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Conveniencia de permitir la calificación de operaciones elusivas en ejercicios prescritos cuando incidan en casos que involucran varios ejercicios anteriores a la fecha de la fiscalización: análisis crítico
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-06-02) Huaman Vasquez, Kenny; Villagra Cayamana, Renee Antonieta
Se pone en manifiesto que algunas empresas utilizan figuras legales, como, por ejemplo, reorganizaciones societarias bajo un esquema de planeamiento tributario, que les ha permitido de manera indirecta obtener los beneficios tributarios que estaban orientados a incentivar la inversión o facilitar las estrategias empresariales, sin pretender lograr dicho objetivo económico. Situación que distorsiona la equidad del impuesto que debe aplicarse sobre la capacidad contributiva y genera brechas en la recaudación. Muy poco se hizo con la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario que tuvo problemas en su aplicación para intentar calificar operaciones en Fraude de Ley, por lo que en el 2012 fue necesario introducir la Cláusula Antielusiva General en el Perú, dentro de la Norma XVI en el Título Preliminar del Código Tributario, acarreando oposiciones en el sector privado, suspendiéndose con otra Ley, su aplicación, con excepción del primero y último párrafo de la misma, tan solo a los 2 años de su introducción sin haberse incluso aplicado. En el contexto actual, debido a que a finales del 2018 se levantó la suspensión de la Cláusula Antielusiva General incorporada en los párrafos del 2 al 5 de la Norma XVI, nos encontramos con los posibles inconvenientes que podría generar su aplicación en el Perú, por parte de la SUNAT, a aquellas operaciones que se hubieran realizado en períodos prescritos y que aun así sus efectos se evidencien en uno o varios ejercicios futuros, que al no estar prescritos, estén siendo fiscalizados o podrían ser sujetos a fiscalización por parte de la Administración Tributaria. En el desarrollo de la presente investigación, se evidencia las diversas interpretaciones por parte de la doctrina y la jurisprudencia, respecto a qué facultades de la Administración se sujetan al plazo de prescripción que establece el artículo 43° del Código Tributario, lo que podría generar una posición discordante entre los órganos administrativos y judiciales cuando se discutan los casos de calificación de las operaciones descritas en el párrafo previo. Finalmente, en el presente trabajo se analiza el problema en cuestión con la exposición de jurisprudencia de casos similares para plantear una tentativa solución a la contingencia que se pueda generar a futuro, así como para solucionar el problema interpretativo del artículo 43° del Código Tributario.
Los gastos por responsabilidad social empresarial incurridos por el sector extractivo en el Perú y su tratamiento como gasto deducible para efectos de la determinación del impuesto a la renta
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-05-17) Mogrovejo Chauca, Marcos Piero; Villagra Cayamana, Renee Antonieta
La importancia del sector extractivo en nuestro país como factor de desarrollo y crecimiento, radica sin lugar a dudas, en el impacto que genera en la cadena productiva, comercial y de generación de empleo nacional, lo cual resulta importante para el sostenimiento de la dinámica económica ya que esta actividad implica la apuesta de grandes inversiones por parte de importantes conglomerados empresariales extranjeros como nacionales que buscan posicionarse en el mercado mundial de la comercialización de minerales y explotación de recursos naturales. Siendo este el escenario en el cual confluyen además las exigencias propias de un mundo globalizado, las empresas del sector en aras de establecer un equilibrio entre el mantenimiento de su producción y el desarrollo local de las poblaciones cercanas al proyecto han comenzado a incluir progresivamente en sus planes estratégicos programas de responsabilidad social empresarial (RSE). Sin embargo, el tratamiento tributario respecto a la deducibilidad sobre este tipo de gastos no ha encontrado uniformidad en los pronunciamientos de las principales entidades resolutoras, encontrándose criterios divergentes, como el que sostiene la Administración Tributaria (SUNAT) la cual ha considerado por desestimar en diversas oportunidades la posibilidad de deducir estos desembolsos al no considerarlos necesarios para producir y/o mantener la fuente generadora de renta calificándolos como meras liberalidades; no obstante, también se perfila una postura más amplia asumida progresivamente por el Tribunal Fiscal, en ciertos casos obedeciendo a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación. Esta situación genera una afectación a los contribuyentes debido a la falta de seguridad jurídica que se otorga a sus inversiones lo que pudiera traer como consecuencia posibles perjuicios económicos debido a la pérdida del escudo fiscal de dichos gastos. El presente trabajo de investigación desarrolla una revisión doctrinaria, legislativa y jurisprudencial de las implicancias tributarias y constitucionales que se suscitan al pretender la deducción sobre este tipo de gasto, además se busca determinar los alcances y límites del principio de causalidad y la importancia de la fehaciencia de los gastos realizados a fin de determinar si en efecto tales gastos deben considerarse como deducibles, tomando en cuenta los principales gastos por RSE incurridos por empresas extractivas.
