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El ámbito de aplicación del principio de subsidiariedad dentro del régimen de economía social de mercado en la Constitución de 1993
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-08-03) Cruces Burga, Alberto; Díaz Colchado, Juan Carlos
El principio de subsidiariedad, previsto en el artículo 60 de la Constitución, ha sido tradicionalmente interpretado en el constitucionalismo peruano de forma restringida, de modo que solo es aplicado a la actividad empresarial del Estado. Sin embargo, una interpretación que atienda a los fundamentos filosóficos y políticos de este principio puede dar cuenta de un ámbito de aplicación más amplio, el cual se extiende a la intervención del Estado en la economía. En ese sentido, es posible una interpretación extensiva del principio de subsidiariedad atendiendo al principio de unidad de la Constitución en el marco del régimen económico de la economía social de mercado, reconocido en el artículo 58 de la Constitución. El propósito de esta investigación es proponer una interpretación constitucional que permita conjugar el principio de subsidiariedad con el régimen económico adoptado por el Perú, reconociendo las particularidades que tiene nuestra Constitución de 1993 en cuanto a las normas de contenido económico que la diferencian de otros ordenamientos. Para ello es pertinente realizar un estado de la cuestión que tome en cuenta los aportes de la doctrina y la jurisprudencia tanto constitucional como administrativa.
Análisis del artículo 7 de la ley 24656 “Ley general de Comunidades Campesinas”
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-07-10) Bustamante López, Luis Adrian; Cruces Burga, Alberto
El trabajo aborda la problemática en torno al tratamiento que da el artículo 7 de la ley 24656, “ley general de comunidades campesinas”, en sostiene la inembargabilidad de la propiedad del territorio comunal. Se propone una analisis desde una perspectiva historica y de estanadres interamericanos sobre la propiedad comunal, para al final hacer una breve conclusión de porqué se trataria de una medida con un corte paternalista, y de paso, la implicancia que esta medida tiene con las comunidades campesinas, quienes se ven privadas de acceder a los sistemas bancarios y crediticios, debido a que no pueden contar con su mayor activo como garantía de los prestamos. En ese sentido, tambien se hace una recopilación de sentencias de la corte interamericana sobre la propiedad comunal e indígena, y se plantean los estanadares actuales de derechos humanos sobre el mencionado derecho. De la misma manera, se plantea y se desarrolla brevemente el concepto del paternalismo “fuerte” y el paternalismo “libertario”, para de esta manera, pasar al analisis concreto del artículo en cuestión y plantear sugerencias y las conclusiones de la formulación del mismo.
¿Cuáles son los derechos que deben ser protegidos por el amparo contra resoluciones judiciales?
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-07-10) Vergara Rodriguez, Jessy Pamela; Cruces Burga, Alberto
En el presente trabajo se ha realizado un análisis del proceso de amparo, el amparo contra resoluciones judiciales, el concepto de procedimiento regular. Todo ello a fin de establecer cuales son los derechos que se deben de proteger mediante el proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Ello debido a que existe una controversia de si deben de ser protegidos todos los derechos, o, únicamente los derechos procesales. La línea de argumentación del presente trabajo arribó a la conclusión de que deben de ser únicamente estos últimos.
El derecho fundamental de ejecución de sentencias bajo una tutela jurisdiccional efectiva: fundamentos para una adecuada interpretación del artículo 70.5 de la Ley N° 28411
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-04-26) Toledo Aranda, Melvin Jackeline; Cruces Burga, Alberto
El presente trabajo de académico pretende realizar un análisis de la interpretación y aplicación del artículo 70 inciso 5 de la Ley N° 28411 que esta estrictamente relacionado con el derecho de ejecución de sentencias bajo una tutela jurisdiccional efectiva, para ello se realizará un análisis de las normas que permite ejecutar una sentencia donde el ejecutado es el Estado, siguiendo esa línea se mencionara como parte de la investigación expedientes donde están aplicando este artículo en los juzgados especializados laboral del Distrito de Piura. Debido a que, la aplicación de este artículo permite ejecutar una sentencia en 5 años posteriores del requerimiento de pago. Ante este escenario, se busca aportar una posible salida de interpretación ante la colisión del derecho de tutela jurisdiccional efectiva y principio de legalidad presupuestaria. Puesto que, tanto el derecho y el principio llegan a colisionar en su aplicación y la solicitud de atención que requieren las partes.
