Hacia la uniformización de los criterios de interpretación de las normas en el tiempo en materia de pensiones

Abstract

Este trabajo busca establecer si la regla de aplicación inmediata de normas en el tiempo que contempla el artículo 103° de la Constitución Política del Perú, resulta ser suficiente para resolver los problemas de sucesión de normas en materia de pensiones que suscitó y viene suscitando las reformas implementadas en los regímenes pensionarios a cargo del Estado. Para ello se ha analizado la variedad de criterios jurisprudenciales que ha emitido el Tribunal Constitucional, así como los que fueron asumidos por la Corte Suprema de Justicia de la República. Encontrando que ante la urgencia de aplicar de forma inmediata esas reformas se ha recurrido a la regla de retroactividad que nuestro ordenamiento permite exclusivamente en materia penal y cuando ésta es benigna, criterio equívoco que no contempló el tracto sucesivo de las prestaciones que se otorgan con regularidad periódica mensual. Por otro lado, también hemos encontrado que se ha recurrido a la regla de ultraactividad que estuvo permitida en el texto primigenio de la Constitución antes de su reforma en el año 2004, pero que hoy resulta necesaria por razones de justicia cuando se encuentra en riesgo el contenido esencial del derecho a la pensión, postura que encuentra aval en la propia naturaleza de este derecho y que la doctrina apoya.

This paper seeks to establish whether the rule of immediate application of norms in time contemplated in Article 103 of the Political Constitution of Peru is sufficient to solve the problems of succession of norms in pension matters that the reforms implemented in the pension regimes in charge of the State have raised and continue to raise. For this purpose, the variety of jurisprudential criteria issued by the Constitutional Court has been analyzed, as well as those assumed by the Supreme Court of Justice of the Republic. We have found that in view of the urgency to immediately apply these reforms, the rule of retroactivity that our legal system allows exclusively in criminal matters and when it is benign has been resorted to, an erroneous criterion that did not contemplate the successive tract of the benefits that are granted on a regular monthly basis. On the other hand, we have also found that the rule of ultraactivity has been used, which was allowed in the original text of the Constitution before its reform in 2004, but which today is necessary for reasons of justice when the essential content of the right to a pension is at risk, a position that finds support in the very nature of this right and which the doctrine supports.