Browsing by Author "Caballero Farfán, José Javier"

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    Propuesta de abastecimiento, asignación y control del equipamiento de protección para el personal de la Policía Nacional del Perú encargado del control del orden público, en Lima Metropolitana
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-06-24) Benalcazar Luna, Rolando; Caballero Farfán, José Javier; Velásquez Salazar, Germán Adolfo
    En los últimos años en el Perú, las protestas sociales evidenciaron un elevado costo social de heridos y de vidas del personal policial que en algunos casos participó sin los equipos de protección personal (EPP) que corresponden, incumpliéndose la Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo que precisa las medidas de protección en el trabajador. El Estado a través del Ministerio del Interior (MININTER) y Policía Nacional del Perú (PNP) como empleadores deben proveer los EPP adecuados, asegurándose que los policías los utilicen y conserven en forma correcta. Esta norma tiene ámbito de aplicación obligatoria en la PNP. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) determina que el ejercicio de las protestas sociales ejercida por los manifestantes, es un derecho que no es ilimitado y está y está supeditado al cumplimiento de la Ley, que permite asegurar el respeto a los derechos de los demás. El Orden Público (OP) se vulnera en las protestas sociales cuando se tornan violentas. Ante estas situaciones, la PNP a través de las Unidades de Servicios Especiales (USE), desarrollan su actividad dentro del marco constitucional, los derechos humanos y los principios básicos en el empleo del uso progresivo de la fuerza, enmarcados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. En la actualidad, existe un déficit en el equipamiento especial antidisturbios de las USE de Lima metropolitana para el personal de apoyo designado en el control del OP en las manifestaciones sociales cuando son violentas, lo que viene causando daño en la integridad física del personal policial. En ese sentido, el equipamiento de EPP debe obedecer a un planeamiento de abastecimiento institucional eficiente e innovador, acorde a las necesidades reales que permitan garantizar la integridad física en el accionar del personal policial designado para participar en el control de conflictos sociales, que permitirá el cumplimiento de la Ley 29783 que precisa medidas de protección en el trabajador.