La exigibilidad constitucional del reasentamiento en el caso de las personas que viven en zonas de alto riesgo de desastres como expresión del derecho fundamental a una vivienda adecuada en el marco de la Constitución de 1993
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-11-28) Bustamante Trujillo, Marite del Rosario Carmela; Cruces Burga, Alberto
Esta tesis argumenta a favor de la exigibilidad, en el marco constitucional peruano, del reasentamiento como expresión del derecho a una vivienda adecuada en el caso de las personas que viven en zonas de alto riesgo de desastres. Para ello, se desarrolla el contenido constitucionalmente protegido del derecho a una vivienda adecuada en el Perú; se explica, a partir de un estudio de caso, qué aspectos del derecho a una vivienda adecuada y derechos relacionados son vulnerados en el caso de las personas que viven en zonas de alto riesgo de desastres; y, por último, se exponen razones jurídicas a favor de la exigibilidad del reasentamiento de aquellas personas como una medida idónea para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y articular la política de gestión de riesgos de desastres con el ordenamiento territorial.
El hacinamiento penitenciario en Perú: la vulneración sistemática de derechos fundamentales de los internos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-08-08) Palomino Díaz, Ilse Eva; Cruces Burga, Alberto
El hacinamiento en las cárceles del Perú no es un tema actual, es una realidad latente que involucra amenazas y vulneraciones de derechos humanos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno y amparado por tratados internacionales. Las estadísticas sobre el índice de hacinamiento en el Perú obedecen no solo a causas de infraestructura, falta de establecimientos penitenciarios, falta de instalaciones sanitarias o las pésimas condiciones de vida al interior de las cárceles; sino también, al llamado populismo punitivo. El caso materia de análisis parte de una demanda de amparo interpuesta por un señor que se ve obligado a pernoctar en el suelo por casi 4 años, tiempo en que lleva cumpliendo condena. Razón por la cual exige atención médica especializada; a pesar de sus antecedentes de enfermedades respiratorias como bronquitis y tuberculosis, y el aviso al que pone a las autoridades del Establecimiento Penitenciario Varones de Tacna – Pocollay sobre su enfermedad, no se le brinda atención oportuna ni cambian las condiciones en que vive. Así, mediante un recurso de constitucionalidad el señor solicitó que se le brinde un tratamiento médico y que se disponga que deje de dormir en el suelo, debido a que las condiciones en que estaba cumpliendo la pena no eran acordes a las garantías de sus derechos fundamentales. En la presente sentencia, el Tribunal Constitucional evidencia la situación, de la que ya muchos somos conscientes desde hace años, la problemática del hacinamiento en los penales del país. Pues ello repercute en el menoscabo de los derechos fundamentales de los internos tales como: el derecho a la libertad, la salud, la integridad, la vida, entre otros. Así como también demuestra la falta del deber del Estado de la garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad, conforme a nuestro ordenamiento constitucional e internacional.
Informe jurídico sobre la resolución N° 9 del Expediente 04988-2023-0-1801-JR-DC-11
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-08) Rojas Astete, Paolo Manuel; Cruces Burga, Alberto
María Benito solicitó a EsSalud la retirada del tratamiento médico de soporte vital al que estaba siendo sometida. Sin embargo, la negativa que recibió, argumentando que se trataba de una solicitud de eutanasia, infringió su derecho a la salud y su derecho a la libertad individual, en su aspecto de integridad personal, entre otros derechos relacionados. La particularidad y relevancia de este caso radican en entender que la solicitud de María no es una eutanasia, sino un rechazo al tratamiento médico, lo cual está amparado por las normativas vigentes. En este contexto, la Resolución N°9 del Expediente 04988-2023-0-1801-JR-DC- 11 de la Tercera Sala Constitucional, que declara fundada la demanda de María Benito para rechazar su tratamiento médico, reconoce la autonomía de la paciente. La Ley General de Salud en Perú y el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú juegan un papel crucial en la resolución de la Sala. Por último, dentro de la resolución, hay elementos que suscitan discusión, como la conversión que la sala llevó a cabo del proceso de habeas corpus, inicialmente presentado, a un proceso de amparo. En el informe, se concluye principalmente que la negativa de EsSalud vulneró el derecho a la salud de María, la salud, a la libertad individual en su contenido de integridad personal de manera concurrente y conexa con los derechos a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a una muerte en condiciones dignas.