La insuficiencia del Impuesto al “plástico de un solo uso” y la necesidad de incidir en los “empaques plásticos” como objetivo de un desarrollo sostenible
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-03-07) Sedano Paytan, Heder Henry; Villagra Cayamana, Renee Antonieta
La motivación que nos genera la presente investigación se origina cuando advertimos la insuficiencia de la Ley N° 30884 – Ley que Regula el Plástico de un Solo Uso y de los Recipientes o Envases Descartables, publicada el 19 de diciembre de 2018, debido a que en su artículo 12, si bien establece un impuesto al plástico de un solo uso, sin embargo, dicho mandato legal resulta insuficiente, puesto que desde nuestra perspectiva no se condice con la finalidad prevista en su artículo 1, de contribuir en la concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, reduciendo para ello el impacto del plástico de un solo uso, de la basura marina plástica, fluvial y lacustre, y de otros contaminantes similares en la salud humana y en el ambiente. Es decir, la citada ley no considera en el ámbito de aplicación al resto de elementos contaminantes como podrían ser los empaques plásticos que son distintos a las bolsas plásticas de un solo uso, ya que estos otros elementos contaminantes causan igual o peor impacto en el medio ambiente, pues en particular, la finalidad de los empaques plásticos muchas veces no es proteger el bien contenido en ella, sino sus fines son decorativos o publicitarios; por tanto, en esos casos su uso, en la mayoría de las veces resulta injustificado. Para tal fin, sobre la necesidad de regular el impuesto a los empaques plásticos, se analizará lo previsto en la Constitución Política del Estado, en lo referido a los principios que orientan la materia tributaria (en lo relativo al impuesto extrafiscal) y ambiental. Asimismo, con la finalidad de comprender la naturaleza de dicho impuesto extrafiscal, se analizará lo que la doctrina y jurisprudencia han desarrollado sobre la misma. Además, se analizará la tesis pigouviana que implica la intervención estatal en las actividades económicas que causan impacto en el medio ambiente a manera de reparar el daño causado. También, se verificará los tratados y convenios suscritos por el Estado Peruano, mediante los cuales se busca proteger a la naturaleza, como un entorno saludable del ser humano, de la contaminación causada por el plástico en general. Especialmente por los empaques plásticos. Seguidamente, se hace mención de forma general a la normativa ambiental, sobre la cual consideramos que su aplicación no resulta del todo eficaz para la lucha contra el medio ambiente causada por los elementos contaminantes como el plástico de un solo uso y los empaques plásticos. Igualmente se analizará diversa jurisprudencia donde el máximo intérprete de la constitución ha establecido como un fin del Estado, la protección del medio ambiente, ello pasa por justificar la intervención del Estado en determinadas actividades que causan impacto en el medio ambiente, que incluso es similar a lo establecido en la jurisprudencia comparada de algunos países que conforman la Alianza del Pacifico como Chile y Colombia. Por tanto, los criterios jurisprudenciales en dichos países sobre la contaminación ambiental de algún modo se encuentran orientados en el mismo horizonte a lo establecido en nuestra jurisprudencia interna. Finalmente se busca materializar la propuesta de investigación, pretendiendo abarcar la ley cuestionada aplicando a los empaques plásticos, estableciendo la especie tributaria que acogería la mentada propuesta, asimismo las características y los elementos esenciales de dicho tributo, para tal fin se analizarán algunas propuestas sobre determinados bienes que contienen los elementos contaminantes cuyo uso es injustificado. Todo lo anterior permite que, a través de la propuesta sugerida mediante la norma tributaria aplicada a los empaques plásticos, se puede concluir que resulta más efectiva la imposición fiscal a los empaques plásticos que la búsqueda de la reducción de la contaminación ambiental a través de campañas poco efectivas que realiza el Ministerio del Ambiente, todo ello con la finalidad de concretizar no solo lo que manda la anotada Ley N° 30884, sino además la Constitución Política del Estado en lo referido a la protección del medio ambiente. Es por ello la propuesta de ampliar el ámbito de aplicación de dicha Ley N° 30884 a los empaques plásticos que son distintos a los empaques plásticos de un solo uso.
