia, así como, instituir un régimen de responsabilidad con sanciones sobre conductas perjudiciales realizadas con dolo o negligencia grave. Mientras tanto, los mecanismos de autorregulación, como los reglamentos de directorio, suelen replicar la regulación legal. En ambos casos, hay una influencia en el comportamiento del directorio, empero, sin un reconocimiento de la racionalidad limitada y el proceso humano para tomar decisiones intuitivas o rápidas, que podrían realizarse mediante sesgos cognitivos, como ha sido expuesto por Kahneman y Tversky. En general, nuestra actual regulación disponible no considera la posibilidad de los errores de juicio provocados por sesgos cognitivos, ni la necesidad de promover un proceso decisorio más lento y cuidadoso. Esta investigación, además de advertir las limitaciones en la regulación sobre el proceso de toma de decisiones del directorio, plantea la importancia de promover el reconocimiento de aquellas decisiones que deban seguir un proceso más lento y cuidadoso, con la finalidad de evitar los errores de juicio. Finalmente, se desarrolla una propuesta de regulación para que las sociedades puedan reconocer y asumir la existencia de los sesgos cognitivos entre sus directores, gestionarlos e incrementar la probabilidad de mejores decisiones.