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Argumento de derecho comparado en las decisiones del Tribunal Constitucional: autoridad de la doctrina y la jurisprudencia comparada en el razonamiento de las y los jueces constitucionales
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-26) Apaza Jallo, Niels Jyeyson; Higa Silva, César Augusto
En tiempos de globalización circulan entre los países varios modelos o instituciones jurídicas, normas trasnacionales o prácticas jurisprudenciales que se insertan con mucha facilidad en los sistemas jurídicos nacionales; de modo que, no es raro que las altas cortes nacionales citen a autores como Alexy o Ferrajoli, o hagan referencia a jurisprudencia de otras latitudes, como los casos Marbury vs Madison o Rigg vs Palmer; es más, el empleo del derecho comparado (legislación, doctrina y jurisprudencia) es común en la formación de los estudiantes del Derecho. Esto quizás porque los alcances de una norma, institución, categoría o figura es limitado, por lo que los operadores jurídicos se vean en la necesidad de mirar o poner atención a la experiencia comparada para captar los cambios y las novedades que se están produciendo, y así esgrimir en sus decisiones un razonamiento respaldado, que posea garantía y sea legítimo. Por ello, el problema objeto de investigación versa en el uso del derecho comparado en las decisiones del Tribunal Constitucional; concretamente, se evalúa si el Ultimo Interprete de la Constitución emplea argumentos jurisprudenciales (decisiones de otras cortes) y teóricos (doctrina trasnacional) del derecho comparado, para interpretar, comprender o solucionar los problemas vinculados con los derechos fundamentales; y, establecer cuál es la fuerza o peso que tiene la argumentación del derecho comparado en el marco de solución de un caso concreto que involucre derechos fundamentales (nivel de vinculación). Algunos de los resultados obtenidos en la investigación son: (i) el Tribunal Constitucional emplea jurisprudencia comparada para solucionar un asunto problemático que envuelve a los derechos fundamentales; (ii) la doctrina o la teoría extranjera tiene un lugar importante en la justicia constitucional; (iii) la jurisprudencia y la doctrina son elementos empleados para interpretar, comprender y brindar una mejor solución a una problemática concreta; sin embargo, su uso es persuasivo (orientan o guían al Juez), ya que no influyen directamente en la solución del caso; y, (iv) el nivel o peso que tiene el argumento de derecho comparado en la solución de una controversia o la interpretación de una institución o norma es medio o bajo, pues su empleo responde a fines estrictamente ilustrativos.
“Ibas darle equilibrio a la Fuerza, no dejarla en la oscuridad”: Informe Jurídico sobre la Sentencia N.° 74/2023 recaída en el Expediente N.° 0003-2022-PCC/TC
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-07) Zambrano Balbin, Edwin Alexander; Apaza Jallo, Niels Jyeyson
El Congreso de la República interpuso una demanda competencial contra el Poder Judicial aduciendo que la revisión de sus actos en el marco de tres procesos de amparo afectaba sus competencias exclusivas y excluyentes y que, por lo tanto, la parte demandada había incurrido en vicios competenciales que ameritaban la intervención del máximo intérprete de la Constitución. Ante ello, el Tribunal Constitucional determinó -bajo una interpretación de espaldas al principio de separación de poderes- que existían zonas exentas del control constitucional y, con ello, abrió paso la doctrina de las “political questions” en el Perú. Dicha postura ignoró, plenamente, la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución, la cual había establecido largamente que, en tanto la norma fundamental vinculaba a todos los poderes públicos, no era posible concebir que alguno realizase actos que no pudiesen ser controlados constitucionalmente. A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional desnaturalizó el proceso competencial y se advocó al análisis de fondo de los procesos de amparo que fueron motivo de la demanda, a fin de resolver las controversias bajo su propio criterio. Al hacerlo, no solo comprometió diversos principios constitucionales, sino que, a su vez, permitió la vulneración de derechos fundamentales y se advocó a causas pendientes ante órganos jurisdiccionales.
Informe jurídico sobre la sentencia del Expediente N.º 01606-2018-PHC/TC.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-07) Gonzales Minaya, Sophia Valeska; Apaza Jallo, Niels Jyeyson
El objeto del presente informe es analizar la sentencia recaída en el Expediente N.º 01606-2018-PHC/TC en la cual el Tribunal Constitucional ordena la demolición total del muro perimetral construído por la Municipalidad de La Molina en el límite distrital con Villa María del Triunfo bajo la justificación de garantizar la seguridad en su distrito y cumplir con la obligación de protección asumida con la Superintendencia de Bienes Nacionales respecto de la afectación en uso de un terreno con la finalidad de ser empleado para la construcción e implementación del Parque Ecológico Recreativo de La Molina. Ello se debe a que, producto de la construcción del muro, los vecinos de Villa María del Triunfo vieron vulnerados sus derechos al libre tránsito y, de forma conexa, los derechos de igualdad y no discriminación. Ello debido a que el muro tenía una extensión de 4,5 kilómetros y solo contaba con un acceso para el cruce peatonal. En esa línea, y ante la vulneración de sus derechos, Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez interpuso una demanda de hábeas corpus contra el alcalde de la Municipalidad de La Molina. En el informe, se revisarán tres ejes de la sentencia que no se abordaron idoneamente: el derecho al libre tránsito, el derecho a la seguridad, el derecho a la igualdad y no discriminación. Para ello, se revisará la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Constitucional, sentencias del Tribunal Constitucional, doctrina nacional internacional y comparada.