El rol de la Contraloría General de la República en la aprobación de las prestaciones adicionales de obra pública en el marco de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas – Ley N.º 32069

Abstract

La regulación de las Prestaciones Adicionales de Obra (PAO) ha experimentado una evolución significativa desde la Ley 1017 hasta la Ley 32069, principalmente en torno al grado de control y la participación de la Contraloría General de la República (CGR). Existe un rol predominante a la CGR mediante un control previo intenso y vinculante en la aprobación de PAO. Este fortalecimiento del control apunta a garantizar un uso más responsable de los recursos públicos y reducir sobrecostos injustificados, pero también genera efectos prácticos relevantes: incrementa la carga burocrática, introduce mayores plazos y puede retrasar la ejecución de intervenciones indispensables para la continuidad o funcionalidad de la obra. Asimismo, la mayor rigidez normativa incrementa el riesgo de que el contratista ejecute prestaciones necesarias sin contar aún con autorización, lo que afecta directamente la ecuación económico-financiera del contrato y traslada al privado impactos patrimoniales que no le corresponde asumir. En conjunto, la trayectoria normativa refleja una tensión estructural entre agilidad en la gestión de obras y refuerzo del control, lo que exige evaluar mecanismos que permitan controlar el gasto público sin comprometer la eficiencia operativa ni el equilibrio contractual.

The regulation of Additional Construction Benefits (PAO) has undergone significant changes from Law 1017 to Law 32069, mainly in terms of the degree of control and participation of the Comptroller General of the Republic (CGR). The CGR plays a predominant role through intensive and binding prior control in the approval of PAO. This strengthening of control aims to ensure a more responsible use of public resources and reduce unjustified cost overruns, but it also has significant practical effects: it increases the bureaucratic burden, introduces longer deadlines, and can delay the execution of interventions that are essential for the continuity or functionality of the project. Likewise, greater regulatory rigidity increases the risk that the contractor will perform necessary services without yet having authorization, which directly affects the economic-financial equation of the contract and transfers financial impacts to the private sector that it should not have to bear. Overall, the regulatory trajectory reflects a structural tension between agility in construction management and reinforced control, which requires evaluating mechanisms that allow for controlling public spending without compromising operational efficiency or contractual balance.