2. Maestría
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Tesis de la Escuela de Posgrado
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Item La creación de juzgados especiales en el Ecuador como mecanismo efectivo para la protección del medio ambiente(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-05-24) Tomalá Bravo, Amadeo Mauricio; Foy Valencia, Pierre ClaudioEl medio ambiente se encuentra amenazado por factores como la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación. De esta manera se pone en riesgo la salud y la vida de las personas, las mismas que el Estado debe proteger a través de políticas públicas oportunas y la adopción de las correspondientes medidas legislativas tendientes a la protección ambiental. La Constitución de la República del Ecuador dice que los derechos o principios son de inmediata aplicación. La Carta Magna señala que las personas tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; por tal motivo, se debe garantizar su efectiva tutela y protección. Tanto más, que el medio ambiente que nos rodea es el único espacio donde puede desarrollarse la vida. El Derecho en su relación con el medio ambiente requiere, de un mecanismo eficaz para la protección ambiental. Los Presidentes de Cortes Superiores son los competentes por ley para conocer de las causas ambientales, sin que estos cumplan con el principio de especialidad en la administración de justicia. Se deben crear juzgados especiales que conozcan de los casos medioambientales de manera exclusiva, que sus jueces y demás personal cuenten con la suficiente especialización en temas ambientales, y que puedan juzgar las causas de mejor manera, garantizando así la protección del medio ambiente.Item La justicia dialógica y la protección del ambiente(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-05-16) Granados Mandujano, Milagros Libertad; García Chávarri, Magno AbrahamLos derechos humanos son por naturaleza históricos y, en consecuencia, se encuentran en constante desarrollo y progreso. Primero, se consagraron los derechos civiles y políticos, los cuales exigen para su tutela la autolimitación y la no injerencia de los poderes públicos en la esfera privada. Luego, se reconocieron los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales requieren de una política activa de los poderes públicos para garantizar su ejercicio y, esencialmente, de prestaciones y servicios públicos. Finalmente, se reconocieron los derechos de los pueblos o de solidaridad (derechos de titularidad difusa), los cuales protegen bienes que pertenecen a la humanidad y, al igual que los derechos sociales, también requieren de prestaciones para su ejercicio. El rápido desarrollo de los derechos humanos ha determinado que los mecanismos de tutela jurisdiccional no sean suficientemente eficaces, toda vez que fueron concebidos solo para la protección de derechos individuales. Como señala Fernández Segado, esta situación constituye una de las muchas incongruencias del Estado constitucional de nuestro tiempo, que pese a tener la obligación de proteger todos los derechos, sigue, sin embargo, con los viejos esquemas políticos del Estado liberal. Nuestro Estado constitucional aún no ha desarrollado una estructura institucional de garantías análoga a la del viejo Estado liberal de derecho, que resulte idónea para garantizar a los nuevos derechos humanos (1994: 72).