2. Maestría

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Tratamiento de datos personales en marco a la atención de las solicitudes de acceso a la información pública
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-11-14) Córdova Abregú, Aurora Flor; Zegarra Valdivia, Diego Hernando
El presente trabajo de investigación se enfoca en la convergencia de dos derechos fundamentales, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales en las solicitudes de acceso a la información pública. Mientras que el primer derecho tiene por objeto privilegiar el conocimiento, el escrutinio, hacer visible las actuaciones estatales, el segundo derecho podría limitar este acceso o restringirlo. En ese contexto, esta investigación pretende brindar al lector un análisis amplio desde la caracterización jurídica de ambos derechos hasta la reflexión de un equilibrio que ayude a armonizar y resolver posibles conflictos, todo ello en marco a la doctrina, jurisprudencia nacional y extranjera. Además, esta tesis se ve enriquecida por la labor de campo realizada en algunas entidades estatales al solicitar acceder a información pública, lo cual permite analizar el razonamiento detrás de los limites o del acceso a datos personales. A partir de estos argumentos se puede identificar las necesidades de mejora en los funcionarios responsables de brindar información y formular alternativas de solución, con el objetivo de ser transparentes y que la denegatoria del acceso a información pública no se confunda con la arbitrariedad o el ocultamiento.
El transporte urbano de pasajeros servicio público y actividad económica sujeta a las reglas de mercado
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-06-21) Mayorga Elías, Lenin William; Zegarra Valdivia, Diego Hernando
La noción de servicio público, tanto en la doctrina como en el marco normativo peruano, requiere la concurrencia de tres elementos: i) el elemento funcional, vinculado a la existencia de una actividad de interés general, ii) el elemento orgánico, relacionado con la persona pública encargada de gestionar los servicios y, iii) el elemento material, constituido por el régimen jurídico especial, entendido como el régimen exorbitante que a su vez implica prerrogativas del poder público. Es precisamente el interés general, el que legitima la imposición de un régimen jurídico especial, que contenga medidas destinadas a garantizar las características de igualdad o generalidad, continuidad, regularidad y mutabilidad, que deben cumplir los servicios públicos. Por su parte, la publicatio o reserva a favor del Estado, constituye únicamente el requisito formal que legitima la intervención estatal en una actividad, que siendo de interés general, requiere la adopción de un régimen jurídico especial que garantice su prestación adecuada. Hoy en día, tanto la Constitución Política del Perú, como la Ley Orgánica de Municipalidades y la ley de creación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), establecen que el transporte urbano de personas en el ámbito provincial, es un servicio público. Con ello, se reconoce el interés general que reviste esta actividad económica y al mismo tiempo se legitima la aplicación de un régimen jurídico especial. Este régimen jurídico especial debe ser entendido como el régimen exorbitante que a su vez, implica prerrogativas del poder público, sin que ello tenga que referirse necesariamente a una intervención total del Estado en la actividad a través de concesiones administrativas; ya que el régimen jurídico que se adopte, deberá adecuarse a la realidad social y económica existente al momento de su implementación. Por estas razones, el presente trabajo propone que no todas las actividades que constituyen servicios públicos, deben estar sujetas a la misma rigurosidad regulatoria, sino que ello dependerá de los problemas o fallas que presenten los mercados para conciliar los intereses, aparentemente contrapuestos, entre usuarios y entidades prestadoras. Frente a ello, al momento de diseñar el régimen jurídico especial aplicable al transporte urbano, deberá considerarse que el régimen de autorizaciones administrativas resulta compatible con instrumentos de regulación como la racionalización, la fijación de estándares y los concursos competitivos; instrumentos que permitirían garantizar las características de generalidad, continuidad, regularidad y mutabilidad a un menor costo regulatorio y sin necesidad de recurrir a las concesiones administrativas como títulos habilitantes.
Las asociaciones público privadas como mecanismos para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el ámbito de los gobiernos locales
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-10-06) Benites Arrieta, Gabriel Wilson; Zegarra Valdivia, Diego Hernando
El presente trabajo busca mostrar un panorama diferente al que actualmente se emplea, cuestionando las deficiencias y proponiendo cambios que permitan revertir la falla, es decir, la escasez de inversión en infraestructura pública de relevancia social en municipios que cuentan con recursos financieros para llevar a cabo dicha inversión. Por ello, proponemos la implementación de asociaciones público privadas (APP) en estos sectores, considerando que las mismas otorgan beneficios que el Estado por sí solo no puede alcanzar. Asimismo, nos proponemos demostrar que la implementación de una APP resulta necesaria en escenarios donde el Estado a pesar de contar con capacidad financiera para llevar adelante una obra por sí mismo, no cuenta con los conocimientos técnicos ni la experiencia para implementarla de una manera exitosa, que derive en una provisión eficiente de infraestructura para la población. Para nuestro estudio hemos escogido a los gobiernos locales, porque son los que constituyen el nivel básico en la organización política del Estado, en el sentido que se trata de extensiones del territorio nacional dividido por razones de ubicación geográfica. Por tal motivo, los gobiernos locales, como administración local, representan el estamento del Estado con mayor cercanía a la población y por lo tanto, deben ser los que mejor conocen las necesidades de su localidad.

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