Informe Jurídico sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp.00853-2015-PA/TC
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-13) Usca Quispe, Kely Grace; Cruces Burga, Alberto
El informe desarrolla el derecho a la educación de Marleni y Elita Cieza, jóvenes de 18 y 19 años, quienes solicitaron inscribirse en el primer grado de secundaria en el colegio más cercano a su localidad. Sin embargo, su inscripción fue observada por el director de la UGEL, quien, basándose en la LGE, concluyó que debían asistir a un CEBR. Esta decisión no consideró que dicha medida vulneraba el derecho a la educación de las jóvenes, ya que los problemas de accesibilidad limitaban su posibilidad para asistir a ese centro. El TC consideró que el caso era representativo para varias personas en condiciones similares: ruralidad y extrema pobreza y, en consecuencia, declaró un ECI sobe el derecho a la educación. En ese sentido, el problema principal del caso pretende evidenciar si la vulneración del derecho a la educación ameritaba la declaración de un ECI por parte del TC. Para ello, se hace referencia a las obligaciones del Estado sobre educación reconocidas en la Constitución y también a las características del derecho señaladas en las Observaciones Generales 13 del Comité de DESC. Finalmente, se emplea jurisprudencia relevante para definir las características y alcance del ECI.
Informe sobre la sentencia del Tribunal Constitucional 01126-2011-HC/TC “Caso Tres Islas”
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-08-10) Bustamante López, Luis Adrián; Cruces Burga, Alberto
El presente trabajo tiene por finalidad analizar la sentencia recaída en el expediente 01126-2011-HC/TC “Caso Tres Islas”, la cual analiza la afectación a la propiedad del territorio comunal, y la vulneración de la autonomía comunal. Se estudian los problemas surgidos, tanto en la parte procesal, como en la parte sustancial, y así se propone una visión con un enfoque pluricultural que tienda a brindar una mayor protección a las comunidades. En ese sentido, se critica la falta de argumentación que pueden incurrir en graves vicios que nos pueden llevar a entender un razonamiento arbitrario del Tribunal Constitucional. Se cuestiona el avance “retórico” que hace este respecto a la protección de la propiedad del territorio indígena. Asimismo, se analiza por qué existe una afectación a la jurisdicción indígena y a la autonomía comunal. Finalmente, se brinda el alcance de un análisis que incluya el contexto concreto del caso, la importancia del mismo para generar una igualdad sustancial, dejando de la lado la igualdad formal, y por lo tanto brindar mejores respuestas que eviten vulneraciones futuras sobre los mismos derechos.
¿El juez constitucional es competente para declarar un ECI? La situación de los Establecimientos Penitenciarios en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-07-10) Palomino Díaz, Ilse Eva; Cruces Burga, Alberto
La población penitenciaria ha sido víctima de vulneraciones de sus derechos fundamentales sistemáticamente, no solo por causas de infraestructura o respecto las condiciones en que se encuentran las cárceles en el Perú, sino porque obedece a factores estructurales. En ese sentido, es importante preguntarnos quién vela por ellos, si el Estado viene incumpliendo sus obligaciones internas y compromisos internacionales en materia penitenciaria. Entonces, son los jueces constitucionales que tienen el deber de garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales, pero sobre todo de aquellos que representan parte de la población vulnerable, pues existe un deber especial para con ellos. Así, la figura del Estado de Cosas Inconstitucional se presenta como aquella competencia de los jueces de mayor instancia para poder pronunciarse y no tener un rol pasivo frente a vulneraciones graves, masivas y generalizadas de aquellos que se encuentran privados de su libertad, los mismos que han sido excluidos e ignorados a lo largo de muchos años. Para revertir esta situación inconstitucional, es necesaria la participación conjunta de los poderes del Estado, de las entidades, de la sociedad en general y del trabajo conjunto a nivel nacional de todos los actores. Por lo tanto, los jueces son competentes de declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, así como establecer las medidas para superar la situación y el seguimiento de estas medidas, para lo cual es necesaria la cooperación y abordar el tema de manera multidisciplinaria, pues el problema del hacinamiento y las pésimas condiciones de vida al interior de las cárceles del Perú necesita ser abordado desde varias aristas, incluyendo voces de diversos actores, con el fin de que paulatinamente se pueda respetar y reconocer los derechos fundamentales de los presos, quienes a pesar de estar cumpliendo condena, no merecen ser tratados de forma inhumana.