Los intereses presuntos en los préstamos a título gratuito entre partes vinculadas y el principio de igualdad tributaria
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-01-19) Escobar Honorio, Blanca Elena; Villagra Cayamana, Renee Antonieta
La importancia de la aplicación de las normas de precios de transferencias se presenta por la búsqueda de una justicia tributaria para todos. Esto implica que, algunos contribuyentes que tienen partes vinculadas, para huir de la tributación, podrían fijar como precio de sus operaciones y/o transacciones uno diferente al valor de mercado, de tal forma que logran pagar como tributo un importe menor al que le correspondería pagar. En cambio, las empresas independientes (no vinculadas), se rigen por la ley de la oferta y demanda del mercado, para cuando fijan sus precios. Sin embargo, una legislación no puede generalizar y considerar que todas las empresas vinculadas realizan las operaciones con precios por debajo del valor de mercado. Nadie niega que algunas empresas con partes relacionadas suelen realizar la tan conocida planificación fiscal agresiva, aprovechándose de los vacíos normativos que existen en las legislaciones tributarias de algunos países para eludir los impuestos que realmente les corresponde pagar o adrede trasladan parte de sus operaciones a países con baja o nula imposición con la finalidad de disminuir la base imponible gravable; y, por ende, obtener mayores utilidades y/o beneficios. Es ante este escenario, que se analizó el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, sustituido por el Decreto Legislativo N° 945, en la cual se establece la presunción de intereses, específicamente su último párrafo, donde se dispone que se aplicará presunción relativa, es decir que se admitirá prueba en contrario, para demostrar con los libros de contabilidad del deudor que el préstamo es a título gratuito, siempre que se realice entre partes independientes, pero si dicha operación se realiza entre partes vinculadas, no podrá demostrar que la misma fue a título gratuito, debiendo aplicarse las normas de precios de transferencia para determinar el valor de mercado de la operación y pagar el correspondiente impuesto a la renta. Es debido a ello, que el objeto de estudio del presente trabajo de investigación es determinar si aquella imposibilidad que tienen las partes vinculadas de demostrar que realizaron un préstamo a título gratuito y la consecuente aplicación de las normas de precios de transferencia para determinar el valor de mercado de dicha operación, vulnera el principio de igualdad tributaria; toda vez, que cuando las misma operación lo realizan partes independientes tienen la posibilidad de desvirtuar aquella presunción de intereses prevista en el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta. Para ello, se analizó la doctrina, la jurisprudencia y la normatividad sobre precios de transferencia. En efecto, en nuestra investigación se concluye que se vulnera el principio de igualdad después de haber realizado el test de proporcionalidad y que la posición de la SUNAT considera que, a los préstamos otorgados a título gratuito entre partes vinculadas, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 32°-A de la LIR, no admitiendo por ninguna circunstancia demostrar lo contrario, ello evidencia un trato discriminatorio con respecto a los préstamos realizado a título gratuito entre partes independientes. Por último, a efecto de buscar una solución al problema se propuso que se derogue el párrafo final del artículo 26° de la LIR para los préstamos entre partes vinculadas, estableciendo la posibilidad de admitirse pacto en contrario, esto es, en la medida que se pueda demostrar con documentos fehacientes que efectivamente no se cobró intereses por el préstamo, por lo debería modificarse dicho artículo, eliminándose su último párrafo.
Maíz Amarillo Duro Nacional (MAD): Camino a la formalidad
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-08-18) Neyra Coquis, Rosa Fiorella; Villagra Cayamana, Renee Antonieta
Los productores de Maíz Amarillo Duro no pueden acceder al crédito, a la bancarización o financiamiento; ello debido a la informalidad del sector, quienes en su mayoría no realizan declaraciones a la administración tributaria, o se encuentran al margen de ésta. Si existiera un camino para formalizarse, éste se vería limitado por la afectación que tendría en sus ganancias la declaración del IGV, teniendo como consecuencia una reducción en su rentabilidad. Si bien existen políticas agrarias y fiscales, resultan insuficientes para este sector, ya que benefician a las grandes empresas, quedando de lado los productores pequeños. En ese sentido, el presente trabajo postula que el tema del IGV presenta un problema que consideramos impide su formalización; puesto que el productor no podrá deducir IGV de sus compras al IGV de sus ventas, dado en su mayoría están exoneradas. Esta situación se evidencia con el estudio de caso, que está orientado y se centra en la necesidad de una Política Fiscal, en base a la realidad socioeconómica del rubro.