2. Maestría
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Tesis de la Escuela de Posgrado
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Item Los incentivos a los denunciantes de irregularidades como mecanismo de prevención e indagación del delito empresarial en el Perú(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-02-22) Flores Chapilliquen, Mariela Vanesa; Sánchez Málaga Carrillo, ArmandoActualmente contar con un procedimiento de canal de denuncias es un elemento mínimo de cualquier programa de cumplimiento normativo, el cual tiene por finalidad que trabajadores de empresas privadas, funcionarios públicos o cualquier persona pueda alertar, informar o denunciar presuntos hechos de los que tengan conocimiento o que podrían ser parte de la comisión de delitos asociados a la corrupción, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, entre otros que comprende la ley N°30424 “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”. El presente trabajo de investigación tiene por finalidad evaluar la tendencia global a incentivar denuncias de irregularidades como mecanismo de prevención y persecución de delitos, su eficiencia, efectividad, las estrategias que implanta Estados Unidos, La Unión Europea y países que se encuentran proyectando su regulación como Chile. Desglosaremos la necesidad de establecer incentivos a los denunciantes, sus elementos mínimos y la eficiencia de los procedimientos de canales de denuncias; así como la necesidad de efectividad para obtener el éxito de esperado, por lo que, el objetivo es que se consiga una mayor participación de los posibles alertantes, que comprenda la entrega de información útil para investigarse hechos reales y se permita sancionar a los responsables. Posteriormente, se efectuará un análisis comparado de la regulación de incentivos, que van desde protección personal hasta incentivos económicos a los denunciantes. Finalmente abarcaremos la eficiencia y efectividad de los canales de denuncias, sus comunes obstáculos que impiden su uso y finalidad, además de propuestas de mejora para regular incentivos en Perú.Item Hacia un modelo garantista de imputación penal de la persona jurídica en el Perú de acuerdo con la Ley 30424(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-10-02) Briceño Ramírez, Miguel Augusto; Sánchez Málaga Carrillo, ArmandoLa persona jurídica es titular de derechos fundamentales y según la legislación vigente, Ley 30424 puede ser penalmente responsable, en consecuencia, condenada por la comisión de delitos, además está proscrita cualquier tipo de arbitrariedad contra ella, razón por la cual el ordenamiento jurídico constitucional garantiza que sus derechos le sean reconocidos, más aún si tiene como uno de sus roles contribuir al bienestar de la sociedad, a través del cumplimiento de su objeto social. La sanción penal es consecuencia de la responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo, siendo el órgano jurisdiccional el que la impone bajo las reglas de un debido proceso en el cual se formula una imputación penal por parte del órgano persecutor, que es el Ministerio Público. Un modelo de imputación penal garantista es la que debe sustentar el hecho fáctico que es el presupuesto para imponerle una sanción a la persona jurídica. Por eso corresponde explicar porque debe ser garantista el modelo de imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Perú de acuerdo a la legislación peruana y analizar su capacidad jurídica, su rol social, su organización, el riesgo permitido de su actividad, la culpabilidad y los programas de cumplimiento como elementos del modelo de imputación garantista. El modelo propuesto considera los principios del derecho penal, en el sentido que la responsabilidad penal de la persona jurídica es por un hecho propio, expresión de sus decisiones como sistema autopoiético, considerando también que su actuación está vinculada con un determinado rol social, para el cual se organiza, controlando los riesgos que su actividad social implica, debiendo regir ésta de acuerdo al ordenamiento jurídico, como un buen ciudadano corporativo fiel al derecho que la Ley le permite autorregularse, siendo culpable de tener un comportamiento que vaya contra el derechoItem Propuesta de modelos de prevención de delitos económicos en entidades de la Iglesia Católica en el Perú(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-09-21) Aquino Figueroa, Jeampier Josefh; Sánchez-Málaga Carrillo, ArmandoLa Iglesia Católica, además de ser una religión, es un estado llamado Santa Sede o Estado de la Ciudad del Vaticano ubicado en la ciudad de Roma, en Italia. El cual, como cualquier otro, cuenta soberanía e independencia respecto de sus actos tanto en su sede o ubicación geográfica como también a nivel internacional mediante los mecanismos que el Derecho Internacional confieren. En ese sentido, la Iglesia Católica en el Perú, cuenta con dicha autonomía e independencia, es por ello que el 26 de julio de 1980 se suscribió el Acuerdo Internacional entre la Santa Sede y la República del Perú con la finalidad de regular las relaciones entre ambos estados soberanos. Así también, según lo regulado por nuestra Constitución Política de 1993, dicho tratado o acuerdo adquiere la categoría o rango de ley, con lo cual las disposiciones pactadas en dicho documento son el marco especial al que se adecúan ambos estados al iniciar sus relaciones jurídicas. Por otro lado, las instituciones de la Iglesia Católica son concebidas con la intención de dedicarse a fines pastorales, educativos, sociales, eclesiales, de salud, funerarios, entre otros, lo cual, en la medida que dicha actividad se incremente también así lo hará la administración de sus bienes temporales o económicos. En consecuencia, dicho incremento de actividad económica conllevará riesgos legales, reputacionales, penales, entre otros, que alejan a la Iglesia Católica de su propia finalidad, como lo es la evangelización. Por lo que, se propone, en la presente investigación que la referida Iglesia cuenta con la implementación de programas de cumplimiento que eviten la comisión de delitos económicos o reduzcan al mínimo sus riesgos y así pueda cumplir con su finalidad apostólica.Item Implementación del modelo de prevención anticorrupción en las empresas que contraten con el estado(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-12) Vega Pauyac, Max Harold; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEl presente trabajo tiene por finalidad proponer la creación de un sistema mixto para la implementación del modelo de prevención o compliance anticorrupción. Como se verá a lo largo de la investigación, el Perú tiene un serio problema de corrupción, sobre todo, en el sector de construcción de obras públicas en infraestructura. La corrupción detectada no está asociada a las normas actuales en materia de contrataciones estatales, sino a los operadores en esas contrataciones, dentro de las cuales las empresas privadas juegan un papel importante. Ante este hecho, una posible solución sería la exigencia de implementar el compliance anticorrupción para aquellas empresas que contratasen con el Estado para la construcción de obras públicas bajo la modalidad de licitaciones. Dicha implementación sería voluntaria para todas las demás, pero teniendo siempre presente los beneficios que esta conllevaría.Item Necesidad de implementar programas de cumplimiento normativo en empresas públicas del sector financiero frente a actos de corrupción. Análisis en el marco de la ley Nº 30424(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-03-23) Talavera Díaz, Rodolfo Martín; Sánchez Málaga Carrillo, ArmandoAnte la situación actual que atraviesan las empresas a nivel nacional e internacional frente a la comisión de actos de corrupción vinculados a la actuación de sus trabajadores, adquiere relevancia el análisis acerca de la necesidad o no de implementar programas de cumplimiento normativo (Compliance), en los términos establecidos en la reciente Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, y sus modificatorias. A partir de ello, se desprende que las empresas públicas deberán analizar, considerando los beneficios o desventajas, si tal medida resulta eficiente. Asimismo, se analiza la naturaleza y alcances del Compliance, a fin de determinar si existe un posible conflicto de competencia con las funciones del Sistema Nacional de Control. Finalmente, se proponen recomendaciones e incentivos a fin que las empresas públicas implementen tal iniciativa, pese a que la normativa no lo regula como una obligación.